La declaratoria de aislamiento social obligatorio por el coronavirus, promulgada en el Perú el pasado 16 de marzo, cayó como un balde de agua fría para el 80% de la población económicamente activa en toda la nación. La pavorosa cifra es la sumatoria de quienes se dedican a actividades informales o por cuenta propia.
Aunque las cifras no están del todo claras, la mayoría de los venezolanos que llegaron al Perú están incluidos en este apartado. Vendedores de helados, ayudantes de choferes, mototaxistas, buhoneros de distintos géneros. Todos quedaron encerrados ante la medida del Gobierno peruano para frenar la pandemia mundial.
Consciente de la situación de la población más pobre, el Gobierno estableció un bono único de 380 soles, unos 115 dólares, que serían entregados a los peruanos que cumpliesen con determinados requisitos socioeconómicos. Para responder el sondeo había que ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Hay para los locales, para los venezolanos no.
Carlos Scull, a quien el líder opositor Juan Guaidó y el Gobierno peruano reconocen como su embajador, comenzó a recibir denuncias y solicitudes por redes sociales. “Estoy en Pisco (tres horas al sur de Lima), con mi hijo de 15 meses y mi esposa. No tengo dinero y no me dejan trabajar”, escribió un usuario. “Estoy embarazada y no tengo trabajo, ayúdenme”, añadió otra.
La oficina habilitó correos electrónicos para datos puntuales y atención en caso de violaciones a los derechos humanos. Las historias comenzaron a aparecer, incluso en los medios: una familia, desalojada de un asilo temporal, que se metió a vivir en un camión cava estacionado en el distrito de Magdalena, o una mujer que apenas tosió en su habitación alquilada, fue desocupada por el inquilino que le puso sus “macundales” en el parque del frente.
“La atención a los ciudadanos venezolanos van a estar manejándola los organismos internacionales, la Comisión para los Refugiados (Acnur) que incluso estudia una medida de compensación como el bono que se entregó a los peruanos”, informó el lunes el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en el balance diario que hace desde el Palacio de Gobierno sobre el curso de la pandemia en el Perú.
Un polémico proyecto de ley
Sin duda alguna, el Perú es un país de contrastes. Por un lado, los venezolanos que se sienten “solos” ante la adversidad. Por otro, los que han contado con la solidaridad de miles de peruanos que les han tendido la mano, cuyas historias también son abundantes, pero como la auténtica misericordia, silentes. Por encima, los xenófobos, que hacen bastante escándalo.
Un encendido editorial de El Comercio, el principal diario del Perú, fustigó este jueves un proyecto de ley presentado ante la junta de portavoces del Congreso por Unión por el Perú, un virulento partido de orientación etnocacerista: pregonan la superioridad de la raza inca. Ellos piden que los extranjeros en condición de salud comprometida sean retornados a sus países de origen. Palabras más, palabras menos, que el Perú se encargue de sus habitantes, los otros países de los suyos.
La posición del diario limeño, cómo no, es de censura a semejante locura. La repatriación sería forzosa. Lo califican como “barbarie”. “Si mandarlos de vuelta a su tierra ya habría sido cruel y poco solidario antes de esta crisis, hacerlo ahora sería, en muchos casos, condenarlos a la enfermedad y eventualmente a la muerte”, se cita de la pieza de opinión.
La esperanza y el exhorto es que el instrumento no prospere ante el pleno. El inicio de actividades del nuevo Congreso se vio empañado por la pandemia. Muchos buscan ovaciones, pensando en las elecciones generales de este año. Comenzaron por una modificación extra de los retiros de los fondos de pensiones privados y tienen, en la xenofobia, combustible para sus discursos.
Larga cola en San Miguel
En San Miguel, un distrito de clase media de la zona costera de la capital peruana, una larga cola se formó, el sábado. Frente a una casa se habilitó un centro de entrega de kits alimentarios que distribuyó la embajada por la intermediación de la asociación Cáritas. “El arroz fortificado contiene todos los nutrientes y minerales para una alimentación balanceada pero no es suficiente”, tuiteó Scull.
Armando Faneite es el vigilante de un terreno en el que guardan vehículos y motos. Los clientes le pagan al celador, que llegó a Lima desde La Guaira hace dos años atrás, y que vive en una improvisada barraca en el mismo terreno. “El dueño dice que no se les va a cobrar a los mototaxistas, porque no están trabajando. Estamos desmantelados”, asegura, con pena, mientras habla por teléfono con la familia en Venezuela.
Se cerró la llave
Porque esa es la otra cara: se cerró la llave de las remesas. Sin ingreso diario, no hay de dónde pagar la manutención en el Perú, menos habrá para enviar a la familia en el país. Le pasa a Raúl Ramos, un carretillero del mercado central de Lima. Su casero le prorrogó el pago de la mensualidad, con lo poco ahorrado podrá comer unos días, pero no hay dinero para enviar a su familia en Caripito, Monagas.
La embajada venezolana dice que tiene “26 puntos de entrega de kits de alimentación”, para los que solo se pide la cédula de identidad. Mireya Matos, quien se identificó ante un periodista como “docente en Venezuela, buhonera aquí”, se lamentó de su situación. “Nunca, nunca”, dijo, con evidente vergüenza, “pensé que pasaría por algo así”.
La informalidad es casi una norma en el Perú, un país que da pasos a su consolidación, pero donde permanecen patrones culturales inalterables. Muchos venezolanos viven en condiciones precarias, en viviendas improvisadas en las azoteas de casas y edificios, en construcciones de cartón piedra y láminas de goma como techo.
A veces hacinados, a veces sin agua potable corriente por acueducto. “Lo que yo más temo”, comenta Ramos, “es que uno se contagie de coronavirus y haya discriminación en los hospitales y lo dejen morir a uno por ser venezolano”. No se ha dado el caso, y el Gobierno ha garantizado atención médica para todo el que lo necesite.
La atención en la villa Panamericana
El Hospital de Ate (un distrito de la parte oriental de Lima), de reciente culminación, fue habilitado para la atención de los pacientes que se compliquen con el coronavirus y estén en situación grave. “Los pacientes más graves van a ir, con todas las condiciones de seguridad al hospital de Ate”, dijo Vizcarra al segundo día de cuarentena.
“Para aquellos que necesiten estar aislados, pero no estén en condición delicada, vamos a habilitar en primera instancia, dos torres de la villa Panamericana”, añadió el presidente. Él mismo supervisó los trabajos de adecuación de los edificios en Villa El Salvador, un distrito pobre del cono sur.
En este complejo, el centro residencial de los atletas de los juegos panamericanos de 2019, se instalaron 3.000 camas clínicas. El Perú intenta evitar el colapso de sus servicios de salud que, si bien están regularmente dotados, no son de primer mundo.
Ahora ¿qué hacer?
La sombra de la incertidumbre se cierne sobre los venezolanos en el Perú. Ya el Ministerio de Economía ha aprobado numerosas partidas de auxilio para pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores independientes, para compras extraordinarias de salud y para los alcaldes de algunos distritos que prepararán kits de alimentos de primera necesidad.
Incluso se solicitó al congreso que aprobara un decreto supremo para la asignación de los recursos. Lo que está claro es que los venezolanos no podrán acceder a estos programas, sino a los que disponga la Acnur con apoyo multilateral.
La amenaza de la contracción económica está latente. El mercado laboral, y extremadamente informal, en el Perú se reducirá mucho más. La analista Rosa María Palacios ha comparado las predicciones “con el primer gobierno de Alan García”, un período de infausta recordación en el país. En medio, están los venezolanos sin saber qué hacer.
(Panorama)
]]>
