La semana próxima se iniciará el juicio con el cual el Banco Central de Venezuela (BCV) pretende recuperar el oro venezolano que permanece en custodia en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) y que la entidad financiera se niega a devolver al Estado venezolano, alegando que el presidente del BCV, Calixto Ortega, carece de autoridad para formular el reclamo, en vista del reconocimiento que le otorgara el gobierno de Boris Johnson a Juan Guaidó.

Según Reuters, en las bóvedas del BOE reposan «1.700 millones de euros en lingotes de oro» pertenecientes al tesoro venezolano y la justicia inglesa decidirá a qué instancia devolverá los lingotes, si bien a finales de mayo el juez de la causa adelantó que no se espera un fallo «hasta agosto o septiembre».

El Gobierno Bolivariano está intentando recuperar esas riquezas desde hace más de una década y el último intento inició en diciembre 2018, cuando Ortega viajó a Londres para definir la logística de la entrega con funcionarios del BOE, le dijo a la agencia Sarosh Zaiwalla, un abogado asentado en esa ciudad y que está representando al BCV en la corte.

Sin embargo, la reunión no produjo el resultado que Venezuela esperaba, toda vez que «los funcionarios del BOE le dijeron a Ortega que no podían aceptar sus instrucciones ya que había un problema con su autoridad», reseña Reuters aludiendo a unas declaraciones de Zaiwalla.

A lo anterior, se sumó que en febrero de 2019, Gran Bretaña se plegó a postura de Juan Guaidó y sus aliados, quienes acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de pretender hacerse con el oro venezolano para «pagarle a sus aliados», una postura que se comparece con la sanción que le impusiera el Departamento del Tesoro al BCV en abril de ese mismo año, aduciendo que Maduro usaba el ente para «saquear» los activos venezolanos y «enriquecer a los corruptos».

Por su lado, desde su autoproclamación, Juan Guaidó ha intentado hacerse del control del dinerosdel Estado venezolano en el extranjero y, en buena medida, lo ha conseguido amparándose en la permisividad de los gobiernos que dicen respaldarlo y de las propias instituciones financieras asentadas en esos países.

Desde entonces y en complicidad con José Ignacio Hernández, a quien designó como «Procurador Especial», Venezuela ha perdido el control de los recursos del BCV depositados en cuentas de bancos estadounidenses y europeos, amén del control de sus empresas Citgo y Monómeros, las dos más importantes de cuantas posee el país allende sus fronteras.

Hernández, quien ejerció como asesor legal de la canadiense Crystallex y la estadounidense Conoco Phillips, ha sido una pieza fundamental en este proceso de apropiación irregular de los activos venezolanos en el extranjero, como consta en las denuncias formuladas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el pasado 18 de junio y que involucran al director del Banco Mundial, David Massen.

En congruencia con estos procederes, el propósito de Juan Guaidó y sus colaboradores es ir en pos del oro resguardado en el BOF. «El equipo del dirigente opositor le pidió a la corte inglesa que determinara quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro», reconoce Reuters, mientras que el BOF parece estar respaldando tácitamente esta postura, al exigirle al tribunal que determinara a quién debían consignar el oro, si al BCV o a la junta ad hoc designada irregularmente por Guaidó.

Por su lado, las autoridades del BCV indicaron que los recursos serán usados para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y que serán gestionados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), algo que el ente confirmó, aunque el director regional latinoamericano aclaró que el compromiso de esa agencia únicamente seguiría un «acuerdo formal» «entre el BCV y el BOE», subrayó la agencia de noticias.

El asunto llegó a los tribunales ingleses luego de que el BOE se negara a cumplir con la solicitud del Gobierno Bolivariano. Este, a través de Zaiwalla, demandó al ente financiero por privar al BCV de recursos indispensables en medio de una «emergencia nacional y global».

«Eso es lo peor que una nación puede vivir. No tiene ingresos, no tiene capacidad de hacer caja y los fondos que tiene depositados afuera no los puede movilizar», le declaró Ortega a Reuters a fines de mayo.

Así, mientras que Juan Guaidó y Hernández alegan que el tribunal debe fallar a su favor porque el gobierno británico reconoce al primero como gobernante «interino» de Venezuela, la representación del presidente Nicolás Maduro arguye que controla el Estado venezolano y que Gran Bretaña reconoce a su embajador, no a Vanessa Neumann, designada como «representante» de Guaidó en ese país.

(LaIguana.TV)