Este sábado, la Alcaldía de Caracas aclaró la situación que se vive en las Residencias Estudiantiles Livia Gouverneur, localizadas en Plaza Venezuela, luego de que circularan versiones por distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales que apuntaban hacia un desalojo arbitrario del espacio por parte de funcionarios de ese ente, acompañados por efectivos policiales y militares. 
 
Según la información oficial que le fuera comunicada a la periodista Érika Ortega Sanoja, corresponsal de la agencia de noticias RT en Caracas y quien se encargara de divulgar en su cuenta de Twitter, las declaraciones de la máxima instancia ejecutiva de la capital, precisó que el espacio funciona como residencia para estudiantes desde el año 2013 y se define como «un espacio transitorio para que estudiantes puedan desarrollar sus estudios en la ciudad de Caracas». Esto significa que se asume como un hogar transitorio para quienes en ella habitan, a fin de garantizar «la democratización del espacio a población estudiantil a nivel nacional». 
 
Asimismo, se precisa que, de acuerdo con una estadística de inicios de 2020, en el lugar residen 330 estudiantes provenientes de distintos estados del país y aclaran que, una vez decretada la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles y modalidades el pasado 16 de marzo en virtud de la pandemia de Covid-19, «241 residentes se movilizan a sus estados para cumplir con la cuarentena en sus casas. A finales de mayo, comienzos de junio, pernoctaban en las residencias 92 estudiantes». 
 
En la versión de la Alcaldía de Caracas se sostiene que los eventos que generaron la polémica iniciaron el pasado lunes 20 de junio, cuando una comisión conformada por funcionarios de la alcaldía y del Ministerio de Educación Universitaria, así como miembros del la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPsuv) se apersonaron en el sitio para reunirse con los voceros «oficiales» –uno por cada uno de los nueve pisos que tiene el edificio–, con el propósito de informarles que «el espacio de las Residencias Estudiantiles formará parte de los más de 130 espacios en Caracas que se han habilitado para atender la contingencia del Covid-19 en la ciudad». Adujeron que, para la fecha, en la ciudad ya se habían confirmado «1.600 casos». 
 
Asimismo, se indica que al día siguiente, cuando la comisión regresó para conversar con los residentes, no pudieron ingresar pues habían cambiado las cerraduras. Las autoridades refieren que luego de dialogar, finalmente se les permitió el acceso y se realizó «una asamblea con la vocería oficial, permitiendo escuchar las diversas comprensiones». 
 
Dicen que la reunión duró ocho horas, pero al caer la noche «se acercaron sujetos externos a las residencias (no residentes), generando un clima de tensión ante los estudiantes». La causa de esta tensión habría sido la preocupación que tendrían algunos de los habitantes de las Residencias Estudiantiles «por el resguardo de sus pertenencias», así como a dónde se dirigirían después de abandonar el espacio y si efectivamente podrían retornar, una vez superada la situación de crisis derivada de la pandemia. 
 
En el texto difundido por Ortega Sanoja, se asevera que los voceros solicitaron que se les garantizara el retorno al espacio, así como la aplicación de pruebas de despistaje para Covid-19. Sobre esto último, se procedió de inmediato y de las 92 pruebas rápidas aplicadas, 6 resultaron positivas. Ello obligó a implementar el protocolo de aislamiento en los residentes sospechosos de padecer Covid-19, a los que también les fue tomada la correspondiente muestra requerida para la prueba PCR. 
 
El 22 de julio, la Alcaldía reporta que se produjo una deslegitimación interna de las vocerías oficiales, erigiéndose en paralelo una vocería no-oficial cuyas demandas, empero, fueron escuchadas y algunos residentes manifestaron que estaban dispuestos a regresar a sus estados de origen, para lo cual contaron con la colaboración de la comisión.    
 
Ya para el jueves 23 de julio quedaban en el edificio unos 60 estudiantes y en la correspondiente reunión, los miembros de la comisión presentaron «el comunicado de la Alcaldesa de Caracas, en el que se manifiesta el compromiso de retornar el espacio de las residencias», pero señalan que «el documento, para algunos, no fue suficiente» e incluso añadieron nuevas peticiones, entre ellas, reservar «un piso para aquellos que no tenían dónde llegar o por motivos laborales».
 
No obstante, pese a los acuerdos previamente alcanzados, un grupo de «menos de 30 residentes» se negó en redondo a abandonar las residencias. «Para este día, ya se había llevado el acta compromiso, el despistaje, se pusieron rutas desde el martes (autobuses) para la movilización a sus estados, se habilitó un espacio para guardar las pertenencias», agrega la Alcaldía de Caracas. 
 
En ese contexto y atendiendo a medidas de bioseguridad, la comisión decidió realizar nuevamente una jornada de despistaje, en la que resultaron identificados como potenciales infectados con el SARS-CoV-2, 14 personas. 
 
Sin embargo, la conflictividad alcanzó otra vez niveles críticos cuando estos estudiantes, «al ser trasladados a los espacios de aislamiento, amenazaron al conductor que le escupirían en la cara si no se detenía». Inclusive, 11 de ellos saltaron del autobús y emprendieron el camino de regreso a las residencias, negándose a cumplir el protocolo de aislamiento». 
 
Al conflicto se sumaron terceras personas, no residentes ni estudiantes, que intentaron obstaculizar la labor de los profesionales sanitarios durante la realización de las pruebas.
 
En esta ocasión y por el riesgo que ello representaba, la tolerancia terminó y se les obligó a subir al vehículo en el que serían trasladados para cumplir con el aislamiento previsto en los protocolos sanitarios. 
 
Para el sábado 25, se sostiene que «todo está controlado», pues a la medianoche, «se encontraban solo 30 personas en el sitio, de los cuales se encontraron 14 casos positivos y se procedió a llevar a las 30 personas a un hotel para la realización de la prueba PCR y el respectivo protocolo». Las pertenencias de los residentes se resguardaron en un depósito habilitado para tales fines, después de levantar la correspondiente acta. 
 
Respecto de las versiones que circulan desde el inicio de la semana, la Alcaldía de Caracas denuncia que la situación tuvo una «amplia repercusión» en los medios alineados con la derecha local, ello con el fin de «generar caldo de cultivo en las redes sociales y que la acción debilitara al Gobierno Bolivariano». 
 
(LaIguana.TV)