La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó este domingo que ocho personas, entre ellas varios dirigentes campesinos, fueron masacradas en una zona rural entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de Tibú, Norte de Santander, al noreste del país suramericano. 

«Requerimos atención urgente de los entes de investigación, así como atención inmediata para las víctimas y las numerosas familias que se han desplazado en la zona», señaló la Defensoría del Pueblo en twitter, tras llegar al lugar y verificar el «aterrador hecho».

A su vez, la Asociación Campesina de Catatumbo (Ascamcat) denunció que tras la masacre se ha intensificado el desplazamiento forzado, «en medio de la ausencia de las autoridades competentes, que brinden las garantías de seguridad» necesarias.

«Los pobladores denunciaron el temor a que los armados regresen y puedan generar más hechos lamentables», manifestó Ascamcat, que calcula que alrededor de 400 personas están abandonando la zona.

Al respecto, la Gobernación del Norte de Santander hizo «un llamado a los grupos violentos para que excluyan del conflicto a la población civil» y pidió «a las autoridades competentes esclarecer los móviles y hechos» que dieron lugar a esta masacre.

En la zona hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia (FARC) y bandas delictivas que se enfrentan por corredores para el narcotráfico.

Por su parte, Wilfredo Cañizares, defensor de los derechos humanos e integrante de la Fundación Progresar, denunció que «los paramilitares de Los Rastrojos tienen 8 años delinquiendo en la zona», pero la Policía regional todavía «no se ha enterado».

Los hechos fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que observa «con alarma» la violencia «sostenida» en diversos territorios de Colombia.

En ese sentido, insta al Estado a «investigar de oficio los hechos» y a «disponer las medidas de seguridad» necesarias para estas comunidades y sus lideres sociales.A esta condena se sumaron la ONG Human Rights Watch y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

Hasta el pasado mes de junio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había registrado el asesinato de 138 líderes y defensores de los derechos humanos, al igual que el de 35 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC.

(RT)

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