Indignación en la población peruana ha causado la revelación de los presuntos cobros indebidos que realizaron 102 clínicas en plena pandemia por pruebas de descarte de la COVID-19. Prácticas que han sido rechazadas por el presidente Martín Vizcarra pues se trata de pruebas que eran realizadas de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) explicaron ante el Congreso que dichos cobros no se hicieron por el concepto de la prueba misma, si no que se justificaba en honorarios de los encargados de la toma de muestras, transporte de las muestras al INS, gastos para los implementos de seguridad, que en algunos casos llegaban a costar hasta un 90% más de su precio habitual, y que mientras estos montos fueran explicados en las boletas no constituyen delito.
La Superintendencia Nacional de Salud tiene 40 días hábiles para presentar los resultados de la investigación que seguirá a 102 clínicas privadas en las que se detectaron alzas de precios en los insumos para la detección del coronavirus.
De comprobar que los precios de los insumos fueron excesivos, las clínicas podrían hacerse acreedoras a una multa de 12 mil 400 dólares y si además se descubre que cobraron por la realización de las pruebas, las multas que recibirían serían de 620 mil dólares.
(HispanTV)
