En noviembre de 2015, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, difundió una larga comunicación dirigida a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena en la que, entre muchas cosas decía: “Velar por la justicia y transparencia de las elecciones es nuestra obligación y no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación”.

 

Bajo esta y otras declaraciones de principios, Almagro exigió y llamó al deber a la máxima autoridad electoral venezolana para que aceptara una misión de observación electoral de su organismo. Los de la OEA no fueron invitados pero en 2018 se presentaron en Colombia y, tal como quedó evidenciado, “miraron para otro lado” frente la evidencia de corrupción electoral. En 2019, fueron a Bolivia, obviaron “velar por la justicia y transparencia” para jugar un rol protagónico en el golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales.

 

“En la práctica, la observación internacional puede asumir funciones de legitimación por encima de la autoridad electoral, los partidos políticos y las electoras y electores. En ocasiones, puede ser complaciente o exigente, atendiendo a otros intereses o presiones que exceden su aspirada neutralidad”, confirma la politóloga Rosaura Sierra, ex directora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un trabajo que forma parte una publicación inédita de ese organismo electoral.

 

La prepotencia de la OEA no es nueva. En un informe de esa dirección electoral, preparado en 2015, se describen siete casos de injerencia del organismo en distintos países. Aquí se relatan dos de ellos.

 

HAITÍ 2010/2011: El robo de los invasores

 

Para mediados de ese año 2010, la OEA ya tenía tiempo instalada en Haití. Por eso, lo único novedoso de la misión de observación electoral que asistiría a las elecciones presidencial y legislativas previstas para noviembre, fue la alianza con la Comunidad del Caribe (Caricom) para una delegación conjunta.

 

Las condiciones del país eran caóticas, como consecuencia del desvastador terremoto de enero de ese año. Todo era escaso o nulo, incluida la poca infraestructura que había quedado en pie. No debe haber sido un problema para la OEA que, según el informe final de la misión, tenía 4,4 millones de dólares para cumplir con los objetivos, 33% de los cuales habían sido aportados por Estados Unidos. Así, 108 observadores se fueron instalando en Puerto Principe a partir de agosto.

 

Llegaron con la mitad del trabajo hecho y así lo hicieron saber en su informe. Desde 2005 habían trabajado directamente con el Consejo Electoral Provisional (CEP), órgano eléctoral haitiano, en la creación de la Oficina Nacional de Identificación (ONI), en la elaboración de las tarjetas de identificación nacional y en el levantamiento del Registro Electoral. En el 2009, además, se concentraron en “asistir técnicamente” al Centro de Tabulación de Votos (CTV), dependencia encargada de la totalización de resultados del CEP; en participar en el diseño de programas de procesamiento de resultados y en la impresión de las listas de electores. Es decir, para 2010, la OEA conocía y había influenciado  en dos de los procesos claves de una elección: el registro de electores y la totalización de los votos.

 

Pero a la misión de observadores no le gustaban las actuales autoridades del CEP. Nueve consejeros habían sido designados por organizaciones cercanas al entonces Presidente, René Préval, a quienes les atribuía buena parte de la responsabilidad por la mala apreciación que el organismo electoral tenía entre los haitianos. Falta de credibilidad en el CEP y en el padrón electoral, así como constantes denuncias de irregularides y fraudes, son reiterados a lo largo del informe, pese a que la OEA había dado trabajado, por ejemplo, en el levantamiento del padrón de votantes.

 

Ciertamente, las decisiones del CEP eran cuando menos polémicas. Con una decisión administrativa, relativa a la ausencia de autorización para postular, este organismo había dejado por fuera de la presidencial y de las legislativas, al más grande de los partidos políticos haitianos, el Fanmi Lavalas, fundado por el ex presidente en el exilio Jean Bertrand Aristide, uno de los más populares dirigentes políticos. También había rechazado la inscripción de 15 de los 34 aspirantes que habían presentado sus recaudos para aspirar a la presidencia, lo que generó violentas manifestaciones.

 

Y así llegaron al 28 de noviembre y a la primera vuelta. Y se juntaron el caos electoral con el caos de un país en desastre que, entre otras cosas, tenía miles de ciudadanos viviendo en campamentos y buena parte de la infraestructura electoral destruida. Gente que no tenía cédula, que no sabía dónde le tocaba votar, centros de votación en pésimas condiciones… así se empezaron a sumar situaciones que jugaron en favor de la configuración de una percepción de fraude masivo que derivó en que 12 de los 19 candidatos presidenciales exigieran la anulación de los comicios, entre ellos Mairlande Manigat, esposa del ex presidente Leslie Manigat, y Michel Martelly, un conocido cantante, quienes acusaron al gobierno de fraguar una trampa a favor del candidato Jude Celestin, yerno del Presidente Préval.

