El pasado 21 de febrero, luego de su viaje para solicitar el endurecimiento de las sanciones en contra del gobierno y pueblo de Venezuela, Juan Guaidó convocó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo el venidero 10 de marzo, “hasta que sea necesario, hasta lograr reivindicaciones”.
Según relató Guaidó a los asistentes a un acto público en una plaza del Este de la ciudad, la actividad tendría un doble propósito: por un lado, presentar un “pliego de conflictos” por gremio; por otro, ingresar nuevamente al Palacio Federal Legislativo, espacio al que el parlamentario no asiste, pese a que nada ni nadie se lo impide, desde el pasado 05 de enero, cuando al saber que sería derrotado por una alianza entre un sector de la oposición y el Bloque de la Patria, se refugió en la sede de un diario privado y allí, un grupo minoritario de diputados, lo ratificó como presidente de la Asamblea Nacional.
Desde que se autoproclamara presidente interino en enero de 2019, el modus operandi del dirigente extremista es esencialmente el mismo: llamar a sus seguidores a la calle bajo demandas con distinto nivel de aceptabilidad dentro de la opinión pública y luego desplegar su verdadera agenda: desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, con miras a su derrocamiento.
El 23 de enero de ese año convocó a sus seguidores a las calles para “exigir el cese de la usurpación” y seguidamente, grupúsculos intentaron generar el caos en zonas populares, en un intento por introducir las guarimbas fuera del Este de Caracas y otros sectores del país de similar composición sociopolítica, ubicados en municipios controlados por la oposición. Los residentes y las autoridades controlaron los focos en pocos días y esa primera fase de la estrategia fracasó estrepitosamente.
Sin amilanarse por el revés, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, envalentonado por el apoyo irrestricto de Washington y Bogotá, avanzó en el tablero y bajo el argumento de introducir ayuda humanitaria al país, organizó, con colaboración estrecha del presidente colombiano, Iván Duque, organizó un “concierto humanitario” financiado por el millonario estadounidense Richard Brenson, cuyo propósito sería recaudar fondos para atender los efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país. Se fijó como fecha el sábado 22 de febrero de 2019 y como lugar el puente “Las Tienditas”, en la fronteriza población de Cúcuta.
De modo análogo a lo que había ocurrido apenas un mes atrás, las intenciones de Guaidó quedaron más pronto que tarde al descubierto: grupos violentos y algunos disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana secuestraron una tanqueta perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana e intentaron generar un falso positivo. De nuevo, las autoridades venezolanas salieron al paso: recuperaron la tanqueta sustraída, los desertores huyeron a Colombia y se impidió el causus belis con el que pretendían justificar una invasión armada.
Paralelamente, otra fracción violenta, dotada de equipamiento militar, intentó penetrar ilegalmente al territorio venezolano desde el lado colombiano del Puente Internacional Simón Bolívar, bajo la mirada cómplice y hasta colaboración de las autoridades del vecino país. Fueron neutralizados y la llamada “Batalla de los puentes” fue ganada por las fuerzas bolivarianas.
El 30 de abril de 2019, Venezuela amaneció con la noticia de la fuga de Leopoldo López, fundador del partido extremista de ultraderecha Voluntad Popular, quien cumplía arresto domiciliario por liderar unas protestas violentas antigubernamentales en 2014 y que dejaron un saldo de 43 muertos y más de un millar de heridos, algunos, con lesiones permanentes.
López apareció frente a la Base Aérea La Carlota en compañía de Juan Guaidó, asegurando que se estaba produciendo un alzamiento militar para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, la tan cacareada asonada nunca se produjo y sólo se trató de un movimiento táctico para liberar a López, quien desde entonces se encuentra alojado junto a su familia en la Embajada de España en Caracas, en calidad de “huésped”.
No obstante, había una parte de la historia de Guaidó que era cierta: Manuel Cristopher Figuera, quien ejercía entonces como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), colaboró en la fuga de López y conspiró para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
El gobierno venezolano le dictó auto de detención, pero Figuera huyó a Colombia antes de que las autoridades pudieran capturarlo. Hoy es “informante” del gobierno estadounidense en contra de Venezuela y una de las piedras angulares para justificar la falsa matriz de opinión que circula acerca del presunto financiamiento al terrorismo y al narcotráfico, esgrimida por Guaidó, Iván Duque y altos funcionarios de la administración Trump, para justificar un arreciamiento de las medidas coercitivas unilaterales, así como de otras acciones, como la intervención militar, que sin estar en primer lugar, no ha sido descartada.
