El gobierno de los Estados Unidos envió $656 millones a Venezuela entre los años 2017 y 2019, destinados a ayuda humanitaria, según documentos oficiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en ingles). Pero no se sabe cómo las ONGs que recibieron estos recursos los aplicaron en la práctica.
Luego de algunos informes de corrupción hechos por la prensa, la Asamblea Nacional de Venezuela creó una comisión para investigar lo sucedido. Se sospecha que ONGs dirigidas por activistas políticos cercanos a Juan Guaidó reciban fondos donados para ayuda humanitaria e invierten en actividades políticas, capacitación de jóvenes líderes, eventos, campañas públicas contra el gobierno, financiamiento de medios opositores, cursos para periodistas y otras actividades que escapan a la función de la asistencia humanitaria.
Además, reportajes publicados en los Estados Unidos indican que el gobierno de ese país usa la USAID para financiar políticas contra el gobierno de Venezuela. Sin embargo, la USAID niega haber dado dinero a Juan Guaidó, pero asume que paga los gastos para el líder de la oposición y la Asamblea Nacional (AN). «El gobierno interino [de Juan Guaidó] no administra ningún programa o fondo de la USAID, en algunos casos la USAID paga reembolsos, costos de viaje y gastos a asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó, a través de fondos de asistencia».
El negocios de las ONGs
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela está investigando más de 200 ONGs, según el presidente de la Comisión de Investigación, diputado José Brito, del partido opositor Primero Justicia. «Aquí podemos destacar algunas de las investigadas, como Ciudadania Activa, Espacio Público, Foro Penal, Redes Ayudas, Súmate, Fundación Futuro Presente, Rescate Venezuela, Cedice-Atlas-Libertad, entre otras», señala el diputado.
La ONG Espacio Público, por ejemplo, está dirigida por el activista opositor Carlos Correa y está siendo investigada por presunto mal uso de la ayuda humanitaria para financiar el sitio editorial opositor Crónica Uno. En su sitio web, Crónica Uno dice que este medio «es una iniciativa de Espacio Público».
Brito dijo que los documentos apuntan a que Espacio Público recibió dinero de la USAID destinado a la ayuda humanitaria, pero que no presenta proyectos en esta área. Además, documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos en el año 2015 muestran que esta ONG es financiada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), que recibe fondos de la USAID, por la Freedom House y por la misma USAID.
Pero, Crónica Uno no es el único medio de comunicación sospechoso de recibir fondos de la emergencia humanitaria. “Hay muchos medios financiados por ONGs que se beneficiaron de la ayuda humanitaria. Actualmente estamos investigando cuatro medios, incluida la página de noticias La Patilla”, dice Brito. La Patilla se encuentra entre los sitios de noticias más grandes de Venezuela y está dirigida por el empresario Alberto Federico Ravell, quien también se desempeña como director de comunicación para la oficina de Juan Guaidó y el Centro Nacional de Comunicación (sitio web del «gobierno interino» de Guaidó).
La Fundación Futuro Presente está siendo investigada por sospecha de uso de recursos humanitarios en actividades de partidos políticos. Esta ONG fue fundada en 2008 por el líder político Yon Goicoechea, del partido Voluntad Popular. En 2014, esta fundación abrió una sucursal en el estado La Florida, en los EEUU, donde se registró como una corporación con fines de lucro. Al igual que Súmate, que también está registrada como una corporación en los EEUU.
El presidente del comité de Contraloría explica por qué esta fundación está en la mira de la investigación. “Un nombre que aparece en nuestras investigaciones es el de Yon Goicochea, líder del partido Voluntad Popular y un hombre cercano al líder de ese partido, Leopoldo López. Goicochea recibió una gran cantidad de dólares de la USAID y tendrá que explicar el propósito y en qué invirtió todo ese dinero”, dice José Brito. Leopoldo López es uno de los principales líderes de la oposición venezolana y el padrino político de Juan Guaidó.
