Las operaciones que utilizan como armas de guerra las noticias falsas, la desinformación deliberada o las informaciones erróneas no constituyen un crimen que deba ser sancionado por las leyes, de acuerdo con los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Las operaciones que utilizan como armas de guerra las noticias falsas, la desinformación deliberada o las informaciones erróneas no constituyen un crimen que deba ser sancionado por las leyes, de acuerdo con los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

 

Así por lo menos se deriva de la declaración conjunta que hicieron pública el pasado 30 de abril sobre la libertad de expresión y las elecciones en la era digital y en la que se recomienda a los Estados “evitar adoptar normas para criminalizar la diseminación de desinformación” y evaluar, en cambio, “medidas positivas para abordar el problema de la desinformación en línea, como la promoción de instancias independientes para la verificación de información y campañas de educación pública”.

 

La declaración conjunta es un documento anual refrendado por los tres organismos, que se publica desde hace 21 años y en los que se hace referencia a temas específicos.

 

¿Qué entienden estos relatores por desinformación? En la declaración conjunta del año 2017, dedicada precisamente a este tema, se asume que las noticias falsas (fake news) son sinónimo de desinformación y que se “diseñan e implementan con el propósito de confundir a la población” y entorpecer el derecho del “público” a saber, buscar, recibir y transmitir información e ideas de toda índole. Podría decirse que la descripción es ingenua si no proviniera de estos funcionarios, cuyos intereses veremos más adelante.

 

Lo que está comprobado con la experiencia de estos años es que las operaciones de manipulación informativa son prácticas ejecutadas por gobiernos, corporaciones privadas y/o sectores con intereses particulares, por las cuales se manipulan prejuicios, ideas básicas y emociones de los ciudadanos y que sirven para destruir gobiernos, instituciones, posiciones o personas.

 

Hay casos extremos, como lo sucedido en Libia el 21 de agosto del 2011, cuando el mundo fue engañado con imágenes trasmitidas por la cadena televisiva Al Jazeera de supuestas protestas en la Plaza Verde de Trípoli, que resultaron producidas en una réplica construida en Qatar y con actores profesionales. Esta noticia falsa desmoralizó a los ciudadanos libios, provocó el desconocimiento del gobierno de Muammar Gadafi por parte de 11 países y terminó por derrumbarlo.

 

Las operaciones de manipulación mediática en Venezuela son recurrentes y sobran los ejemplos. En marzo pasado, Estados Unidos acusó de narcotraficante al Presidente Maduro y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta es la última de una serie de acciones mediáticas con la que se ha venido construyendo, desde hace unos años, un estado de rechazo “moral” –narcotraficantes, delincuentes, criminales- al gobierno venezolano para consolidar una matriz de opinión que justifique su derrocamiento. Para ello se ha hecho uso intensivo de campañas en redes sociales y abundante cantidad de contenidos difundidos en medios propiedad de corporaciones internacionales, así como en medios locales, calificados de “independientes” pero financiados por agencias gubernamentales estadounidenses.

 

A la acusación de narcotráfico siguió el anuncio de una operación antinarcóticos en el Mar Caribe por parte de fuerzas estadounidenses, luego de lo cual se ha sucedido una campaña de noticias falsas en dos vías: Mentiras del Comando Sur sobre supuestos movimientos de naves de guerra e informaciones manipuladas de medios sobre decomisos de drogas en buques que vendrían de Venezuela. Ambas líneas de desinformación han sido claramente develadas por el portal de periodismo de datos La Tabla. A esta campaña ha seguido la operación de guerra por la que, desde el domingo pasado, se intenta la incursión de mercenarios venezolanos y estadounidenses por las costas venezolanas.

 

De aplicarse los principios de la declaración conjunta del año 2017, ninguna de estas campañas podría estar sujeta a una acción judicial porque “el derecho también protege a la información e ideas que puedan causar consternación, ofender o perturbar”. En el caso de las falsas informaciones mediáticas ellas estarían amparadas en el principio de que la libertad de expresión es absoluta y que los medios de comunicación tienen el valor supremo de la “vigilancia pública”.

