Metieron preso a Uribe y al día siguiente Duque armó el plan para salvarlo: Sepa cuál es la trampa

Este jueves 6 de agosto, Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición 142 de su programa Desde Donde Sea a continuar profundizando en las reacciones que ha suscitado en Colombia la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fuera imputado por la Corte Suprema de ese país el pasado 4 de agosto por falsificación de testigos y fraude judicial, un tema que fuera abordado en la edición 140.

 

Asimismo, aprovechó la ocasión para invitar a la audiencia a conectarse mañana a las 7 de la noche para disfrutar de la disertación del filósofo Enrique Dussel, el principal representante de la corriente decolonial y a quien calificó como «uno de los pensadores más importantes de la historia de la Filosofía contemporánea». 

 

 

El experto comenzó su intervención precisando que al día siguiente de divulgarse la medida judicial en su contra, Uribe informó que se había contagiado de Covid-19, a partir de lo cual sus seguidores iniciaron una campaña de marketing político «bien montada», orientada a mostrarle como víctima, detrás de la que, intuye, están personajes expertos en propaganda negra que otrora colaboraron en las campañas políticas del uribismo, como J.J. Rendón. 

 

Pérez Pirela considera que «el uribismo, una vez más, prendió la máquina de la manipulación», «una vez más, trató de victimizar a Uribe» y en el camino se pretende cambiar la Constitución de 1991 o adelantar una reforma judicial que logre salvarlo del brazo de la justicia y de la cárcel, lo que representa un claro intento de obstrucción a la actuación de las instancias judiciales en Colombia. 

 

No obstante, enfatizó que si bien el Centro Democrático, el partido de Uribe, y sus aliados intentan evitar a toda costa que el exmandatario vaya a prisión, el proceso en su contra «apenas está empezando, incluso la Corte puede declararlo inocente» y el juicio, si prospera, apenas estaría en sus primeras etapas.

 

En este proceso judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez, recordó el analista, hay dos actores fundamentales: los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda y ambos se han pronunciado en las últimas horas en contra de la modificación que se le quiere hacer a la justicia colombiana para que se ajuste a las necesidades de Uribe. 

 

La propuesta llegó al senado de la mano de Paloma Valencia, miembro del Centro Democrático y una de las voces más vehementes en plantear el encarcelamiento domiciliario de Uribe como una injusticia: 

 

«Queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y que estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad: una sola Corte, que le permita unificación y claridad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian», dijo Valencia, añadiendo que esta iniciativa, para el uribismo «le devolvería a Colombia la dignidad de sentirse representada en la justicia».

 

En última instancia, puntualizó el también director de LaIguana.TV, «para cambiar el resultado de la Corte, el partido de Uribe plantea unificar todas las Altas Cortes en una sola».

 

La intervención de Valencia generó una respuesta contundente por parte del senador Gustavo Petro, quien acusó a Centro Democrático de promover la «destrucción de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la destrucción de la actual justicia colombiana». 

 

Adicionalmente, el dirigente del Polo Democrático Alternativo recordó que él mismo había propuesto el debate de la justicia contra Álvaro Uribe en 2007, que luego el senador Iván Cepeda –hijo de un senador de la Unión Patriótica que fue asesinado cuando se llevó a cabo la matanza sistemática de esos cuadros políticos, durante la década de 1980–, se encargó de profundizar.

 

En 2012, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema por presuntamente manipular testigos en su contra, pero durante la investigación afloraron evidencias de que no solamente Cepeda había sido falsamente injuriado por el ex primer mandatario colombiano, sino que además, él mismo había incurrido en aquello por lo que acusaba a su adversario.  

 

Así, Iván Cepeda –otro de los protagonistas en esta historia, en el criterio de Pérez Pirela– aseguró que Uribe debe responder por los graves delitos que se le imputan y que ello no puede «ser pasado por debajo de la mesa». 

 

Valoraciones aparte, pues muchos, incluyéndole, no estiman que Uribe está siendo procesado por los delitos más graves cometidos, para Iván Cepeda es inaceptable que se haya comprobado que sobornó a 22 testigos para que pronunciaran falso testimonio y que haya «tratado de engañar a jueces sistemáticamente». De allí que estime que la decisión de la Corte no es caprichosa ni fortuita, sino una obligación.

 

Asimismo, Cepeda criticó también la propuesta de reforma judicial presentada por el uribismo, asegurando que se trata de «la más antidemocrática que se puede proponer», en tanto sienta un muy mal precedente: si una institución toma una decisión que no le gusta a alguien poderoso, entonces se elimina la institución.

 

El reclamo del dirigente se extendió al presidente Iván Duque y a su partido, a quienes señaló de interferir en las decisiones judiciales, algo que para Pérez Pirela no es sorprendente pues «Duque es el autor de estas lógicas que tratan de obstaculizar la acción de la justicia colombiana».