Un documento interno de la USAID, publicado en las redes sociales por el bloguero venezolano Alek Boyd, muestra que Futuro Present Foundation recibió dinero del fondo de Agricultura y Seguridad Alimentaria de la USAID en 2019. Según Brito habría sido de alrededor de $ 10 millones.
Sin embargo, en su sitio web, la fundación no registra ninguna actividad en el área de la agricultura y la alimentación. La naturaleza de los proyectos que desarrolla es diferente: «La Fundación Futuro Presente desarrolla el programa de capacitación más trascendente para jóvenes líderes de Venezuela», dice el sitio web. Programa este que nada tiene que ver con ayuda humanitaria.
Esta misma ONG fue mencionada por el ex militar venezolano, el ex capitán Antonio Sequea, arrestado por participar en la incursión de mercenarios en territorio venezolano, el 3 de mayo, conocida como Operación Gedeón. En su testimonio, Sequea dijo que durante el período de entrenamiento los mercenarios habrían recibió fondos de la Fundación Futuro Presente para pagar alquiler de casas y carros en territorio colombiano.
Otra ONG venezolana que aparece en un documento de USAID es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice-Atlas-Libertad) y también recibió dinero del fondo de Agricultura y Seguridad Alimentaria. Al igual que la Fundación Futuro Presente, la ONG Cedice ofrece cursos de liderazgo para jóvenes, en su mayoria de la clase media. En el programa de enseñanza, describe uno de los cursos. “Cedice Joven: grupo de jóvenes que comparten la idea de una sociedad libre. Entre las actividades están: Círculo de lectura Bastiant para debatir, reflexionar sobre el liberalismo y la cultura liberal”. También organiza cursos para periodistas, cuyo enfoque son las «teorías y doctrinas económicas del sistema de economía libre». Nada en el área de agricultura y alimentación, ni ayuda humanitaria.
Reportajes de medios venezolanos muestran que entre 2009 y 2015 Cedice ya había recibido financiación y asesoramiento del Centro para la Empresa Internacional Privada de los Estados Unidos (CIPE), que es un brazo comercial del Departamento de Estado y sus entidades financieras. De igual manera recibió recursos de National Endowment para la democracia (NED) y de la USAID. NED es una ONG creada y financiada por el Congreso de los Estados Unidos, según información oficial del gobierno de ese país. Funciona como una agencia gubernamental, a pesar de tener el estatus de ONG.
Entre los directores de Cedice se encuentra el ex banquero Oscar García Mendoza, nombrado vicepresidente de la ONG. Mendoza fue presidente del Banco Venezolano de Crédito y es señalado como intermediario en las negociaciones entre las ONGs venezolanas y organizaciones como la NED y USAID, según un artículo de 2014 publicado en el sitio web Aporrea.
En los EEUU, Cedice es socia de la think thank Cato Institute, una institución de educación liberal cuya misión es capacitar a “futuros líderes, pensadores, abogados y partidarios del movimiento liberal, promoviendo así los principios de libertad individual, estado mínimo, libre mercado y la paz». En Venezuela, las dos instituciones fundaron la Universidad Cato-Cedice, ubicada en una zona rural en los afueras de Caracas.
Según su sitio web, Cedice está patrocinado actualmente por el Instituto Atlas, de los Estados Unidos, financiado por los hermanos David y Charles Koch, multimillonarios del sector petrolero. Además, Charles Koch ayudó a fundar diferentes organizaciones, como el propio Cato Institute, el Institute for Humane Studies y el Bill of Rights. Y como todo está interconectado, el Cato Institute es quien otorga el Premio Milton Friedman todos los años y se lo otorgó a Yon Goicoechea en 2008. El líder de Voluntad Popular recibió $500 mil y fue con este recurso que creó la Fundación Futuro Presente.
Cedice igualmente es socia de otra organización, la ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), cuya misión principal es «liderar campañas de sensibilización internacional sobre la situación en Venezuela», dice el sitio web de UMSM.