Luego del fracaso de todos los planes desestabilizadores orquestados desde Washington y Bogotá, así como de la evidente merma de las cada vez más distanciadas convocatorias de calle, durante el resto de 2019, Juan Guaidó se replegó en su cargo de presidente de la Asamblea Nacional, posición que mantuvo hasta el pasado 5 de enero, cuando perdió su posición, gracias a la inusual alianza entre un sector de la oposición, harto de los desmanes de Guaidó y sus colaboradores más cercanos, y el Bloque de la Patria, quienes designaron a Luis Parra, parlamentario de Primero Justicia, como nuevo presidente del poder legislativo.
Sin aceptar la derrota, pero acompañado por un sector minoritario, el parlamentario insiste en que no solo sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional, sino que también es “presidente interino” del país, y bajo tal estandarte, el 21 de enero inició una gira que tuvo como primera parada la Cumbre Antiterrorista, que se celebró en la ciudad de Bogotá.
En ese escenario, Guaidó mostró una parte de la baraja que, en lo sucesivo, habría de ser indicio para las acciones desestabilizadoras en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro : le acusó de cobijar a “grupos terroristas” como el ELN, parte de la disidencia de las Farc-EP y Hezbollá y de financiar sus operaciones con dinero proveniente del narcotráfico, así como de oro y otras riquezas pertenecientes al Estado.
Habría de repetir ese mantra en todo escenario en el que le dieron voz, pero el efecto real se vio luego de su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Washington, a mediados del pasado mes y oportunamente refrendadas por el prófugo de la justicia, Iván Simonovis, hoy autonombrado “colaborador” del gobierno de Donald Trump para “acelerar” la salida de Nicolás Maduro del poder.
El pasado 16 de febrero, durante una rueda de prensa en Washington, Simonovis “explicó” qué tipo de información suministraría: “Es información sobre actividades criminales que mantiene el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estoy hablando de grupos terroristas como la guerrilla, el Hezbollá y otras operaciones, inclusive de narcotráfico, que ya han sido identificadas. Simplemente, ya es gente que está dentro de las organizaciones de investigación y que tienen información más fehaciente y que voy a suministrar a las agencias acá, en los Estados Unidos”, dijo entonces.
Con base en esa “información” y a los ruegos de Guaidó, el gobierno estadounidense prometió más sanciones en contra de Venezuela y, hasta el momento, se impusieron sanciones contra la aerolínea Conviasa y contra Rosneft Trading, filial de la estatal petrolera rusa Rosneft, a partir de la cual Venezuela comercializaba buena parte de la producción de PDVSA.
El 10, la convocatoria a marchar hacia el Palacio Federal Legislativo, persigue, en apariencia, que Juan Guaidó retome una posición que ya no le corresponde y presentar un “pliego de conflictos” ante el parlamento, bajo la presunción de que una nutrida movilización de sus seguidores, legitimaría de facto sus acciones.
Sin embargo, el pasado jueves 05 de marzo, al exponer la agenda pautada para el 10, Juan Pablo Guanipa fue más prudente y expuso dos posibles escenarios: si bien convocó a los marchistas a la plaza Juan Pablo II de Chacao, en la que Guaidó se autoproclamó presidente en enero de 2019, para desde allí marchar hacia el centro de Caracas; dejó traslucir la posibilidad de que la marcha no pudiera salir, en cuyo caso, la fracción minoritaria de la AN alineada con Juan Guaidó, hará una sesión especial para presentar el “pliego de conflictos”.
No obstante, lejos de ser tranquilizantes, las declaraciones de Guanipa deben ser examinadas con cuidado. Por una parte, si bien se establecieron puntos de salida y de llegada para la marcha opositora, a horas del evento, la ruta que seguirán no es pública. Por otro lado, Guaidó aseguró que habrá una nueva fecha para “cambiar Venezuela”.
Este lunes, durante una rueda de prensa, el político aseguró que: “el objetivo de mañana es muy claro: validar, por el Parlamento nacional, un reclamo nacional, una exigencia de todo el país. Hacer una la lucha de todos en torno a la solución del conflicto que hoy vive Venezuela”.
Y como que si hubiera visto el futuro, se adelantó a escenarios conflictivos que aún no se producen ni son fácilmente vislumbrables, al menos desde la presunta agenda pacífica que dice tener.
“La mejor protección que tenemos es estar allí, juntos. Seguir instrucciones, tener disciplina y organización en este momento es central cuando la dictadura va tratar de perseguir o va tratar de intimidar”, dijo.
Dados los antecedentes de los personajes, no cabe esperar nada distinto de este nuevo llamado “a la calle” sino otro intento de desestabilización.
(LaIguana.TV)
