El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.
Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:
C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.
Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?
C.A.: por supuesto.
Una operación huérfana
El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.
También mencionó que las armas iban dirigidas a alias ‘Pantera’, un oficial que operaba bajo su mando.
Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo, especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba ‘Pantera’. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.
Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.
Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.
En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los «funcionarios» de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?
¿Habrá reacciones en Colombia?
La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como «una raya más pa’l tigre».
Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por parte de alias ‘el Ñeñe’, un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.
Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias ‘Doble Rueda’, un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.
El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.
Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.
Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.
Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.
Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia «ayuda humanitaria», quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.
Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.
El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.
Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.
Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.
El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.
La situación actual de Duque
Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.
Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.
Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.
El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a «fuertes corrientes» las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.
La justificación graciosa es solo el comienzo de un ‘affaire’ que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.
Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.
Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.
Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.
También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.
Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.
Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares, vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.
Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.
(Por Ociel Alí López)
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