UMSM es una de las principales ONGs financiadas por el gobierno de EEUU y recibe fondos de USAID y NED, según el profesor estadounidense Tim Gill de la University of North Carolina Wilmington. «NED y USAID han apoyado continuamente a los partidos de oposición y las ONGs alineadas con la oposición, como Un Mundo Sin Mordaza y Cedice».
No bastara lo presentado hasta ahora, una nueva denuncia cayó sobre otra persona cercana a Guaidó, la semana pasad. El director para América Latina de la ONG Project Cure, Marvin Autry, dice haber entregado en total de $25 mil al activista Voluntad Popular, Lester Toledo. El dinero era para pagar el envío de un contenedor lleno de suministros y equipos médicos, avaluado en $500 mil, y que sería donado a la Clínica San Rafael Home, en la ciudad de Maracaibo (estado venezolano de Zulia).
Autry presentó una queja formal y presentó un comprobante de depósito en la cuenta de la empresa presentada por Toledo: V and Sons Supply. Sin embargo, la carga nunca fue retirada del almacén en Houston, donde ha estado almacenada durante un año y cuatro meses. Toledo es el coordinador internacional de la organización venezolana Coalición Ayuda y Libertad, creada por el propio Juan Guaidó para recaudar fondos para la ayuda humanitaria.
¿USAID financia a la oposición venezolana?
El profesor Tim Gill dice que en su investigación descubrió que la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), un departamento de la USAID, ayudó a organizar grupos de oposición en Venezuela con la ayuda de empresas contratistas e subcontratadas. La jugada está en que al dejar la línea de frente con contratistas estas actividades ya no están sujetas a la Ley de Libertad de Información de los EEUU, lo que significa que no habrá desclasificación de documentos en el futuro.
“Estados Unidos apoyó a los partidos políticos de la oposición venezolana durante todo el gobierno de Hugo Chávez y continúa apoyándolos en la actualidad. Ayuda a organizar talleres para formación de líderes de partidos, sobre temas como el desarrollo de plataformas políticas, seminarios con periodistas y contacto con jóvenes votantes”, informa Gill. El investigador es una referencia en el estudio de las relaciones exteriores de Estados Unidos con Venezuela y es columnista en el periódico The Washington Post.
Tim Gill entrevistó a empresarios, ex contratistas de la USAID en Venezuela y ex empleados de la USAID en los Estados Unidos. Un ex contratista señaló quiénes eran los interlocutores en el sector político opositor de Venezuela. «Los personajes clave con quienes habló USAID / OTI fueron [diputado actual] Freddy Guevara y Yon Goicoechea, de Voluntad Popular».Cuando Gill le preguntó a un miembro de alto nivel de la USAID sobre el trabajo de OTI en Venezuela, el ex funcionario explicó que OTI es una especie de «fuerzas especiales en la comunidad de asistencia [humanitaria] para promover la democracia». Otro funcionario de la agencia estadounidense dijo a Gill que la USAID envía dinero a los opositores venezolanos «porque esa fórmula es más rápida que obtener recursos a través de los canales tradicionales».
“USAID y NED trabajaron con grupos de estudiantes venezolanos y organizaciones comunitarias sobre el terreno para aumentar el apoyo a la oposición. USAID también subcontrató al grupo privado Development Alternatives, Inc (DAI) para llevar a cabo sus proyectos en el terreno en Venezuela”, destaca Tim Gill.
La DAI es una vieja conocida del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta empresa multinacional especializada en «proyectos de reconstrucción» fue contratada para llevar a cabo grandes proyectos en Irak, después de la invasión militar estadounidense, en 2003.
Para tratar de entender qué está por detrás de estos recursos de ayuda humanitaria, el reportaje habló con uno de los expertos más reconocidos en derecho internacional humanitario, el profesor Alfred de Zayas, suizo y norteamericano. Con dos doctorados en derecho de la Universidad de Havard, Zayas es profesor en la Escuela de Diplomacia de Relaciones Internacionales de Ginebra (Suiza), un experto independiente en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2012 y 2018.