 

Estos criterios se mantienen en la declaración del 30 de abril pasado. Dedicada al tema electoral, en ella se plantea que la preservación de la libertad de expresión implica cierta “inmunidad” para los actores mediáticos. “En los períodos electorales, los medios deberían quedar exentos de responsabilidad por la difusión de declaraciones realizadas en forma directa por partidos o candidatos”, independientemente de que éstas constituyan una falsa noticia.

 

Los principios políticos sobre los que se construyen estas declaraciones, coloca a los medios –corporaciones privadas, orientadas por la ganancia económica- como supra contralores del Estado, y a éste último sometido a la desregulación propia de los sistemas neoliberales. Tanto es así que debe abstenerse de establecer leyes con prohibiciones a la difusión de “falsedades” o “informaciones no objetivas” – Una definición, ésta última, ya presente en nuestra Constitución desde 1999- y a sus funcionarios –figuras públicas- le establece la obligación de que “toleren un mayor nivel de críticas y escrutinio que los ciudadanos comunes”.

 

Este razonamiento justificaría la agresiva campaña de desprestigio que se desató contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente contra sus autoridades, desde el año 2007 y que tuvo como objetivo la destrucción de la institucionalidad electoral para cerrar, con ello, la vía electoral para dirimir las diferencias.

 

¿Quiénes son los relatores?

 

La declaración conjunta está firmada por el relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza; y el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Harlem Desir.

 

Seguramente Lanza y Luis Almagro deben ser amigos. Ambos son uruguayos y abogados. Lanza fue designado como relator especial un año antes de que Almagro llegará a la secretaría general de la OEA en 2015. Las buenas relaciones del relator con los medios de comunicación quedaron claramente expresadas en noviembre del año pasado, cuando fue elegido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –gremio de dueños de medios con sede en Florida- para recibir el gran premio Chapultepec 2020 por “profundizar el marco jurídico interamericano que protege la libre expresión”.

 

Kaye, relator desde el año 2014, es abogado y profesor en varias universidades de Estados Unidos, con una intensa actividad en las comunidades intelectuales de ese país. Es, además, un acérrimo crítico de Donald Trump por, entre otros temas, sus ataques a los medios de comunicación.

 

Desde que fueron designados como relatores, Lanza y Kaye han hecho reiteradas declaraciones en contra del gobierno del presidente Maduro. De hecho, Lanza formó parte del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretendió ingresar al país, sin autorización del gobierno venezolano, en febrero pasado.

 

Desir es un político francés que fue secretario de Estado para asuntos europeos durante el gobierno de Francois Hollande.

 

En la elaboración de las declaraciones conjuntas participan también, en forma de colaboración técnica, dos organizaciones privadas. La primera es Campaña mundial para la libertad de expresión, Artículo 19, una fundación operada por una élite de funcionarios que provienen de otras organizaciones no gubernamentales internacionales y en su directiva se incluyen periodistas veteranos que trabajaron para grandes corporaciones mediáticas, de las que Artículo 19 recibe fondos, además de los recursos provenientes de gobiernos –el departamento de Estado de Estados Unidos y la Usaid, entre otros- y otras empresas privadas, de acuerdo con la información publicada en su página web.

 

El Centro para el Derecho y la Democracia es una fundación estadounidense en la que participan representantes de los partidos Demócrata y Republicano, conocida en Venezuela por el financiamiento que han destinado a partidos de la oposición.

 

Como puede verse, estas relatorías están controladas por corporaciones mediáticas internacionales lo que explica porqué la estructura jurídica que han ido montando los organismos internacionales, en relación con la libertad de expresión se basan en la inmunidad absoluta de los medios de comunicación y del espacio –el internet- que ahora están colonizando.

 

(Taynem Hernández/La IguanaTV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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