 

La siguiente actuación de la misión de la OEA fue el indicio de que una operación estaba en desarrollo. En medios de las protestas, un día después, el jefe de la misión, Colin Granderson, Secretario General Adjunto de la CARICOM, aseguró públicamente que “el número de irregularidades detectadas, por muy graves que fueran, no invalidaban el proceso” y que los candidatos que habían solicitado la anulación actuaron de manera “precipitada y lamentable”.

 

Nueve días después, el siete de diciembre, el CEP divulgó los resultados preliminares, según los cuales Manigat había obtenido 31.37% de los votos; Jude Celestin, 22.48% y Michel Martelly, 21.84%. La participación apenas había alcanzado a 23% de los votantes, según reportes mediáticos de la época.

 

Pero este resultado no fue aceptado por los partidarios de Martelly, quienes, una vez más, protagonizaron violentos disturbios callejeros. Fue allí cuando llegó la oportunidad de la OEA. Presionado por los acontecimientos, el Presidente Préval aceptó el ingreso al país de una misión del organismo para “verificar” la totalización de votos que había realizado el CTV, el mismo al que había asistido técnicamente un año antes y al que le había diseñado programas de totalización.

 

Para ello se firmó un acuerdo, entre la misión, el gobierno de Haití y el CEP. Además de darle acceso “ilimitado” a los técnicos de la OEA, las partes también acordaron que la misión entregaría un informe, “para discutirlo inmediatamente”, al gobierno de Haití. Luego de lo cual los observadores podrían “publicar y/o comentar públicamente los informes, así como cualquier otra observación o recomendación que la misión considere relevante”. Pero, mientras el gobierno no lo hubiera recibido ni discutido, el informe sería confidencial.

 

El 31 de diciembre, este equipo de la OEA tomó el control del centro de tabulación y 12 días después terminó su informe. Sorpresivamente, el informe fue filtrado antes de que fuera recibido por el Presidente. En el se aseguró que 234 actas presentaban irregularidades, debían ser excluidas y sus votos eliminados, lo que implicaba un cambio en los resultados.

 

“…la Misión de Expertos recomienda las cifras arriba indicadas –refiriéndose a una tabla de resultados-, resultantes de su ejercicio de verificación, para que el CEP las tome en cuenta en la certificación de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y en la asignación de lugares a cada uno de los tres principales candidatos. Por lo que se refiere al número de votos recibidos y si se pone en práctica esta recomendación, se invertiría el lugar del segundo y tercer candidatos para que los resultados preliminares reflejen la intención de los electores que depositaron sus votos”.

 

Con este párrafo, una tabla de resultados y los partidarios de Martinelly protestando violentamente en la calle, Celestin, el candidato del Presidente quedó fuera de la contienda. La segunda vuelta sería entre áquel y Martinelly.

 

El informe era ya conocido, la OEA podía comentarlo públicamente y tenía libertad para hablar de su “verificación”, con lo que se dificultaba cualquier posibilidad de que el Presidente Préval lo desconociera. Con todo y eso, a los miembros del CEP les tomó todo el mes de enero decidir sobre el informe. En el interín, se vieron obligados a suspender la segunda vuelta. Hasta la larga noche del dos de febrero, cuando debieron discutirlo hasta el amanecer. Al amanecer, solo cuatro de los nueve directivos avalaron los resultados que fueron presentados públicamente y que eran los mismos que les entregó la OEA.

 

De allí en adelante, la OEA no soltó el control del proceso electoral. Se implementaron todas las “recomendaciones” impuestas por la organización, de la que solo se reportan el rediseño de “la lista de electores para mejorar la lectura del centro de votación que le correspondía a cada elector” y, especialmente, las relativas al centro de tabulaciones, el cual estuvo monitoreado 24 horas diarias, según se lee en el propio informe final, y cuyos técnicos debían informar, en “sesiones informativas” a los observadores del progreso de su trabajo.