Para el profesor, las ONGs que llevan a cabo actividades de capacitación de liderazgo, que han financiado los medios de comunicación o los partidos políticos no deberían recibir dinero de los fondos de asistencia social. “El uso del término ayuda humanitaria en este caso es de mala fe. Estamos en el campo de la propaganda política. Hacer uso político de estos recursos es ir en contra del verdadero significado del trabajo humanitario”, destaca Alfred de Zayas.
El experto criticó el papel del gobierno de los Estados Unidos en el financiamiento de estas ONG. “Esto no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria. Porque la ayuda humanitaria no es para derrocar a los gobiernos, sino para ayudar directamente al pueblo. Si los Estados Unidos quieren ayudar a Venezuela lo primero que deben hacer es levantar las sanciones económicas contra este país”, dijo Zayas.
Este esquema de corrupción alrededor de la ayuda humanitaria, sin embargo, no es exclusivo de Venezuela, garantiza Alfred de Zayas. «NED y USAD han instrumentalizado la ayuda humanitaria en todo el mundo, no solo para beneficiar a sus aliados, sino también para tener un sistema de chantaje. Una vez que estos actores políticos estén involucrados en este esquema ya no pueden escapar de su juego político».
El gobierno de Estados Unidos, a pesar de afirmar que hay una crisis humanitaria en Venezuela, aún no ha sido claro en lo que está invertida la ayuda humanitaria que envía a Venezuela. La NED, por ejemplo, financió 42 proyectos en Venezuela, pero ninguno de ellos está vinculado a la asistencia humanitaria, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos argumenta que Venezuela está experimentando una crisis humanitaria.
«Es más rentable tener una ONG que una empresa»
La ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, es el paraíso de las ONGs que han convertido la ayuda humanitaria en un negocio multimillonario, según el diputado José Brito. “Durante las primeras investigaciones de la investigación, me sorprendió lo que dijeron algunas personas en Cúcuta. Muchos venezolanos nos dijeron que era mejor abrir una ONG que tener una empresa, porque era recibir dinero fácil justificando que ayudara a los inmigrantes venezolanos en la frontera”.
La investigación señala que, en la mayoría de los casos, el dinero destinado a estas ONG ni siquiera ingresa a Venezuela. Operan con cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos. Además, Venezuela es el único país de América Latina donde la USAID no informa qué organizaciones recibieron sus fondos, solo especifica los fondos de los que provino el dinero. Todo esto dificulta la investigación.
Otro problema para rastrear los recursos es que los fondos de la USAID y de la NED no se transfieren directamente a las ONGs, sino que utilizan a otras organizaciones como intermediarios. Entre los más recurrentes se encuentran el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Internacional Republicano (IRI), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Freedom House, todos estadounidenses, y la Fundación Española para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). NED utiliza el Centro Internacional de Empresas Privadas (CIPE) de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), del sector empleador industrial; el Instituto Nacional Democrático de Asuntos Internacionales (NDIIA), asociado con el Partido Demócrata, e IRI, asociado con el Partido Republicano.
El director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, Wilfredo Cañezalez, explica cómo funciona el esquema de las ONGs. La fundación que él dirige no tiene vínculos con la USAID ni con recursos de ayuda humanitaria. Su especialidad es la defensa de los derechos humanos, pero sigue de cerca el movimiento de las ONGs venezolanas en la frontera.“La inmigración de venezolanos y el tránsito de estos inmigrantes a otros países han convertido a Colombia en un gran negocio, no solo para pequeñas ONGs, sino también para empresas y grandes ONGs que tienen contratos de alto valor con organizaciones internacionales, para dar el supuesto apoyar a la población inmigrante «, dice Cañezalez.
La principal fuente de corrupción está en los contratos para proporcionar kits de alimentos e higiene a los inmigrantes que cruzan el Puente Internacional Simão Bolívar todos los días, según Cañezalez. “Estas ONGs proporcionan alimentos, materiales de higiene personal y apoyo de transporte. Son grandes contratos. Puede cobrar hasta 30 mil pesos colombianos ($8) para entregar un simple sándwich de mortadela y queso. Hay una red de corrupción que gira en torno al sobreprecio”, explica.
