Este viernes 12 de junio, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia designara a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que su organización política «no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por un CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente» y que el nombramiento de los rectores del poder electoral es competencia de «la Asamblea Nacional legítima» que preside Juan Guaidó.

Sin embargo, el parlamentario adeco aseguraba hace apenas tres meses, que la oposición debía prepararse «para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones a la Asamblea Nacional, porque este año se vence el período».

Entonces, valoraba negativamente el abstencionismo y advertía que de no concurrir a los comicios, el Gobierno –léase, el Bloque de la Patria– se haría del control del ente legislativo.

«¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional, declaró el pasado 10 de marzo durante una concentración opositora encabezada por Guaidó, lo que indujo a pensar que, al menos el partido liderado por Ramos Allup, presentaría candidatos para las elecciones parlamentarias, una vez se designaran unas nuevas autoridades electorales.

Más allá de la palabra del dirigente, había indicios de que la oposición estaría dispuesta a entrar en la ruta electoral, pues comenzando el mes marzo se logró reactivar el comité de postulaciones electorales y se cumplió con la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que estipula la ley. Allí participaban representantes del G4, incluido el diputado Stalin González, considerado como «la mano derecha» de Juan Guaidó.

Empero, en negación de lo anterior, el político opositor ahora sostiene que no solamente Acción Democrática no participará en las elecciones parlamentarias que ha de organizar el nuevo CNE, sino que la AN en desacato «tendrá vigencia por principio de continuidad, mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla».

(LaIguana.TV)