Este viernes, a través de un comunicado, Venezuela anunció la interceptación de una embarcación colombiana dentro del territorio venezolano, en el marco de las acciones defensivas contempladas en la operación Escudo Bolivariano y desmintió la versión del gobierno de Iván Duque, según la cual la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría retenido arbitrariamente a tres colombianos, mientras trasladaban «ayuda humanitaria» para pobladores indígenas donada por el «Consejo Noruego para Refugiados».
Al respecto, Caracas aclaró que «en el marco de la operación Escudo Bolivariano, la GNB realizando labores de patrullaje para detectar y combatir incursiones paramilitares y mercenarias desde Colombia, así como el contrabando de combustible y material estratégico, efectuó inspección a una embarcación presuntamente colombiana de nombre ‘Cejal I’ en el sector Caño Guzmán, en territorio venezolano».
La Cancillería precisó que durante la inspección, los tripulantes no pudieron ofrecer «documentación alguna que avalara la carga», compuesta, entre otros insumos, por «47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico, presuntamente cobre, y 38 tambores para transporte de combustibles que ocupaban el 80% de la embarcación». De allí que las autoridades decidieran trasladar tanto al navío como a los tripulantes a la cercana población de Maroa, para «realizar las indagaciones complementarias».
Sobre esto, invocando un reporte de la Armada Nacional, Bogota dijo ayer que «la embarcación con sus tres tripulantes fue retenida por parte de militares Venezolanos cerca a su lugar de destino en Puerto Colombia, siendo conducidos a la población venezolana de Maroa», sin corroborar la versión de Venezuela.
«Llama la atención al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que el Consejo Noruego para Refugiados y la Cruz Roja de Colombia pongan en riesgo la posible condición humanitaria de una carga al contratar transportes que en razón de la evidencia son indubitablemente usados con propósitos delictivos», advierte el documento publicado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
Colombia exigió «la liberación inmediata» de sus tres connacionales y acusó a Venezuela de interrumpir «una labor humanitaria en tiempos de pandemia», al violentar el «derecho a la libre navegación de los ríos comunes».
La solicitud fue rechazada por el Gobierno Bolivariano, pues «en virtud de la presunta comisión de delitos tipificados en las leyes nacionales, la embarcación y los tripulantes quedarán a las órdenes de los tribunales nacionales para los procesos de ley», reza el comunicado.
Por otro lado, ante la acusación de obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria, Venezuela manifestó «su disposición de entregar a la Cruz Roja colombiana o al Consejo Noruego para Refugiados», los insumos destinados a las comunidades indígenas del vecino país.
(LaIguana.TV)
