El posicionamiento de falsas percepciones empieza siempre por el discurso. Aquel que nos dice cómo ver lo que vemos, cómo procesarlo. Lo que aquí es ataque, allá puede ser defensa. Así, los hechos son calificados y su calificación termina por sustituir la realidad.
Tal es el caso de la OEA y su discurso sobre los procesos electorales en la región. En mayo de 2018, Venezuela celebró su elección presidencial en la que fue reelegido el Presidente Nicolás Maduro. Un mes después, en Colombia se realizó la segunda vuelta electoral presidencial en la que ganó Ivan Duque.
Allá una misión de observación electoral de la OEA estuvo en el proceso. Aquí, no fueron invitados en defensa de nuestra soberanía. De aquí la OEA dijo que los comicios no cumplían con ninguna garantía básica. De allá, felicitaciones y sugerencias para perfeccionar el sistema. Para eso también son las misiones de observación electoral: para posicionar falsas percepciones que ataquen a unos y defiendan a los otros.
Llegan como una especie de ejército, casi siempre un centenar de personas, se instalan como un jurado de Dios para aprobar o reprobar, en fin, extranjeros con impunidad para hacer y decir, “fiscalizar” y “legitimar”. Son las misiones de observación electoral de la OEA y éstas son algunas de sus historias.
El acta mata votos
El primer semestre de 2018 fue largo para la OEA. Tres veces hubo de instalarse en Colombia para “observar” las elecciones legislativas y las internas partidistas para la elección de candidato presidencial, el 9 de marzo, y las dos vueltas de la elección presidencial, el 25 de mayo y el 15 de junio. Acostumbrados a las invitaciones colombianas para ver sus procesos, sólo 27 observadores estuvieron en las primeras. Una misión que creció hasta las 32 personas con motivo de la segunda vuelta presidencial.
Las de 2018 fueron las primeras elecciones que se realizaron tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, pero fueron las secuelas de las elecciones del 2014 lo que marcó el ambiente electoral de este proceso.
En febrero, un mes antes de las Legislativas, el Consejo de Estado -Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo de Colombia- anuló la elección de cuatro años antes, de tres senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal y Opción Ciudadana, todos de derecha, dándole la razón al partido evangélico Mira. ¿Las razones? Según la sentencia 11001-03-28-00-2014-00117-00 de la sección Quinta del Consejo Estado, fueron verificadas irregularidades en la organización electoral que permitieron la manipulación de votos a favor de ciertos candidatos, y que fueron detectadas en las diferencias injustificadas entre actas de escrutinio; la violencia o sabotaje contra los sistemas de información y consolidación de resultados; y la pérdida o destrucción de material electoral.
En términos concretos: en Colombia aplicaron lo de “acta mata votos”, hackearon el sistema informático de totalización y, además, destruyeron las actas que comprometían a los responsables. A tal comprobación de hechos, se sumó cuatro meses después la denuncia de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la trama de negocios que se realizaban dentro de la estructura electoral y que puso en evidencia que en ese país los candidatos ganan con plata y no con votos.
Hecho público a poco de las elecciones de 2018, esto sucedió en 2014, cuando también una misión de observación electoral de la OEA “monitoreó” el proceso sin ver ninguna de las irregularidades que le fueron denunciadas. Tanto es así que el jefe de la misión de ese momento, José María Figueres Olsen, afirmó que “ Hemos tenido observadores que se quedaron luego de la primera vuelta y en las conversaciones que sostuvimos no encontramos ningún indicio o alguna situación que nos lleve a pensar o creer que estamos a alguna posibilidad de fraude”.
Fotocopias: ¿elevado estándar de seguridad?
Sea como sea, el domingo 9 marzo arrancó la jornada electoral. Al medio día, el partido Centro Democrático reclamó la ausencia de boletas electorales para la elección de candidato presidencial, aunque habían sido impresas 30 millones, según declaró en su momento el Registrador Nacional, máximo representante del organismo encargado de la organización de los comicios. A las tres y media, el ministro del Interior anunció el uso de fotocopias de la boleta para el ejercicio del voto, autorización que realizó, eso sí, después de “hablar con Iván Duque”, entonces precandidato presidencial, y de decirle al Registrador, cuya potestad es precisamente este tipo de actos.
Dos días después de que Colombia se convirtiera en el objeto de la burla internacional por el uso de tal “instrumento” electoral, uno de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) denunció que el uso de las fotocopias era inconstitucional, que vulneran los principios de seguridad jurídica y transparencia en el proceso electoral y que tamaña decisión no había consultada al CNE, ente rector electoral del país.
Una declaración que pudo ser tomada en cuenta en el informe preliminar de la misión de observación electoral, que fue presentado el miércoles 12 de marzo. ¿Qué se dijo en ese informe? Celebró que fueran las primeras elecciones después de la firma de los acuerdos de paz, destacó la importancia de la disminución de los riesgos de orden público, advirtió que había que evitar la intolerancia y la polarización, saludó el aumento de la participación electoral… y observó que los materiales electorales que se usaron contaron con “elevados estándares de calidad y de seguridad”. ¿Se referían a las fotocopias? Los veedores no evitaron el tema: “La falta de tarjetones generó confusión y malestar en los votantes y en las organizaciones políticas en disputa. La disponibilidad de una cantidad suficiente de tarjetones debió garantizarse con anticipación para asegurar el derecho al sufragio y evitar el uso de soluciones artesanales, como la eventualmente puesta en práctica por la Registraduría mediante el uso de fotocopias”, dijeron y ya.
