Utiliza sus palabras claves: “levantar las sanciones”. Miente pese a las evidencias: “Fracaso del gobierno para abordar la pandemia global del COVID-19”. Maniobra con soluciones mágicas e impuestas: “elecciones libres y justas”. La propuesta de “gobierno de transición” hecha pública este martes 31 por el gobierno de los Estados Unidos esconde, sin embargo, lo que ha sido la estrategia fundamental del presidente Donald Trump para controlar los recursos naturales de Venezuela. Dividir las fuerzas chavistas, destruir la soberanía y retrotraer a Venezuela a la condición de colonia en una pretensión abierta de regular la vida de la nación.
Veamos por qué
Una propuesta para caotizar el estado de derecho venezolano
El “marco para la transición”, tal como definió el secretario de Estado, Mike Pompeo, que se presenta como una respuesta a la solicitud de levantamiento de las sanciones ilegales que han apoyado incluso la Organización de Nacional Unidas y la Unión Europea, aparece tres días después de que Juan Guaidó hiciera su propuesta de gobierno de emergencia.
Si es la misma propuesta o si Guaidó lo hizo mal, parece no importar, ahora que el gobierno estadounidense dejó a los intermediarios e hizo pública su suerte de inventario de condiciones, cuyo cumplimiento paso a paso es una suerte de condicionamiento conductista por el que a cada orden cumplida, una sanción retirada como premio.
Ninguna de las condiciones presentes en la propuesta se corresponden con la Constitución venezolana. No existe un Consejo de Estado que gobierne, sino una instancia consultiva del gobierno, según el artículo 251. Como si de una mala lectura se tratara, se intenta remedar la integración de este organismo consultor, desconociendo que el artículo 252 dice expresamente que cinco de los ocho miembros serán designados por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional, uno por el Tribunal Supremo de Justicia y uno elegido de entre los gobernadores.
Además trastoca las funciones del Consejo de Estado -cuya competencia es la de recomendar políticas de interés nacional-, dándole atribuciones de gobierno de transición, con lo que se destituye de facto un presidente elegido en el marco constitucional. Para ello, propone que la Asamblea Nacional apruebe una ley que le dé una supuesta legalidad, lo que en conjunto constituye un cambio, fuera de las normas previstas, de la Constitución Nacional.
La propuesta de violar la Constitución no obedece al desconocimiento o a una salida “política” para conjurar una crisis. Toda nación es libre y soberana para decidir e instaurar su propio sistema jurídico y el resto de los países se comprometen a respetarlo. Qué se entiende por soberanía, lo explica la sentencia 100 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de febrero de 2015, en contra de las acciones injerencistas que, en aquel momento, desplegaba el gobierno estadounidense. “…la soberanía es exclusiva, tanto a lo interno del Estado de que se trate como a lo externo de ese Estado. A lo interno, el ejercicio de la soberanía consiste en que sólo la organización estatal tiene atribuidas las potestades superiores de gobierno en el territorio que ocupa; mientras que a lo externo significa que ningún Estado, entidad u organismo extranjero o internacional puede imponer el cumplimiento de sus normas a un Estado soberano, salvo que dicho país hubiese concurrido a su adopción o las hubiese aceptado de alguna forma, a través de la debida adhesión o suscripción, así como ratificación de tratados, pactos, acuerdos, convenios o instrumentos internacionales”
De acuerdo con esta sentencia, el desconocimiento de la Constitución no sólo viola la soberanía nacional sino también la autodeterminación del pueblo venezolano, pues este principio “…supone para un pueblo su derecho a sentar y establecer por su propia decisión, los parámetros que guiarán la vida de su Estado, comportando ello lógicamente el derecho a su libertad e independencia frente a cualquier otro Estado, así como también el derecho de decidir por sí mismo, los aspectos fundamentales de su vida como Nación, incluyendo la manera de determinar su forma de gobierno y las autoridades encargadas del mismo, es decir, el derecho de atribuirse libremente su conformación política y económica, atendiendo como fin último, al ejercicio en su completa dimensión de su libertad y al respeto de su voluntad soberana”.
