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Durante casi un siglo, fue Venezuela el país con la gasolina más barata del mundo. Para uncirnos a su consumo Alberto Adriani lanzó a principios de los años cuarenta la política de desmantelar ferrocarriles y sustituirlos por carreteras de asfalto y transporte automotriz individual. Por imposición de las grandes ensambladoras norteñas de vehículos, terminamos bajo la tiranía de lo que Aquiles Nazoa llamó Su Majestad el Automóvil. A pesar de que durante buena parte del siglo no tuvimos refinerías, el precio de la gasolina fue siempre comparativamente bajo. Su abrupta elevación en 1989 por órdenes del Fondo Monetario Internacional desató el incendio de la rebelión popular del 27 de febrero, más que por el costo del combustible, por los aumentos especulativos del pasaje que los transportistas aplicaron sin que ninguna iniciativa del poder los corrigiera. La gasolina quema gobiernos.
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Desde entonces aceleró el alza de todos los precios, salvo el del combustible. Finalmente, la hiperinflación convirtió el importe subsidiado de la esencia en prácticamente nulo, aunque los encargados de las bombas cobraran sustanciosas propinas que se embolsillaban. Hubiera salido más barato despedirlos y dejar que los usuarios se sirvieran a gusto en los surtidores. Gasolina arruina tesoros.
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Se podrá acceder a la gasolina de acuerdo con el último número de la placa y el día de la semana, relación que cambia enigmáticamente cada siete días. También, se repondrá combustible en 1.368 gasolineras de servicio público y 200 privadas, en las primeras a 5.000 bolívares el litro y en las segundas a 0,50 US$ o equivalente: unos 200.000 bolívares al cambio actual. Llenar un tanque de 60 litros de bencina subsidiada consumirá 300.000 bolívares, las tres cuartas partes del salario mínimo de 400.000. Colmarlo con la “privatizada” de 0,50 US$ requerirá 30 US$; lo que al cambio actual de casi 200.000 exigirá 6.000.000 de bolívares: quince salarios mínimos; año y tres meses de trabajo. Gasolina dolariza.
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Dispone el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.” El que no exista obligación para el Estado de conservar todas las acciones de empresas constituidas “como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”, no implica que pueda dejar en manos privadas parte tan trascendente de sus negocios como la distribución al público. Por otra parte ¿Cómo se elige a los 300 particulares agraciados con el pingüe privilegio de comprar gasolina del Estado a precio subsidiado y revenderla privadamente a “precio internacional”? ¿Cómo se garantizará que el vital combustible no falte en las estaciones subsidiadas ni sobre en las “dolarizadas”? El año pasado en la Feria del Libro de Puebla conversé con Ana Lidia Pérez, autora del libro El Cartel Negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de PEMEX. Allí denuncia que en el país azteca funcionan unas 12.000 estaciones de servicio privadas, establecidas en complicidad con los alcaldes locales, que roban la gasolina de PEMEX a través de la red de complicidades llamada “huachicoleo” y la venden como si fuera propia al precio que les da la gana ¿Cómo evitaremos un jugoso “huachicoleo” que drene el combustible de expendedores públicos subsidiados hacia los privados dolarizados? ¿Cómo se impedirá que el contrabando de extracción lo siga pimpineando a un país vecino que refina con él 950 toneladas de cocaína por año? ¿Qué garantiza que los transportistas no se desquiten con los pasajeros con tarifas impagables que desaten algún conflicto social? Gasolina se evapora del Tesoro público y se condensa en bolsillos privados.
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La estatal PDVSA producía mas de dos millones de barriles diarios, y decayó en una década al extremo de no poder surtir el consumo nacional. Como la mayoría de los venezolanos, ignoramos lo que en realidad sucedió en la empresa de nuestra propiedad y de la que dependemos. No sabemos si infiltrados neoliberales la desmantelaron por dentro para “justificar” una eventual privatización. Nos explican que la mala gerencia de su presidente precipitó la calamidad. Nos preguntamos cómo una sola persona pudo hacer tanto daño durante tanto tiempo sin que otras autoridades se dieran cuenta y adoptaran los correctivos indispensables. La conclusión atañe al sector público venezolano: todo estará perdido mientras no se adopten controles externos previos, concomitantes y posteriores de la gestión de la Administración central, estadal, municipal, autónoma, de las fundaciones, comunas y de las empresas del Estado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento de objetivos, metas y programas presupuestados. En lugar de sancionar leyes que acuerdan privilegios inconstitucionales para empresas extranjeras y nos someten a tribunales foráneos, la Constituyente debería dedicar tiempo completo a perfeccionar la carpintería legal de dicho sistema, perfectamente posible con los recursos informáticos actuales. Sin ello, todos los fondos y activos desaparecerán y la totalidad de los esfuerzos se disipará sin dejar rastros. Basta de administraciones sumidas en el secreto, sin ningún tipo de control ni más resultados que la catástrofe. Gasolina disuelve.
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En septiembre de 2006 inició Pdvsa la reactivación del programa de gas vehicular, por el cual gran parte del transporte, sobre todo el de carga y de pasajeros, se movería con gas barato, que hoy se quema en la atmósfera. El proyecto fue inexplicablemente descontinuado. Urge reactivarlo. Contra gasolina, gas.
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Estamos ante un bloqueo maligno, duro, criminal e inmisericorde. Por la misma razón debemos ser honrados, disciplinados, justos y eficaces.
(Luis Britto García)