 

Finalmente, el 20 de marzo se realizó la segunda vuelta presidencial a la que solamente acudieron el 22,52% de los electores y cuyos resultados fueron difundidos 15 días después. En las calles la tensión crecía. En el CTV se aplicaban nuevos criterios de verificación, gracias a los cuales  se anularon 15,32% de las actas. “Las visitas intempestivas en plena noche de los consejeros del CEP no hicieron más que reforzar los alegatos de manipulación de los resultados”, se asegura en el informe. ¿Acaso los rectores del proceso no tenían acceso al cerebro en el que se totalizaban los votos? ¿Por qué se calificó de “intempestivas” sus visitas, si la presencia de las máximas autoridades debía ser un hecho normal y cotidiano?. Lo que se sabe es que, después de la segunda vuelta, los consejeros del CEP fueron llevados a juicio, acusados de fraude electoral.

 

El 4 de abril, fueron publicados los resultados que le dieron a Martinelly el triunfo con 67,57% de los votos. La OEA lo acompañó hasta el 18 de mayo, cuando juró como Presidente de Haití.

 

Paraguay 2013: Ojos que no ven

 

Desde febrero del 2013, varios de los 79 miembros de la misión de observación electoral de la OEA para la elección presidencial del 21 de abril, empezaron a llegar a Asunción. A esas alturas, la presencia del organismo no era extraña, habituados como estaban los paraguayos desde que el Presidente Fernando Lugo fuera destituido un año antes, tras un juicio político por su presunta responsabilidad en un tiroteo en el que murieron 17 personas, entre campesinos y policías, y cuyos hechos nunca fueron aclarados.

 

Los observadores tuvieron tiempo suficiente para monitorear las actividades del Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE), conocer de las actividades partidistas y para recibir información y denuncias sobre irregularidades del proceso. Hubo tiempo incluso para que el jefe de la misión, el ex presidente costarricense Oscar Arias, se reuniera con el presidente encargado del país, Francisco Franco, en febrero.

 

No fueron pocas las irregularidades denunciadas por los medios. Y tampoco las prácticas reseñadas que, de acuerdo con el diario español El País, no eran nuevas. En un reportaje titulado Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral, se describe la razón por la que un senador del Partido Colorado, cuyo candidato finalmente ganó la contienda, había sido suspendido de sus funciones, dos días antes de la jornada electoral: Había sido grabado comprando a votantes.

 

Una práctica que es común desde hace muchos años, según los cuatro testimonios recogidos por el periodista, quien además consultó al conocido padre jesuita Francisco de Paula Oliva, quien responsabilizó a los observadores internacionales de hacerse la vista gorda. “Suelen venir cada cinco años y concluyen que todo está en orden porque hay listas de partidos y cuartos oscuros donde la gente vota sin que nadie la vea”.

 

Y así fue. Ese domingo 21, en plena jornada, Arias declaró encontrarse esperanzado en que la elección sería “cívica”, “ejemplar” y “linda”. «No nos constan irregularidades, tenemos delegados y observadores en todo el país, y los partidos políticos tienen libre acceso a nosotros y por el momento, no tenemos denuncias».

 

La misión entregó su informe el lunes 22 de abril. Un documento de cinco páginas, en el que se dedican varios párrafos a la conducta cívica de la ciudadanía y uno solo al tema: “La Misión llama la atención respecto a la práctica directamente observada en algunas zonas del Chaco Paraguayo conocida como ‘encerrona’ o ‘corralón’, a través de la cual miembros de comunidades indígenas son transportados a los lugares de votación el día de los comicios previo encierro de uno o dos días en estancias de la zona. La práctica, aunque no extendida, constituye una grave violación a los derechos humanos de las poblaciones sometidas que debe ser investigada, penalizada y prevenida en futuros procesos electorales. Del mismo modo, la Misión fue testigo de la compra de cédulas por parte de un Senador del Congreso Paraguayo para evitar el ejercicio del voto por parte de ciudadanos. Igualmente, constató en algunos centros de votación, y por parte de distintos partidos políticos, compra de votos. Estas conductas constituyen graves delitos electorales”.

 

Graves delitos que no impidieron la legitimación de esa elección por parte de la OEA. E incluso la última posición que la compra de votos ocupó en el grupo de delitos y faltas electorales para los que esta misión recomendó fortalecer los mecanismos de sanción: “…incluida la difusión de propaganda electoral fuera de los plazos permitidos; la divulgación a destiempo de encuestas; los pronunciamientos flagrantemente parciales por parte de personeros de la justicia electoral; la compra de cédulas y de votos…”

 

 

(LaIguana.TV / Taynem Hernández)