Para justificar a los financiadores la entrega de estos productos, toman fotos de las personas que reciben los kits. Sin embargo, esto no significa que todos sean inmigrantes, ya que esta es la frontera más «caliente» del continente, después de Tijuana, México. Antes de la pandemia, alrededor de 35 mil personas se mudaron entre Cúcuta y São António de Táchira, una ciudad fronteriza en el lado venezolano. La mayoría cruza la frontera por la mañana para comprar o trabajar y regresa por la noche, según los funcionarios locales.
El plan principal es conseguir un contrato con organizaciones internacionales, como la USAID, según el director de la Fundación Progresar. “Aquí sabemos que para tener acceso a un gran contrato con una organización internacional, para proporcionar alimentos a los inmigrantes, hay que pagar una comisión. El porcentaje varía entre el 30 y el 40% del valor del contrato y debe pagarse a los líderes de la oposición venezolana, que cobran por la intermediación. Aquí, había opositores venezolanos cobrando hasta el 50% del valor del contrato”.
Esta información también es mencionada en un documento de la Asamblea Nacional de Venezuela proporcionado al informe por fuentes independientes. El documento interno informa lo siguiente: “Uno de los puntos [a investigar] tiene que ver con el caso de las ONGs que recibieron dinero de la USAID, así como el 30% de las comisiones [pagadas] a los implementadores, con la presentación previa de los proyectos. Otro punto es la intermediación del señor Alejandro Plaz Castillo, quien apareció como el enlace entre la USAID y las ONGs, para la presentación de proyectos y la obtención de los recursos”. Alejandro Plaz Castillo es director de la ONG Súmate.
Para José Brito, muchas ONGs han perdido de vista el propósito humanitario de los recursos donados para mejorar la vida de los venezolanos. «Tener una ONG que recibe recursos de organizaciones internacionales se ha convertido en un negocio multimillonario, especialmente para una estructura política que defiende públicamente la idea de que está luchando por los venezolanos».
No se ve a las ONGs que operan en la frontera que sirven a inmigrantes venezolanos en Colombia, dice Orlando Bantran, director de la fundación Banquete del Bronx, que sí atiende a venezolanos. “Ninguna ONG que controla los recursos de ayuda humanitaria ha asumido la responsabilidad de servir a estos migrantes que están en tránsito en Colombia. Servimos entre 400 y 600 personas, que pasan diariamente en la carretera entre Bogotá y Cúcuta”, dice Orlando Beltrán. Sin embargo, esta ONG no recibe fondos de la USAID. «Recibimos donaciones de particulares, propietarios de pequeñas empresas y amigos», dice Beltrán.
Los inmigrantes venezolanos actualmente caminan miles de kilómetros para regresar a Venezuela debido a las dificultades económicas causadas por la pandemia del covid-19. En este camino necesitan asistencia médica, transporte, refugio y comida. Banquete Del Bronx y la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) son los únicos que brindan este tipo de asistencia en este momento.
Los recursos para 2020 se han multiplicado
La Unión Europea también celebró una conferencia de donantes el 26 de mayo. Se recaudaron 595 millones de euros de donantes públicos y privados, una cifra que la Unión Europea y España aumentaron a 2,54 mil millones, teniendo en cuenta los préstamos y otros tipos de ayuda financiera que estarán disponibles para esta crisis.
Para ese año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó $400 millones para asistencia humanitaria en Venezuela y otros $17 millones para «actores políticos democráticos y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela».La jefa del Departamento de Estado, Maike Pompeo, dijo en mayo que la administración Trump hará una donación de otros $200 millones. Y hay otros $100 millones, destinados por donantes internacionales, en una conferencia de donantes en febrero de este año. Eso significa que solo se enviarán $717 millones.
(LaIguana.TV / Fania Rodrigues, periodista de la Revista Fórum de Brasil)
