En un video compartido por activistas chilenos a través de las redes sociales, se puede apreciar a un gran número de trabajadores aglomerados en un espacio relativamente pequeño, mientras se dirigen a sus sitios de trabajo a tempranas horas de la mañana.

 

En la pieza, que se emplaza en un terminal, se aprecia a decenas de personas circular sin portar tapabocas y sin condiciones para guardar la mínima distancia física de dos metros que recomiendan las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus, que en el país austral registra 746 casos positivos –con tendencia creciente– y 2 fallecidos, según puede verificarse en el sitio Worldometers, dedicado a contabilizar la expansión del covid-19 a nivel mundial en tiempo real.

 

El gobierno de Sebastián Piñera, pese al clamor de la opinión pública local, se ha negado a adoptar medidas de cuarentena social, hasta ahora el único mecanismo eficaz para aplanar la curva de contagios, impedir el colapso del sistema sanitario y prevenir muertes de infectados pertenecientes a grupos vulnerables ante la infección y por eso mismo, recomendada ampliamente por la Organización Mundial de la Salud. 

 

El pasado viernes, su ministro de Salud, Jaime Mañalich, protagonizó un penoso incidente en el que, en medio de la crisis, se atrevió a asegurar que “el futuro del covid-19 es incierto” y que el virus podría mutar y “volverse buena persona”, lo que para muchos fue una declaración evidente del nulo interés que tenía el gobierno chileno de adoptar medidas drásticas para frenar el avance del virus y proteger a los más vulnerables de sus efectos.  

 

Por ello, no en balde los activistas autores del video señalan que “obligar a la clase obrera a trabajar durante una pandemia, es un genocidio y crimen de lesa humanidad” y que por tal razón “el dictador Sebastián Piñera debe ser capturado y entregado a la Corte Penal Internacional”.

 

A las actuaciones desatinadas e irresponsables de Piñera y su gobierno, ha de sumarse que en Chile la salud está privatizada desde tiempos de Pinochet y que buena parte de los chilenos no pueden acceder a ella, lo cual, en el contexto de la pandemia, resulta, como mínimo, en poner en riesgo la vida de millones de ciudadanos. 

 

De hecho, la privatización de los servicios esenciales y la imposibilidad de los trabajadores ordinarios de gozar de derechos básicos como la educación, la salud, el transporte, el agua o la electricidad, sin tener que asumir deudas impagables, fueron los detonantes para que, hasta la llegada del coronavirus, el país estuviera sumido en protestas antigubernamentales que iniciaron en noviembre de 2019 y fueron fuertemente reprimidas por los carabineros.

 

(LaIguana.TV)