Al mediodía de este martes 28 de abril, la cuenta en Twitter de la “Asamblea Nacional” liderada por Juan Guaidó, informó de la aprobación de un acuerdo que “invalida” una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otorga apariencia de legalidad a su “procurador especial”. Dos horas después, vino la queja: eso es innecesario y una perdedera de tiempo que le da legitimidad a lo que se pretende deslegitimar, dijeron usuarios opositores de la red social, al referirse a lo que parecería una acción sin sentido de este grupo extremista que dice estar a punto de derrocar al gobierno del presidente Maduro, con la ayuda del gobierno estadounidense.
El texto tiene un nombre rimbombante: Acuerdo de rechazo a la decisión ilegítima de la Sala Constitucional, número 59, de 22 de abril de 2020, y de ratificación de la usurpación de la Procuraduría General de la República por Reinaldo Muñoz Pedroza. Su aprobación fue simple porque no se sujetó a ninguna legislación ni hubo debate. Pero sus implicaciones no lo son tanto. Porque este acto, aparentemente absurdo, es la ratificación de la orientación estratégica del gobierno de Estados Unidos, a través de los grupos extremistas locales, de tener una representación de la República que actúe en consonancia con su objetivo de tomar el control sobre los activos del país que se encuentran en su territorio. Un punto que es fundamental en el andamiaje pseudolegal que se ha ido construyendo como expresión jurídica de la guerra que se está librando contra Venezuela.
Si el sistema judicial estadounidense es imparcial o no, juega un rol importante, como se vio en la reciente decisión por la que el Fiscal General de ese país presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro y miembros de su entorno cercano. Pero, en este caso, se trata de incorporar formalmente a un actor, a través de acciones con apariencia legal, que facilite el objetivo del gobierno de Trump en tribunales de esa nación.
La batalla por designar a quien debe actuar como el abogado de Venezuela no es nueva. Se inició a mediados del año pasado, cuando la operación de arrebato de bienes públicos en la nación norteamericana hizo necesaria la aparición de un procurador aliado a esta estrategia. Fue así como la Asamblea Nacional en desacato nombró a José Ignacio Hernández como “procurador especial”, una figura y un procedimiento inexistentes en la Constitución Nacional.
Pero si la creación de este cargo ya era ilegal, los antecedentes de Hernández rompieron todos los esquemas. Actuó como experto en contra de Venezuela en la demanda de Crystallex que pretendió embargar a Citgo, caso por el que el Ministerio Público le inició una averiguación; participó contra el país en otra querella de Owen Illinois que también enfiló contra los activos de Pdvsa; fue el abogado de Empresas Polar en una demanda contra la República. Es decir, un hombre hecho a la medida de las acciones que venían. Desde entonces, han despojado al país de la refinería Citgo, así como de 1.195 millones de dólares que se encuentran en cuentas de bancos localizados en Estados Unidos. En ese monto se incluyen los fondos que fueron trasladados desde el Citibank a las cuentas de la Reserva Federal y que están siendo utilizados por Guaidó para, entre otras cosas, repartirse miles de dólares entre los diputados del grupo extremista.
Pero como en la confrontación hay acciones de lado y lado, el pasado 22 de abril, la Sala Constitucional del TSJ declaró que el procurador general de la República, constitucionalmente habilitado, es Reinaldo Muñoz, quien ya venía desempeñando el cargo de manera temporal. En su sentencia, el máximo tribunal estableció que solo le corresponde a él la representación de la República, nacional e internacionalmente y que la Asamblea Nacional no tiene potestad para declarar la nulidad de sus actos. Más aun, advirtió que el ejercicio de estas funciones por personas distintas a Muñoz constituye una usurpación que acarrea responsabilidades en una clara alusión a los actos que vienen siendo realizados por Hernández. Llama la atención que el TSJ haya instado al Ministerio Público a iniciarle otra investigación a este abogado, esta vez por usurpación de funciones, cuando es público que la Fiscalía nunca informó del resultado de una diligencia similar que, por traición a la patria, se le inició el año pasado.
De cualquier manera, la sentencia del TSJ sirvió así como una certificación de la titularidad del cargo que desempeña Muñoz y que le permite ejercer la representación legítima del Estado ante los tribunales donde se ventilan casos contra la República, con lo que obstaculiza la estrategia de expoliación que actualmente desarrolla el gobierno estadounidense.
El cumplimiento de esa estrategia diseñada por Estados Unidos es lo que explica lo sucedido a principios de este año en el Poder Legislativo, cuando un grupo de diputados, liderados por Guaidó, su autoerigieron en Asamblea Nacional, al ver revertida la correlación de fuerzas a su favor en el espacio legislativo real, en desacato pero real.
Desde entonces, este grupo ejecuta puestas en escena desde donde le da formas pseudolegales a las acciones de guerra que se desarrollan contra el país. Si nos atenemos a la definición del Diccionario de la Real Academia Española, los actos de esa “Asamblea Nacional” son una realidad virtual porque constituyen una “representación de escenas… producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real”.
Eso fue lo que ocurrió, este martes 28 de abril, cuando hicieron el control de posibles daños ocasionados por la sentencia del TSJ y ratificaron que el procurador es Hernández y no Muñoz. Las acciones dirigidas a destruir la institucionalidad constitucional para imponer una estructura de poder que no deviene de la carta magna no son nuevas pero cada vez tienen más costos para la nación venezolana. Queda por preguntarse cuánto tiempo más se mantendrán en la impunidad.
(Taynem Hernández / LaIguanaTV)
