El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó que se decretara «emergencia máxima» en todos los centros penales de su país.
«Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24 (horas)/7 (días a la semana), hasta nueva orden», escribió el mandatario en su cuenta en Twitter, en un mensaje enviado al viceministro de Justicia y director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Enseguida, Luna respondió: «Cumpliré su orden de inmediato presidente (…) desde este mismo instante estarán en encierro total. Emergencia máxima en todos los Centros Penales».
La declaratoria de emergencia por parte de Bukele se produjo luego del asesinato de un soldado, identificado como Santos Elías Díaz Amaya, en el departamento de Morazán, ocurrido el pasado sábado 29 de febrero; y mientras se encontraba desaparecido José Rigoberto Reyes Medina, también militar.
Después de ordenar la medida, Bukele dio a conocer que el cadáver de Reyes fue encontrado en un área rural de Atiquizaya, unos 90 kilómetros al oeste de San Salvador.
«Lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del Estado. Vamos a dar el 100 %, dentro de lo que la ley nos permita. Dios nos proteja a todos», escribió el mandatario.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, explicó que la medida se tomó tras recibir información de que los reclusos planeaban acciones desestabilizadoras.
«Tenemos informes de Inteligencia penitenciaria que los privados de libertad tenían previsto desestabilizar el sistema producto de que han tenido o han estado incomunicados desde las cárceles hacia el exterior —tras la puesta en marcha, el año pasado, del plan de seguridad del Gobierno—», dijo, citado por La Prensa Gráfica.
Rivas detalló que incautaron «algunos manuscritos» donde, presuntamente, se evidencia que «estaban tratando de comunicar entre ellos dentro de las mismas cárceles para generar algunas medidas de desestabilización».
Voces contrarias
El anuncio ha generado polémica porque Bukele no habría respetado la Ley Penitenciaria, que no establece competencia al mandatario para ordenar estas acciones.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, manifestó que no está en contra de la medida puesta en marcha por Bukele, pero señaló que debe llevarse a cabo respetando los artículos 23 y 24 de la Ley Penitenciaria.
El artículo 23 establece que en caso de «fuerza mayor» los directores de centros penitenciarios «podrán declarar el estado de emergencia en el centro que dirigen o en algún sector determinado del mismo» e, incluso, suspender derechos por un plazo no mayor de 15 días. La decisión estará sujeta a confirmación o revocación de la Dirección General de Centros Penales, en un término no mayor de 12 horas; en caso de confirmación, se deberá informar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República.
Mientras, el artículo 24 señala que si la Dirección de Centros Penales confirma el pedido de declaración de estado de emergencia, «comunicará inmediatamente la medida y sus alcances al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente, quien podrá confirmarla, modificarla o revocarla».
Tobar informó que activaron todo el personal de la institución que dirige para verificar «cuáles son las restricciones que se les han hecho a las personas privadas de libertad».
Señaló que la medida de restricción implementada por el mandatario debería responder a cuatro requisitos: «Necesidad, racionalidad, temporalidad y proporcionalidad en relación con el hecho originado».
Entretanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó de «abusiva» la medida de Bukele.
«No es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular. Principio básico de la responsabilidad individual, no colectiva», enfatizó.
(RT)
