El pasado 21 de febrero el sitio web dedicado al periodismo de datos e investigación La Tabla Blog difundió a través de su cuenta de Twitter información relativa a Enrique Castells, designado por el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, como “presidente” ad hoc de la junta de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional. 

 

Según el referido portal, en tres bancos españoles reposan más de 20 millones de euros que son propiedad de la CVG Internacional Filial Europea y de ellos intentaría apropiarse indebidamente Castells, quien ya ejerció como alto funcionario dentro de las empresas básicas dedicadas al aluminio, alcanzando incluso el cargo de presidente de Venalum, durante los gobiernos adecos de Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993). 

 

Salió de las empresas venezolanas señalado por corrupción, desorden administrativo y transferencia de activos del Estado a empresas extranjeras como Coralum (Argentina) y la criolla de capital privado, Sural, lo que se comparece con su posición a favor de la privatización del aluminio, como consta en documentos de 1999 a los que La Tabla tuvo acceso. 

 

Enrique Castells, quien ahora tiene 74 años, es CEO desde 2010 de la International Dominican Aluminian, empresa con sede en República Dominicana dedicada a la exportación de derivados del aluminio a Estados Unidos y la Unión Europea. Presuntamente, la materia prima provendría de Venezuela a través de los llamados “cupos de aluminio”. 

 

La designación de un personaje como Castells al frente de la CVG internacional parece perseguir los mismos propósitos que las designaciones en empresas como Citgo o Monómeros: la sustracción indebida de activos venezolanos en el extranjero, con la complicidad de gobiernos que se suman a la farsa de Juan Guaidó y lo reconocen como “presidente interino”. 

 

De acuerdo con los datos recopilados por La Tabla, Enrique Castells ya consiguió que el registro mercantil español lo designara como administrador único de la filial de la CVG en Europa el pasado 3 de enero. También trascendió que se hizo del control de las oficinas el 22 de enero, sin que el personal designado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ofreciera resistencia alguna, pese a que fue despedido por el recién llegado. 

 

En esta “junta directiva” de la CVG Internacional acompañan a Enrique Castells:  Dich Souki, Fernando Goyeneche, Ricardo Echeverría y Roberto Arredondo, quienes fueron “designados” para tales cargos por Juan Guaidó el 21 de agosto de 2019. 

 

El proyecto Guaidó se ha traducido en una pérdida de 116.000 millones de dólares en activos, en lo que el Gobierno venezolano ha señalado como el peor y más grave caso de corrupción de toda la historia, así como en el arreciamento de sanciones inhumanas contra el pueblo venezolano. 

 

Sin embargo, es conveniente precisar que los nombramientos y propósitos sí son coherentes y siguen un patrón. Por ello, después de que La Tabla divulgara el caso, un usuario de la red comentó: “El proyecto Guaidó consiste en buscar e incorporar en los cementerios fiscales a los personajes con más experiencia en actos delictivos, con los mejores currículum en sus respectivas áreas y tratar de reinstalar las viejas pero naturales conductas de estos personajes. Van bien”. 

 

(LaIguana.TV)