 

Iván Cepeda también alegó que Uribe había perdido contra él en tres instancias distintas y que por tal razón, el juicio por los cargos que se le imputan debía iniciar sin más dilaciones y en la medida de lo posible, durante el confinamiento. 

 

 

El experto sostiene que en el uribismo y en Duque pervive una intención manifiesta, una voluntad de obstruir la justicia. De ahí que luego de hacerse pública la imputación de Uribe, Duque saliera a la luz pública e intentara pagar la deuda que tiene con su mentor –la presidencia de la República–, manifestándole su apoyo y solidaridad sin ambages y «sugiriéndole» a la justicia que debía permitirle ejercer su defensa en libertad. 

 

Amén de estas declaraciones que claramente contravienen sus límites como representante del Ejecutivo, el mandatario habló abiertamente de su intención de reformar el sistema judicial a través de «mecanismos expeditos» en lugar de por medio de un proceso constituyente, del que dijo que era legítimo, pero se traducía en un proceso «largo». 

 

De este modo, en parecer de Pérez Pirela se están comenzando a configurar un conjunto de acciones coercitivas en contra del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, con Iván Duque a la cabeza y desde el Legislativo, por medio de uribistas como Paloma Valencia, quien «propuso eliminar las tres cortes que conforman la rama judicial: la Corte Constitucional, la Justicia y el Consejo de Estado» y en su lugar, plantea crear una única corte con magistrados vitalicios.

 

A este respecto, rememoró que esta unificación de las cortes fue «uno de los fantasmas de Uribe durante su mandato», pues ya en 2009, cuando no estaba aprobada la reelección en Colombia, pretendió presentar su candidatura para otro período y le fue negado. En su momento, en el fallo de la instancia judicial se alegó que ceder a su demanda «representaría un atentado contra la democracia».

 

Frente a esta avanzada de presiones emprendidas por el uribismo desde los distintos frentes del Estado que controlan o en los que disponen de influencias reales, Petro, además de cuestionar ampliamente la propuesta de Duque verbalizada por Valencia, exhortó a proteger la Corte Suprema, mientras que Griselda Lobo, quien es senadora por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), ripostó en Twitter que «la constituyente que propone el uribismo es el paso definitivo hacia la dictadura abierta en Colombia».

 

Por su lado, Cepeda se dirigió directamente a Duque para recordarle que no era el abogado defensor de Álvaro Uribe y que en tanto jefe de Estado, su papel era velar por el funcionamiento adecuado de las instituciones y ser garante de la independencia entre los poderes públicos.

 

Paralelamente, en las calles de Colombia y en las redes sociales se llevaron a cabo disputas entre partidarios y detractores de Uribe. 

 

En el ámbito público, congresistas del Centro Democrático convocaron a una caravana para manifestarle su apoyo al mandatario y rechazar la decisión judicial, mientras que  detractores se concentraron en la Corte Suprema para celebrar la medida. La jornada se saldó con enfrentamientos entre ambos bandos, que se viralizaron en las redes sociales bajo la etiqueta #PásemeLaPistola, en alusión a la violencia del uribismo.   

 

La respuesta de quienes dirigen la campaña de victimización de Uribe no se hizo esperar y en una operación de marketing inusitada, se intentó comparar a Simón Bolívar y Uribe Vélez. Entre los que se sumaron a la etiqueta definida para la ocasión, estuvo la senadora Paloma Valencia, quien aseveró que Uribe había sido el presidente más importante que ha tenido Colombia en los últimos 100 años, con lo que además de víctima de una injusticia, es presentado ahora como un héroe, a la par del Libertador. 

 

Al lavado de cara se unieron algunos artistas colombianos que se han sumado a las campañas contra Venezuela, incluyendo aquellas en las que se defiende y justifica una invasión armada de nuestro país. Así, por ejemplo, refirió Pérez Pirela, el cantante Sebastián Yatra escribió en Instagram que «Uribe lo ha dado todo por nuestro país». 

 

Localmente, el todavía diputado Juan Guaidó se sumó a la lista de personajes que salieron en defensa del exmandatario colombiano y fue duramente criticado hasta por José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, un enemigo acérrimo de Venezuela y cuya Organización No Gubernamental realiza informes para justificar sanciones, bloqueos e invasiones de estados Unidos.

 

En el terreno simbólico, el sector que celebra el encarcelamiento de Uribe también posicionó etiquetas, pero a favor de la decisión de la Corte y en apoyo a la Constitución de 1991 y entre los comentarios que más contundentes al respecto, el analista político rescató el que escribiera el actor Erik Rodríguez, miembro del elenco de la serie Bolívar de Netflix, quien en un extenso mensaje manifestó su repudio por la forma de actuar del uribismo.

