Este sábado, la corresponsal de la agencia de noticias RT, Érika Ortega Sanoja, compartió a través de su cuenta en Twitter un recuento de distintos eventos que explican por qué, pese a que Venezuela cuenta con las mayores reservas certificadas de crudo del mundo y el Complejo Refinador Paraguaná (CRP) –el segundo más grande del mundo–, atraviesa una crisis de combustible y se ve obligada a importarlo desde Irán. 

 

Para Ortega, todo inició con el ataque al CRP en agosto de 2012. Entonces, recordemos, la refinería de Amuay, una de las dos que conforman el complejo, sufrió graves daños en sus instalaciones luego de que se produjera una explosión derivada de una fuga, aparentemente inducida, de gas propano. Desde entonces, la capacidad operativa del CRP se redujo paulatinamente, hasta el punto de paralizarse. 

 

Otra de las causas fundamentales está relacionada con el debilitamiento progresivo de la estatal petrolera PDVSA, acelerado por la caída sostenida de los precios del petróleo entre 2014 y 2016, aunque no solo es. También jugó un papel estelar la inadecuada gestión de la compañía, conducida antes y durante esos años críticos por corruptos, hoy solicitados por la justicia venezolana. 

 

Paralelamente, se produjo una desbandada de trabajadores y trabajadoras con amplia experiencia. Este activo, recordó la periodista, logró, «junto a Chávez, recuperar la industria en 2002, tras el sabotaje petrolero opositor teledirigido desde Estados Unidos«. 

 

Además, este desmantelamiento programado y progresivo de la principal empresa nacional pudo tener lugar gracias a la infiltración de agentes vinculados con la oposición venezolana en cargos de responsabilidad, hecho que pudo demostrarse a partir de las acciones de la directiva de Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos, y que a la postre crearía condiciones para que Juan Guaidó disponga ilegalmente de sus activos desde 2019. 

 

Al complejo panorama anterior, es necesario sumar el efecto de las sanciones inhumanas impuestas por la administración Trump sobre la República, lo que se ha traducido en la imposibilidad de adquirir repuestos, maquinarias y aditivos necesarios para el funcionamiento de la industria, amén de desestimular la inversión de otros actores en los distintos negocios de la estatal, debido al temor a ser sancionados por Estados Unidos. 

 

Las sanciones también obligaron al país, pese a la difícil situación económica, a cancelar 70 mil millones de dólares de deuda pública porque se le negó el refinanciamiento, al tiempo que perdía el control de sus recursos depositados en bancos europeos y estadounidenses. 

 

La ausencia creciente de recursos, más el despojo de los activos estatales en el extranjero, han imposibilitado reinvertir en la industria y subsanar, al menos parcialmente, parte de los problemas acumulados durante al menos los últimos seis años. 

 

De lo anterior se desprende que, solo a partir de la consideración conjunta de estas complejas situaciones, puede comprenderse por qué Venezuela, un país productor de petróleo y con capacidad instalada para producir todo el combustible que necesita, debe adquirirlo a un tercero en medio de un feroz bloqueo

 

(LaIguana.TV)

 

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