La misión tampoco evadió la sentencia del Consejo de Estado, de la que hizo mención como un problema de retardo procesal y no de la trama de corrupción develada: “El reciente fallo del Consejo de Estado… evidenció la importancia de fortalecer los mecanismos de impugnación y defensa del voto. La Misión destaca que la resolución judicial reparó la vulneración al derecho fundamental de elegir y ser elegido, y con ello restituyó la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, el transcurso de casi cuatro años desde que el partido político MIRA iniciara las reclamaciones respectivas, refleja un sistema de impugnaciones electorales que requiere de una profunda revisión. Relacionado a lo anterior, es primordial que para todo proceso electoral se custodie y conserve adecuadamente la documentación electoral, tanto física como electrónica, que sirve de prueba para eventuales impugnaciones. La Registraduría, debe decirse, ha tomado las medidas pertinentes para que ello se cumpla”.
La carga de la palabras
Pero para junio, la misión de la OEA ya no podía evadir el terremoto provocado por el Consejo de Estado y la Fundación Paz y Reconciliación. Su informe preliminar, presentado un día después de la segunda vuelta presidencial, es un texto conciliador que presenta los comicios recién concluidos como “una oportunidad” para “fortalecer los procesos electorales” y en el que se presentan las graves irregularidades demostradas como elementos no esenciales a la transparencia y confiabilidad del sistema electoral. Veamos.
“La Misión tomó nota de denuncias públicas relacionadas a la falta de garantías de transparencia y seguridad que ofrecía el software de escrutinios. Lo anterior producto, en parte, de las variaciones de los datos que se generaron en procesos pasados entre el pre- conteo y el escrutinio final, así como por el fallo de la Sala Quinta del Consejo de Estado que evidenció diversas anomalías en las elecciones legislativas de 2014 que le costaron tres curules al partido MIRA. La Misión de Veeduría Electoral destaca las iniciativas adoptadas por la Registraduría para despejar dudas y brindar mayor confianza a los actores del proceso”.
Así se lee en el informe de la OEA, en el que la carga de las palabras intenta desviar la carga de los hechos. Y lo que la sentencia del Consejo de Estado califica como “irregularidades”, que según el Diccionario de la Real Academia Española significa “inmoralidad” en la gestión o administración, los observadores lo atenúan como “anomalía”, una desviación de la regla, un defecto de forma o funcionamiento.
Y como se trata de “fortalecer” la transparencia, la seguridad, la confiabilidad y la participación electoral, la misión de observación presenta una serie de sugerencias y recomendaciones. Entre ellas, la simplificación del sistema de actas –eje fundamental de la corrupción electoral- “lo que permitiría evitar divergencias por errores humanos”. Otra vez el uso del lenguaje sirve para convertir el delito de venta de actas, en un error, una equivocación de buena fe.
El cinismo de copiar al enemigo
Lo que sigue a continuación en el informe, requiere un contexto específico. Un mes antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Venezuela celebró su elección presidencial, en la que fue reelecto el Presidente Nicolás Maduro, y en la que no participó la derecha extremista local. Dos días después de estos comicios, la OEA emitió un “informe” en el que se descalificó el proceso electoral, del que se aseguró no había respetado las garantías básicas; y se señaló que el voto no había sido libre, secreto, ni universal, por la existencia de “1.400 puntos rojos”. El organismo exigió entonces, la repetición del proceso y el cumplimiento de “estándares internacionales mínimos”.
Veamos una lista corta de eventos observados por la misión en la segunda vuelta presidencial colombiana:
- Proselitismo electoral en los centros de votación;
- Casos de compra de voto y fotografía del sufragio;
- Vulnerabilidad en la selección de los jurados electorales –llamados miembros de mesa en Venezuela-, para favorecer determinadas candidaturas;
- Vulnerabilidades en la cadena de custodia de los materiales electorales
Pese a que la OEA aseguró que el proceso electoral venezolano no respetaba garantías básicas, un mes después se permitió sugerirle a las autoridades colombianas que copiara unas de las mejores prácticas electorales de nuestro país como lo son las auditorías al sistema informático, garantía esencial, de uso sistemático y exclusivo en nuestro sistema. El cinismo de copiar al enemigo se presentó como una fórmula propia, sistematizada tras una larga experiencia.
“Tomando en consideración las dudas que se vertieron sobre aspectos informáticos, particularmente relacionadas al software de escrutinios, la Misión recomienda regular un proceso de auditorías y pruebas oportunas, que cuente con el acompañamiento de los partidos políticos y la sociedad civil. De esta manera se podrán evaluar las herramientas y aplicaciones tecnológicas que se utilizan para demostrar a terceros ajenos a su producción que el sistema cuenta con las garantías necesarias para su implementación. Este proceso de auditorías y pruebas debe ser independiente, externo y realizado a través de instituciones calificadas, enmarcadas en un esquema de evaluación continua. Para ello, se deben considerar ejercicios en todas las etapas del ciclo electoral”.
(Taynem Hernández / LaIguana.TV)
