El contrato de 47 páginas publicado por The Washington Post y ratificado por Juan Guaidó, Sergio Vergara, J.J. Rendón y Jordan Goudreau de la empresa SilverCorp USA, es una copia casi calcada de los acuerdos firmados por EE.UU. con Blackwater y otras contratistas mercenarias para invadir, fragmentar y hacerse con los recursos naturales de Irak en una orgía de pólvora y sangre de la que aún nadie se hace responsable.
Conozca en este Entre Líneas las implicaciones de la actuación de mercenarios en estos países y todo lo que el diputado Juan Guaidó se atrevió a pactar con la contratista mercenaria SilverCorp USA para poder ser presidente de Venezuela.
La «libertad» de Guaidó: convertir a Venezuela en Irak
En el contrato firmado con los mercenarios se acordó invadir Venezuela, destruir toda la institucionalidad, perseguir y detener chavistas o a cualquiera sospechoso de serlo, y finalmente imponerse como nuevo régimen de gobierno. Uno en el que no existen los derechos humanos, ni el Estado de derecho y nada se regiría por la Constitución.
En este contrato se viola la soberanía territorial no solo de Venezuela sino también de Brasil y Colombia con el aval de los presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque. Los mercenarios podrían perseguir y derribar aviones por el espacio aéreo y capturar personas afines al Gobierno bolivariano que se encuentren en el espacio aéreo y marítimo de ambos países.
¿Cómo controlarían al pueblo?: cláusulas antidisturbios
El acuerdo también estipulaba el uso de armas químicas no permitidas por la convención de Ginebra, aparatos Taser contra civiles «sospechosos» de ser una amenaza, la creación de centros de detención de personas militares y no militares, la persecución de aliados con movimientos de solidaridad con Palestina, Irán y Siria, e incluso la irrupción en propiedad privada donde existieran «creencias razonables» de la existencia de fuerzas enemigas a Guaidó o cómplices de las mismas.
Los proveedores, es decir, los mercenarios podrían liberar, lanzar o disparar misiles, armas, cohetes, armas de energía dirigida y colocar minas en todo el territorio nacional. En el contrato no aparece la expresión «derechos humanos» con la que se rasga las vestiduras la oposición a la hora de defender a un pran, a un líder de banda criminal o a un político devenido terrorista.
Ataque contra civiles «sospechosos»: cláusula ‘fuerza graduada’
El acuerdo establece que si las personas representan una «amenaza» para el nuevo régimen (Guaidó), los mercenarios podían detener y usar la fuerza mortal, para eliminar tal amenaza. Esto sin discriminación de clase, estrato o preferencia política. Serían objeto de captura cualquier vinculado al Ministerio de la Juventud, de Planificación y Relaciones Exteriores, así como el personal científico.
Cualquier persona sospechosa de pertenecer o simpatizar con las Farc-EP, el ELN, Hezbolláh o cualquier movimiento de solidaridad con Palestina, Siria o Irán, recibiría el mismo trato. Lo que ayuda a comprender por qué denominaron al plan de incursión «Operación Gedeón» que en israelí significa «guerrero destructor».
(LaIguana.TV)
