La encuestadora Hinterlaces divulgó resultados relacionados con el nivel de aprobación de la gestión gubernamental frente a la pandemia de Covid-19 en diez países de Latinoamérica.
Hinterlaces elaboró una comparativa combinando información proveniente de investigaciones por muestreo adelantadas por la empresa multinacional de investigación de mercados con sede en París, Ipsos; del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG); la consultora Trespuntozero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la propia Hinterlaces.
Los hallazgos obtenidos permiten clasificar a los países en tres grupos, según el nivel de aprobación ciudadana que tienen las políticas implementadas para contener la infección causada por el el SARS-CoV-2: aprobación alta, aprobación media y aprobación baja.
El primer grupo (aprobación alta) está conformado por naciones en las que al menos 7 de cada 10 ciudadanos valoran positivamente la gestión de sus gobernantes frente a la pandemia. Lo encabeza Argentina (79,5%) y le suceden Uruguay (77,8%), Paraguay (76,7%) y Venezuela (74%).
Vale la pena precisar que en este primer conglomerado, los gobiernos implementaron medidas tempranas para frenar el avance de la pandemia (cuarentenas, distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas), han garantizado el acceso gratuito a los servicios sanitarios a todos los afectados por Covid-19 y han realizado una gran cantidad de pruebas diagnósticas, lo que se corresponde con un número relativamente bajo de infectados y fallecidos, pese a que uno de los epicentros de la pandemia es Brasil, con el que todos los países del grupo comparten frontera.
En suma, se trata de gobiernos que en los que el Estado ha jugado un rol garantista y de protección de la ciudadanía, tanto de la que ha resultado infectada como de la que ha tenido que permanecer confinada durante largos períodos.
Por su parte, un segundo grupo lo conforman aquellos países en los que en aproximadamente 5 de cada 10 personas entrevistadas valoraron positivamente las acciones implementadas por los gobiernos de sus naciones para enfrentar la Covid-19, definiendo así un conglomerado en el que las políticas gubernamentales gozan de aprobación media. Ellos son: Colombia (54%), México (52,2%) y Perú (49%).
En esta agrupación se aprecia una clara polarización sobre las opiniones relativas a la gestión de los gobiernos de Iván Duque, Andrés Manuel López Obrador y Martín Vizcarra y en todos los casos, según cifras oficiales compiladas en el portal Worldometers, el número de afectados por la Covid-19 es elevado: Perú es el cuarto a nivel mundial, con 309.278 casos positivos, México, el noveno (268.008) y Colombia, el décimo noveno (124.494).
Si bien el gobierno de Vizcarra decretó la cuarentena obligatoria prontamente, la pandemia se expandió con rapidez, debido a la cantidad de personas que ejercen labores en el sector informal de la economía, particularmente en la capital del país, Lima, ciudad que concentra la mayor cantidad de casos. Pese al gran –y creciente– número de infectados, el país levantó el confinamiento el pasado 1 de junio.
En el caso de México, el gobierno tardó en adoptar medidas de contención y han abundado las noticias que refieren un colapso del sistema sanitario en distintas ciudades, no solamente por la ausencia de equipamiento efectivo, sino por el déficit de personal sanitario.
Por su lado, el gobierno de Duque en Colombia se debatió entre preservar la salud de la población y no detener la economía. Así, aunque decretó el confinamiento, no lo hizo al inicio de la crisis, a mediados de marzo, sino a principios de abril y con escasas garantías para los millones cuyos ingresos dependen del día a día.
Adicionalmente, las pruebas diagnósticas para la Covid-19 no son gratuitas y los más vulnerables carecen de acceso a los servicios médicos. También, desde la Casa de Nariño se han impulsado medidas como «un día sin IVA», que hizo que millones se abalanzaran a las calles a comprar artículos baratos, prescindiendo de cualquier protocolo sanitario.
El resultado de estas directrices insuficientes y contradictorias es que las zonas más empobrecidas de Colombia exhiben altas tasas de infección y agrupan la mayor parte de los decesos, sin que estas tendencias den muestras de relentizarse.
Por último, el tercer grupo lo constituyen aquellos países en los que los ciudadanos rechazan sin ambages las acciones de sus gobernantes –o la falta de ellas– para confrontar la pandemia. Está formado por Brasil (35%), Chile (27,3%) y Ecuador (14,7%).
Sin resquicio de duda, en este grupo –que a efectos de este trabajo hemos denominado con «aprobación baja»– la gestión de la pandemia ha sido valorada con justeza como caótica e insuficiente.
En todas estas naciones, los gobiernos despreciaron la letalidad de la enfermedad y se negaron a adoptar medidas sanitarias para frenar la expansión del SARS-CoV-2, aun cuando la cantidad de enfermos y fallecidos ya estaba en el orden de las miles de personas, aduciendo razones económicas, a lo que se suma que no garantizan la atención médica oportuna y gratuita a los afectados, pues se trata de países en los que el neoliberalismo se impuso sin reservas.
El Brasil de Jair Bolsonaro es el segundo país del mundo en cantidad de infectados y fallecidos (1.683.738 y 67.113, respectivamente), pero el mandatario –actualmente infectado– calificó la enfermedad de «gripecita», en numerosas ocasiones banalizó la mortandad que ésta dejaba a su paso, propició las aglomeraciones públicas y se negó en redondo a decretar siquiera cuarentenas parciales , pese a las advertencias que le hicieran gobernadores y alcaldes.
En Chile, bajo el liderazgo de Sebastián Piñera, la cuarentena tardó en llegar y se aplicó solamente en la capital, Santiago. Durante semanas, los chilenos tuvieron que exponerse al contagio y quienes se infectaron no siempre han podido ser atendidos en los centros hospitalarios, pues allí no existe un sistema público de salud, razón por la cual también han de cancelar las pruebas diagnósticas. Asimismo, habitantes de sectores populares han salido a protestar contra el gobierno, pero han sido duramente reprimidos por la policía, sin consideración alguna.
Finalmente, el gobierno peor valorado en términos de su ejercicio frente a la crisis generada por la pandemia de Covid-19, es el de Lenín Moreno en Ecuador. Desde mediados de marzo hasta mediados de abril, dantescas imágenes de personas desplomándose muertas en las calles de Guayaquil, cadáveres pudriéndose dentro de las casas, hospitales colapsados, cadáveres en ataúdes de cartón y largas colas para disponer de los fallecidos por la Covid-19, recorrieron las redes sociales y mostraron la faz más oscura del neoliberalismo en este contexto sanitario.
Moreno, quien había heredado un robusto sistema de salud construido durante la gestión de su antecesor, Rafael Correa, lo desmanteló rápidamente producto de las exigencias que le hiciera el Fondo Monetario Internacional y al presentarse la pandemia, el Estado no contaba con una infraestructura mínima que le permitiera responder adecuadamente.
A lo anterior, se suma, como en los casos antes descritos, la ausencia de medidas garantistas y de protección en favor de las personas con menores ingresos o que trabajan en el sector informal de la economía, por lo que con o sin confinamiento formal, muchos no tuvieron otra alternativa que exponerse al contagio, en procura del pan.
En las últimas semanas, el drama de Guayaquil parece haberse trasladado a la capital, Quito, pero lejos de dar signos de haber aprendido de la terrorífica experiencia, el gobierno neoliberal de Lenín Moreno no ha hecho nada distinto, por lo cual, el resultado es de antemano conocido: tragedia.
(LaIguana.TV)
