Desde la llegada del SARS-CoV-2 al país a mediados de marzo, se han contabilizado 5.832 casos –equivalente a 205 por millón de habitantes, según el portal especializado Worldometers–, una cifra relativamente baja, si se le compara con la de los países de la región.  Sin embargo, 4.322 de estos casos –el 74%– se identificaron entre el 01 y el 30 de junio y de los 51 decesos, 37 tuvieron lugar durante el último mes. 

Lo anterior da cuenta de un cambio sustantivo en el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en Venezuela, que en los pasados dos meses y medio causó el fallecimiento de solo 11 personas, mientras que el número de casos apenas sobrepasaba los 1.500.

Sin dudas, un factor decisivo en este incremento del número de casos y de decesos, fue la decisión del Gobierno venezolano de mantener abiertas las fronteras para que connacionales provenientes de países vecinos –principalmente de Colombia y Brasil, y en menor medida de Ecuador, Perú y Chile– pudieran retornar. 

Para atender a los venezolanos que regresan y prevenir la diseminación indiscriminada del virus, el Ejecutivo decidió implementar en los pasos fronterizos una instancia de atención denominada Puntos de Atención Integral (PASI), en los cuales los compatriotas son evaluados por equipos médicos, los casos positivos se aíslan y se recluyen en centros de salud y se proscribe una cuarentena de entre 14 y 21 días, antes de que reciban autorización para retornar a sus hogares. 

Empero, la capacidad de atención de estos lugares es limitada y forzosamente hubo de imponerse límites a la cantidad de personas recibidas diariamente. 

Lamentablemente, esta previsión, aunada al desespero de quienes llevan semanas caminando, después de haber sido echados a la calle y estar expuestos a la infección, producto del descontrol de la Covid-19 en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú o Chile, abrió las apetencias de los llamados «trocheros», comerciantes de la tragedia que por un «módico precio en divisas», cruzan a los viajantes a través de los muchos pasos ilegales presentes en las extensas fronteras venezolanas. Eso y la reticencia a cumplir con el confinamiento.

De acuerdo con declaraciones emitidas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el pasado 27 de junio, los llamados casos importados representan el 73%. En otras palabras: aproximadamente 3 de cada 4 personas que han sido diagnosticadas con Covid-19, adquirieron la enfermedad en el extranjero. 

Si se consultan las estadísticas oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Apure (1.190), Zulia (1.033), Táchira (705) y Bolívar (675), todas entidades fronterizas, encabezan la lista de infecciones y justamente es a través de estas entidades que se producen los ingresos irregulares de venezolanos a su propio país. 

En Zulia, segundo estado en número de infectados, la labor de los trocheros a través del corredor Wayuú, trajo como consecuencia la aparición de un foco en el mercado de Las Pulgas, ubicado en la capital de la entidad y cuyo efecto se ha extendido a estados vecinos como Lara, Mérida y Trujillo. 

Actualmente, se trata del más activo del país y a él ha estado vinculada una importante proporción de los casos comunitarios anunciados durante el mes de junio, pero no solo. 

En Miranda y Distrito Capital, que acumulan respectivamente 528 y 401 casos, la mayor proporción de ellos son de origen comunitario, aunque el aumento de casos se sucedió a una violación de la cuarentena por parte de venezolanos retornados: alojados en un hotel, recibieron visitas de familiares y salieron de paseo. Una receta asegurada para el desastre.

Por otro lado, el 5 de junio, las autoridades anunciaron el inicio del plan de flexibilización 7+7, que plantea una semana de actividades en 24 sectores económicos priorizados, seguidos de siete días de confinamiento estricto y si bien los municipios fronterizos estuvieron excluidos desde el inicio de la medida, las precauciones no parecen haber bastado. 

Durante el parte diario correspondiente al sábado 27 de junio, Delcy Rodríguez informó que 10 entidades se mantendrían bajo cuarentena estricta, incluyendo los municipios fronterizos y el Eje Metropolitano de la ciudad de Caracas, mientras que en el resto del país regiría la semana de flexibilización.

En el caso de las grandes connurbaciones, como la capital, mantener la distancia social puede resultar todo un desafío, especialmente dentro de las unidades de transporte público y en los negocios de expendio de mercancías esenciales, y si bien la mayor parte de las personas porta el tapabocas, éste no basta para evitar nuevos contagios. 

Adicionalmente, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro comunicó que se focalizarán los diagnósticos casa por casa en las entidades más afectadas por la pandemia y se implementarán jornadas de distribución de alimentos subsidiados a través de los CLAP.  

Hasta el momento, el portal Worldometers reporta que Venezuela ha realizado 1.240.181 pruebas diagnósticas de Covid-19. y según la misma fuente, el país también registra una de las tasas de decesos más bajas de la región, equivalente dos fallecidos por millón de habitantes o, lo que es lo mismo, el 0,009% de los casos. 

En esta baja mortalidad parece tener incidencia la edad de las personas que se han contagiado: el 59% (3.440) tiene entre 20 y 49 años, lo que, en general, está asociado a un mejor estado de salud, a la ausencia de afecciones causantes de complicaciones y a la capacidad que tiene el cuerpo para hacerle frente a la enfermedad. 

(LaIguana.TV)

Comentarios Facebook