2_cuadro_terroristvvvt.jpg

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha remitido una comunicación personal al director de TV3, Vicent Sanchis, de la suspensión del decreto de medidas complementarias de la ley del Referéndum aprobada por el Govern, y que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente al admitir el recurso presentado por el Gobierno.

 

En dicha comunicación le advierte de las posibles consecuencias penales en que puede incurrir el responsable de la cadena pública catalana en caso de “tramitar, informar y / o dictar (…) acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y / o celebración del referéndum sobre la autodeterminación en Catalunya”.

 

De acuerdo con la querella presentada por la Fiscalía, el apercibimiento del tribunal reclama a Sanchis que se abstenga de emitir más el anuncio de la Generalitat de Catalunya en el que se anima a participar en el referéndum del 1-O.

 

De hecho, el TC se encargó de advertir a todos ellos que tienen el deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, por lo que acordó que se informara de la decisión a más de 1.000 cargos públicos catalanes, desde el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los miembros del Govern; pasando por el secretario del Gobierno, Víctor Cullell; hasta los 60 altos cargos de la administración catalana, entre los que se encuentra Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director general de los Mossos, Pere Soler; y el major, Josep Lluís Trapero, entre otros.

 

Según el apercibimiento, se informa del “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y, “particularmente”, de abstenerse “de iniciar, tramitar, informar y / o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y / o celebración del referéndum sobre la autodeterminación en Catalunya”. El requerimiento incluye un recordatorio “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que podrían incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

 

En este sentido, el TSJC ha aclarado este martes a través de un tuit que lo que ha hecho hoy no responde a ninguna decisión nueva, sino que el tribunal es comunicar la resolución que tomó el pasado jueves el Tribunal Constitucional.

 

(lavanguardia.com)