 

Asimismo, los usuarios de las redes también cuestionaron la cobertura sesgada de los acontecimientos por parte de la cadena Caracol, posicionando la etiqueta #NoMásNoticiasCaracol y el senador Gustavo Bolívar escribió en Twitter: «Brutal la lavada de imagen que los medios le están pegando a Álvaro Uribe. Un desequilibrio vergonzoso en la postura ideológica de los invitados. Inducen a las malas a que Colombia crea que la Corte cometió una injusticia. NO MIENTAN: Uribe está preso porque cometió delitos. ¡No engañen más!». 

 

Por su parte, el intelectual y analista argentino, Atilio Borón, señaló que la detención de Uribe derrumba el modelo de Washington, según el cual Uribe es el buen gobernante y Hugo Chávez y Maduro, no lo son. 

 

Pérez Pirela también comentó sucintamente un trabajo periodístico publicado por la BBC en el que se recoge el testimonio de León Valencia, un analista experto en el contexto colombiano que siguió a la firma de los  Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Estado, además de crítico de Uribe y el uribismo así como el de Rafael Nieto, un abogado y simpatizante del Centro Democrático. 

 

Valencia asevera que «durante muchos años privó un canapé republicano hasta que la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla rompió el pacto entre las élites», mientras que Nieto critica la decisión judicial.

 

Otros expertos indican que si bien una reforma judicial en Colombia es necesaria y se trata de una demanda formulada desde hace largo por distintos sectores de ese país, no puede ser una reforma cualquiera y menos la que se pretende hacer en este caso, donde es evidente que se trata de favorecer a una persona en específico. 

 

De hecho, en la propia Corte suprema se está trabajando en un borrador de reforma para el sistema judicial y entre los aspectos que se plantean está el aumentar el tiempo que los magistrados permanecen en sus cargos. 

 

 

Para cerrar la emisión, Pérez Pirela presentó un breve recuento de la emergencia de Álvaro Uribe a las altas esferas del poder en Colombia, algo que ocurrió a fines de la década de 1990. 

 

En su día, relató, su candidatura, que surgió por fuera de los partidos tradicionales –Liberal y Conservador–, fue vendida como una solución a los problemas de la política tradicional en el marco del fracaso de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno del conservador Andrés Pastrana, lo que sirvió para proyectarlo como una especie de justiciero que acabaría por gobernar con la «mano dura» de la que habían carecido sus predecesores. 

 

En los comicios de 2002, Uribe Vélez se convirtió en un fenómeno electoral, pues logró imponerse con ventaja en la primera vuelta y desde su ascenso al poder estuvo respaldado por las élites empresariales y políticas de Colombia, amén del gobierno de los Estados Unidos, que previamente, con el Plan Colombia, firmado durante el mandato de Pastrana, planteaba ampliar la presencia militar estadounidense y el control de los sembradíos de coca en el territorio colombiano. 

 

Por ello, durante sus dos períodos presidenciales tuvieron lugar innúmeras violaciones a la soberanía, al permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en su propio país e incluso bombardear a las FARC-EP en territorio ecuatoriano. 

 

A esto se suman la política de falsos positivos, con la que su gobierno pretendió justificar el asesinato selectivo de líderes sociales y de campesinos, sobre los que se había imputado falsamente delitos de terrorismo, jerga que el uribismo adoptó para referirse a las acciones de los guerrilleros.

 

Según datos del Centro para la Memoria Histórica consultados por Miguel Ángel Pérez Pirela para esta edición del programa, unas 10.000 personas fueron ajusticiadas bajo falsos positivos y hasta el momento, Uribe se ha limitado a negar que se tratase de una política de exterminio emprendida desde el Estado y ha declarado que durante su mandato se sancionaron todas las violaciones a los Derechos Humanos que se habían denunciado. 

 

El analista considera que fue esta «campaña de guerra» contra las guerrillas lo que le permitió convertirse en el «padrino político» de dos presidentes, Juan Manuel Santos, en su primer mandato e Iván Duque, quien le sucediera en la Casa de Nariño. 

 

Es evidente que Uribe ostenta un gran poder en el vecino país, al punto tal que la exsenadora y activista Piedad Córdoba, sugirió hace unas semanas que tanto Uribe como Petro debían retirarse de la política para favorecer la despolarización en Colombia.

 

Todas estas acciones permitieron que en Colombia se articulara una complicada red de miedos en torno a la figura del exmandatario, que, sin embargo, ahora empieza a mostrar fisuras, pues quienes le adversan están dispuestos a dar pasos hacia adelante para ponerle frenos, concluyó. 

 

 

La recomendación de lectura de hoy está directamente relacionada con el tema del programa, pues Pérez Pirela sugirió la lectura de El narcotraficante Nº 82 Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, de la autoría de Sergio Camargo, un libro que, por las verdades que contiene «fue prácticamente prohibido en Colombia», según acotó.