El portal de investigación La Tabla difundió este miércoles detalles de
las compañías que el Proyecto Guaidó habilitó en los Estados Unidos para «administrar» los recursos del Estado venezolano en el extranjero, de cuyo control paulatino –bajo la égida de la Administración Trump y otros gobiernos supeditados a Washington– se han hecho sus miembros desde enero de 2019.
Las empresas fueron registradas con domicilio fiscal en el estado de Delaware y responden a los nombres de BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC. Según La Tabla, las iniciales «BRV» representan el nombre oficial del país en inglés, Bolivarian Republic of Venezuela.
La razón de esta elección domiciliaria es todo menos azarosa. Esta fuente indica que para obtener «absoluto anonimato» en Delaware, basta con que las compañías designen a un administrador, que hace las funciones de agente autorizado de los directivos.
Dichas opacidades
hacen de ese emplazamiento una suerte de paraíso fiscal en el que están registradas 1.100.000 compañías, si bien en esa entidad solamente habitan unas 950.000 personas, aporta La Tabla. «Solo una dirección, 1209 North Orange Street, del agente de registro Corporation Trust Company (CT), sirve de domicilio a 300.000» de ellas, añaden.
Se trata, por tanto, de una ubicación ideal para que el todavía parlamentario Juan Guaidó y su grupo manejen discrecionalmente –y bajo los dictámentes de la Casa Blanca– los activos de Venezuela de los que se apropiaron, algo que reconoce sin problemas la fracción minoritaria de la Asamblea Nacional (AN) que le respalda en su sitio web.
Al respecto, precisan que el gobierno de Estados Unidos «autorizó» la creación de estas empresas para «aplicar la Ley de Aseguramiento y Resguardo de Activos en el Exterior», así como para «manejar el Fondo de Liberación de Venezuela», constituido con base en esos activos de cuyo control se han hecho durante el último año y medio.
El grupo parlamentario pro-Guaidó también admite que la «transparencia de los procedimientos» estará a cargo de la OFAC –Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés–, una instancia dependiente del Departamento del Tesoro, ente responsable de imponer las sanciones sobre el gobierno y pueblo de Venezuela y que responde directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.
En La Tabla consideran que esto es indicio de que «las autoridades estadounidenses no confían en las competencias y desempeño de los funcionarios del Proyecto Guaidó», aunque la dependencia de los procedimientos a la legislación estadounidense también permite especular que la Administración Trump estaría garantizándose el eventual control de estos dineros venezolanos, usando como intermediarios a sus agentes locales.
En el documento aprobado por la minoritaria AN-Guaidó se establece que «el contrato con las dos empresas recién creadas asciende a 1,3 millones de dólares y finaliza el 31 de diciembre de 2020». Además,
este grupo tendrá a su disposición los 80 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Venezuela que estaban depositados en una cuenta de Citibank y que fueron transferidos irregularmente al Banco de la Reserva Federal meses atrás.
(LaIguana.TV)
