Johanna María Silva, una compatriota residente en Colombia, su esposo y su hijo de 12 años fueron desalojados por la fuerza y sin ninguna orden judicial, luego de que se retrasaran cuatro días en el pago del alquiler de la vivienda que arriendan en la población de Yopal.
Según indicó Noticias Caracol, los casos de desalojos a inmigrantes o a quienes no pueden cancelar el alquiler, se han replicado por todo el país, pese a que el Gobierno prohibió hacerlo durante la cuarentena.
Según los testimonios recogidos por ese medio, el esposo de Silva trabaja como vendedor de dulces y por la cuarentena, no pudo salir a buscar el sustento. De este modo, la familia acumuló una deuda con los propietarios de 28.000 pesos colombianos –unos 70 dólares– y estos llamaron a la policía, que ingresó violentamente en el lugar, golpeó al esposo y les obligó a sacar sus pertenencias hasta el medio de la calle.
“La gente de aquí de la casa llamaron a la policía, llegaron los policías acá y nos sacaron a la fuerza. No vieron ni tuvieron consideración conmigo, ni porque yo tenga mi hijo pequeño, ni porque esté embarazada, ni nada de eso”, relató Silva.
Esta versión fue corroborada por los vecinos. Sin embargo, la hija de los dueños del inmueble adujo que la razón para haber contactado con la policía, era que sus inquilinos se dedicaban al delito: “La policía nos colaboró para sacarlos porque ellos hacían hurtos y venían acá a la casa y los traían”, justificó.
El caso causó gran revuelo en la comunidad, al tratarse de una familia echada a la calle en plena pandemia de coronavirus, con un hijo menor y cuya madre está embarazada. Por ello, la policía local se vio forzada a ofrecer explicaciones a través de un comunicado, en el que se asegura que los efectivos nunca ingresaron a la vivienda: “El Departamento de Policía de Casanare ante este hecho se permite informar: que la patrulla en el cuadrante atendió el caso, sin ingresar a la vivienda y sin sacar a la fuerza ningún elemento de propiedad de los arrendatarios”, lo que contradice tanto el testimonio de Johanna María Silva y su familia, como el de otros testigos presenciales.
Las declaraciones de Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, ponen en entredicho la versión policial, toda vez que indicara que el caso había sido asumido por la defensoría local: “el tema de las dos personas mayores asumió la personería que hoy les da un hospedaje. Queda en manos de la personería todos los demás procedimientos”.
No obstante, a las 12 de la noche del día del desalojo, la respuesta institucional no había llegado y Johanna y su familia esperaban en la calle, sin abrigo, ni techo, ni comida y expuestos al contagio.
“Mira donde nosotros nos encontramos, más con ese virus que hay. Yo estoy embarazada, tengo cinco meses de embarazo, y de verdad es muy injusto todo lo que yo estoy pasando”, se quejó amargamente la compatriota.
(LaIguana.TV)
