Este miércoles, el Ejército colombiano asesinó a ocho disidentes de las FARC-EP durante un operativo en el municipio Argelia, localizado en la zona del Cauca. De acuerdo con la versión oficial, los efectivos castrenses habrían intervenido para poner fin a una disputa armada entre una columna de esa organización y otra perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

El comandante del Ejército del vecino país, el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda comunicó en su cuenta en Twitter que en la operación habían participado la tercera división del Ejército y la Fuerza Aérea y que en ella “se propinó contundente golpe al grupo armado organizado residual Columna Móvil Carlos Patiño en Cauca, al neutralizar a 8 de sus integrantes”.

 

Por su parte, el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), surgido luego de la firma de los acuerdos de paz entre el grupo insurgente y el Estado colombiano, el pasado 14 de abril rechazó a través de un comunicado, la persecución de dirigentes sociales y la afectación de las comunidades por parte de grupos armados, del signo que fueren y reiteró su compromiso con el proceso de paz. 

 

No obstante, en el mismo texto, la organización responsabiliza directamente al Estado por los problemas de fondo que persisten en la estructura de la sociedad colombiana y que complotan contra el acuerdo de paz suscrito entre las partes en 2016. 

 

“El Estado hace presencia tan solo con una fuerza pública que no actúa en consonancia con los intereses de la comunidad y se visibiliza su ausencia histórica sin garantizar los derechos humanos de la población. Se hace más que necesario que se implemente el Acuerdo de Paz. Es la puerta abierta para la transformación de los territorios como el municipio de Argelia. Responsabilizamos y exigimos que se garantice la vida de las y los reincorporados, miembros de las organizaciones sociales y la población en general. Exigimos que se investigue el rol de las fuerzas militares en el territorio y levantamos la alerta de una posible masacre”, indica el documento. 

 

Hasta la fecha, el gobierno de Iván Duque no ha demostrado compromiso alguno con el acuerdo suscrito entre las Farc-EP y su predecesor, al punto que desde su entrada en vigor, la Organización de las Naciones Unidas computa el asesinato de 195 excombatientes.

 

Tal y como se señala en el comunicado del partido Farc, no solamente sus disidencias y reincorporados padecen la violencia estatal. En un artículo aparecido el pasado 24 de febrero en La Izquierda Diario, se asegura que en poco más de mes y medio fueron asesinados 64 líderes sociales. 

 

El otro actor en esta ecuación, el ELN, que aún se mantiene en insurgencia, anunció un cese al fuego hasta el próximo 30 de abril, debido a la pandemia de coronavirus, aunque se reservó el derecho a defenderse de las agresiones del Estado o de otros grupos armados. 

 

Pero para el gobierno de Iván Duque no parece que la pandemia, cuyo descontrol es evidente, sea un motivo suficiente para postergar los operativos de persecución contra algunos grupos rebeldes, como la disidencia de las Farc-EP y el ELN, mientras que el paramilitarismo actúa a sus anchas en otras zonas del país, la otra faceta del largo conflicto armado que atraviesa a Colombia hace casi siete décadas y que ha dejado un saldo de millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. 

 

(LaIguana.TV)

 

 

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