Como si de una puesta a cero se tratara, la propuesta pretende la anulación de las decisiones del sistema de justicia – incluidas las del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados también deberán ser sustituidos- por las que se declaró el desacato de la Asamblea Nacional y por las que se procesó a un número de venezolanos involucrados en delitos de traición a la patria y terrorismo. Es decir, devolvernos en el tiempo y legitimar todas las acciones ilegales con las que se pretendió derrocar un gobierno legítimamente escogido.
Todo ello representa la destrucción del estado de derecho venezolano. Algo que no le es extraño al gobierno estadounidense que ya ha puesto a prueba operaciones similares en otros países, en los que provocó un caos en todas las esferas de su dinámica social y económica, destruyendo su acervo cultural –sistemas jurídicos, culturas, valores, etc-, retrotrayéndolos a prácticas de barbarie e imponiéndoles el dominio de sus recursos, convencidos como están de que los límites jurídicos y éticos desarrollados a lo largo de estos años por el conjunto de las naciones representan ahora un obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los grandes capitales empresariales. Tal es el ejemplo que nos dejó lo sucedido en Libia e Irak.
A quitar de en medio a sus rivales China y Rusia –incluso a Cuba- o dar una señal a sectores de oposición, puede deberse la inclusión, en esta propuesta, de una salida inmediata de “fuerzas de seguridad extranjeras”. Esta condición para retirar sanciones es curiosa, pues proviene de un país que cuenta con la autorización del gobierno colombiano para el uso de siete de sus bases militares instaladas en el territorio neogranadino. Además, se da en el contexto del puente humanitario que se mantiene actualmente con China y Rusia para la provisión de equipamiento que le permita al país enfrentar la pandemia del COVID-19 y que ha sido difundido por los medios de comunicación.
La vieja táctica de dividir para vencer
Para que su propuesta tenga éxito, pretenden dividir al chavismo, en especial a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB), una denominación que siempre ha sido desdeñada pero que ahora pareciera un guiño a los militares venezolanos, cuya mayoría ha rechazado, hasta ahora, ser comprada por los estadunidenses. A los altos oficiales le proponen, tener un miembro asesor en el supuesto Consejo de Estado, nombre eufemístico para suavizar el plan de instaurar un gobierno de facto, y también seguir ejerciendo sus funciones en el alto mando militar.
Asimismo a los diputados, a quienes se les ofrece una tajada en las decisiones que tendría que tomar la Asamblea Nacional, y a los gobernadores y alcaldes, quienes seguirían en sus cargos hasta el fin de sus mandatos.
Pero esta maniobra también buscaría dividir una parte de la oposición, aquella que, con sentido patrio, decidió sentarse en la Mesa de Diálogo Nacional y que no posee, sola o con alianzas, el 25% de los miembros de la Asamblea Nacional que les daría derecho, por si solos, a tener un miembro en el gobierno interino.
Imposición colonialista
La propuesta de “transición” es una agresión más que se suma a la campaña del gobierno de Estados Unidos para derrocar al Presidente Maduro con la participación de grupos extremistas de la derecha local y gobiernos satélites.
En términos pragmáticos y fuera de toda normativa internacional, Estados Unidos pretende imponerle a Venezuela reglas ajenas a nuestro estado de derecho, una regulación para un gobierno de facto y cómo deben ser las relaciones internacionales que establezca la nación. A esta actitud injerencista se le llama colonialismo. Y contra esta práctica se han dirigido buena parte de las declaraciones internacionales de derechos de las naciones, tal como lo recuerda la sentencia del TSJ: “Como puede apreciarse, el Derecho Internacional consagra, desde tiempos remotos, los principios de no intervención directa o indirecta, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro; de no intervención o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen; de prohibición de aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden; de abstención de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado; de libertad de cada Estado para elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado; y de respeto al derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones. Más allá, esta Sala observa que el ordenamiento citado impone el deber de contribuir a la eliminación completa del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, incluyendo los tipos de neocolonialismo que perviven en el mundo actual, principalmente, en las regiones más vulnerables frente a ese tipo de formas de neodominación, de agresiones y, en fin, de atentados contra la humanidad”.
(LaIguana.TV)
]]>
