A partir del testimonio de su exguardaespaldas: EEUU iría por la cabeza de Cilia Flores (+Reuters)

Este miércoles, la agencia de noticias Reuters publicó un «reportaje» en el que se asevera, aunque sin ofrecer ningún dato concreto ni corroborable, que el Departamento de Justicia imputaría cargos de narcotráfico sobre Cilia Flores, Primera Combatiente de la República y líder política por derecho propio. 

 

Según Reuters, las autoridades judiciales estadounidenses estarían construyendo un caso en contra de Flores, a partir del testimonio Yazenky Lamas, un exefectivo de la Guardia Nacional Bolivariana que ejerció como su guardaespaldas entre 2005 y 2015.

 

«Ahora, con la ayuda del testimonio de Lamas, se espera que Estados Unidos acuse a Flores en los próximos meses de delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el caso de la primera dama. Si Washington prosigue con una acusación, dijeron estas personas, se espera que los cargos puedan provenir, al menos en parte, de una fallida transacción con cocaína y que ya ha llevado a dos de los sobrinos de Flores a un centro penitenciario de Florida», inicia rimbombante el trabajo.

 

Esta fuente también sostiene que Lamas fue capturado en Colombia en el transcurso de 2016 y extraditado hacia Estados Unidos en 2017, donde enfrenta cargos de narcotráfico. Accedió a declararse culpable, a cambio de proporcionar «información» que vincule a miembros del gobierno venezolano con el trasiego de drogas.

 

Sin embargo, la agencia reconoce que en los documentos oficiales a los cuales ha tenido acceso, no figuran los nombres del presidente Maduro ni de Cilia Flores. 

 

«En el acuerdo de culpabilidad, Lamas admitió los cargos de tráfico de drogas y acordó cooperar como testigo en las investigaciones relacionadas con su caso. La orden judicial colombiana que aprobó su extradición, también revisada por Reuters, dijo que Lamas conspiró para enviar cocaína desde Venezuela en aviones registrados en Estados Unidos. Ni la orden judicial colombiana ni el documento del Departamento de Justicia mencionan a Flores, Maduro u otros miembros de la familia», se lee en el texto.

 

En el mismo orden de ideas, mencionan que «Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó hacer comentarios sobre cualquier posible cargo contra Flores».

 

Esta escalada parece corresponderse con la intención declarada de la administración Trump de derrocar el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y que Reuters reporta sin concesiones: «aprovechando las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en Venezuela, la Casa Blanca ahora espera poder expulsar a un dirigente que ha resistido años de crecientes sanciones económicas, disturbios civiles y aislamiento internacional».

 

En este sentido, vale la pena recordar que el pasado 26 de marzo, la Fiscalía General de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a otros funcionarios del Gobierno Bolivariano por narcotráfico y ofreció millonarias recompensas «por cualquier información conducente a su captura» y el 02 de abril, el propio Trump anunció el despliegue de una «gran operación antidrogas en el Caribe», con el foco en Venezuela, algo que ha sido considerado como una excusa para atacar militarmente al país, en émulo de lo que en su día le hicieran a Manuel Noriega en Panamá. 

 

Por otro lado, el Gobierno Bolivariano estableció claramente la participación de la DEA, agencia que ha jugado un papel estelar en la instrucción de estos presuntos expedientes criminales en contra de las autoridades venezolanas, en la fallida incursión mercenaria del  03 de mayo. Uno de los capturados, José Alberto Socorro Hernández, alias «Pepero» reconoció actuar con conocimiento de esa instancia.

 

No en balde, en el reportaje se alude a las declaraciones de Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, quien les señalara que esa institución le otorga «gran importancia» al testimonio de Lamas contra Cilia Flores, si bien pocos párrafos atrás habían dicho que «Michael D. Miller, portavoz de la DEA, remitió las preguntas sobre el caso al Departamento de Justicia», una instancia que, a su vez, declinó ofrecer comentarios al respecto. 

 

Ante la evidente falta de datos verificables que adolece la publicación, sostienen que, en última instancia, el leit motiv de Yazenky Lamas sería la venganza por «sentirse abandonado a su suerte», cuando él fue leal. 

 

«‘Fui leal a todos ellos’, dice Lamas. ‘Pero no fueron leales a mí'», es la frase con la que eligieron cerrar.