Recientemente se supo que tres mercenarios estadounidenses, bajo la aprobación del Gobierno de Colombia, participaron en labores de asalto y tácticas de guerra en territorio neogranadino, para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP). Estos fueron detenidos por las fuerzas rebeldes tras fracasar en su operación armada.
De acuerdo a un reportaje escrito por el periodista Joshua Goodman para la agencia estadounidense The Associated Press (AP), los «tres contratistas de defensa estadounidenses» estuvieron retenidos durante cinco años» por las Farc-EP.
El grupo guerrillero, que lucha por un cambio político en Colombia, capturó a los mercenarios estadounidenses que habían sido contratados por la empresa privada de «defensa» Northrop Grumman.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados en 2003, luego que su avión fuera -supuestamente- derribado por el grupo rebelde. En el incidente murió otro mercenario, el piloto de la aeronave, Tom Janis.
Según los mercenarios ese día estaban realizando un vuelo que «monitoreaba el tráfico de drogas», un argumento utilizado por más de 30 años por los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia para justificar la guerra armada en territorio neogranadino y a su vez proteger a los cárteles del narcotráfico que envían toneladas de cocaína a Estados Unidos con apoyo de la CIA y la DEA.
Cinco años después, los mercenarios fueron liberados -ya hace 12 años- por el grupo rebelde junto a la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt.
Ya en Estados Unidos, los mercenarios procedieron a realizar una demanda contra un empresario venezolano identificado como Samark López, quien supuestamente tiene vínculos con el Gobierno de Venezuela, y en 2017 -como parte de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país suramericano para tratar de asfixiarlo y bloquear su acceso a bienes y servicios fundamentales para la población- fue sancionado y colocado en una lista negra al catalogarlo como narcotraficante, colaborador de terrorismo y de la supuesta corrupción gubernamental.
En ese sentido los tres mercenarios han solicitado una indemnización por 318 millones de dólares por el daño ocasionado por sus antiguos captores, lo extraño del caso es que la suma la terminará pagando el mencionado empresario venezolano, cuyo dinero en Estados Unidos fue confiscado por las autoridades luego de inculparlo por los supuestos delitos que aún no se han corroborado.
En el mencionado reportaje de AP, se detalla que «el magistrado Clarence Thomas se negó a escuchar la apelación de emergencia presentada por Samark López, manteniendo la orden de una corte de apelaciones federal que entregó inmediatamente más de 53 millones de cuentas bancarias del empresario en Estados Unidos, que habían sido incautadas previamente, mientras se resuelve una disputa sobre un fallo de una corte menor».
«La decisión se dio a conocer este jueves 2 de julio en un reporte de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea los litigios relacionados con Venezuela. Los abogados de López depositan ahora sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el pasado martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las normas del Tribunal Supremo», agrega el despacho de AP.
En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a «narcotraficantes ligados a las Farc-EP», grupo rebelde que está en la lista de grupos terroristas, según la conveniente posición de Estados Unidos, que también asegura que el actual Gobierno venezolano es un cártel de drogas sin tener pruebas que lo demuestren.
Escribe Joshua Goodman que los tres mercenarios «no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald J. Trump promulgó discretamente en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidrogas».
La nueva normativa permitió que los hombres fuesen tras los activos de López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami.
Según Goodman, «López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las dos últimas décadas de mandato socialista».
López, agrega Goodman, «fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como ‘capo de la droga’ junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien ahora funge de ministro de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos».
«Pero los vínculos entre López y las Farc son tenues en el mejor de los casos», dice Goodman citando a su defensa, en la que está Dick Gregorie, un exfiscal de Miami con un largo historial de encarcelar a narcotraficantes.
«El año pasado, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos de la acusación — entre los que había un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos — afirmaron que López solo tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las Farc a mover cocaína a través de Venezuela«, subraya Goodman.
Las FARC no fueron mencionadas directamente cuando se sancionó -de forma unilateral y sin pruebas- a López y a El Aissami en 2017, y los únicos cargos penales conocidos en su contra son por fletar vuelos privados en Estados Unidos violando las sanciones, no por narcotráfico.
Dallen dijo que si los tres hombres tienen éxito en su reclamo judicial, esto podría permitir a las víctimas de las Farc adelantarse a los acreedores venezolanos y a los oponentes del presidente Nicolás Maduro -entre ellos el lobby de Juan Guaidó y Leopoldo López- que buscan quedarse con los bienes supuestamente robados a través de la corrupción.
De hecho, el congreso estadounidense denunció recientemente que al menos unos 600 millones de dólares vinculados al dinero incautado a Venezuela, fue utilizado por la administración de Trump para construir parte de su muro xenófobo colocado en la frontera con México.
(LaIguana.TV)
