Este jueves, el Ministerio Público ecuatoriano acusó a Correa y a sus colaboradores de exigir coimas a empresas privadas a cambio de contratos en obras públicas.

 

La fiscal general, Diana Salazar, dijo en conferencia de prensa que desde las más altas estructuras de poder, «se creó una estructura para recibir sobornos y a cambio de contratos». Según la funcionaria, dicha estructura estaba representada por Rafael Correa, quien tenía a su cargo a otras personas que ejecutaban las órdenes entregadas por el expresidente. 

 

La Fiscalía General pidió ocho años de prisión para Correa y sus excolaboradores, así como una multa en concepto de reparación del daño por 1.130 millones de dólares, que según Salazar, asciende al monto de los contratos otorgados. 

 

(RT)

 

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