De acuerdo con medios locales bolivianos, el Gobierno de facto ha movilizado, este lunes, a efectivos policiales y militares con el propósito de levantar los bloqueos y las protestas en Santa Cruz.
Durante una entrevista al programa Revista Al Día Bolivisión, el ministro de facto de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que «las principales ciudades hoy amanecen militarizadas para precautelar la seguridad de los ciudadanos».
En días recientes, la Central Obrera Boliviana (COB) exhortó a los manifestantes a permitir el paso de oxígeno e insumos médicos para no perjudicar la situación de los hospitales nacionales en su lucha contra la Covid-19.
De esta manera, declararon que continuarán en huelga hasta alcanzar un acuerdo que permita celebrar las elecciones generales en el mes de septiembre.
Por su parte, las Juventudes del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-Ipsp) convocaron en Bolivia a respaldar la huelga de hambre que agrupaciones y organizaciones sociales mantienen frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en demanda de la recuperación de la democracia en el país.
Al cumplirse, este lunes, 10 meses del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, la directiva departamental del ala juvenil masista en La Paz llamó a las fuerzas regionales de todo el país y a agrupaciones universitarias a acompañar la protesta ante el TSE como rechazo a la manipulación de los comicios generales.
El candidato presidencial por el MAS-Ipsp, Luis Arce, denunció en su cuenta de Twitter las amenazas, amedrentamientos y agresiones que sufren los jóvenes en huelga de hambre pacífica por parte de grupos violentos de choque que buscan convulsionar a Bolivia.
Las protestas de la militancia juvenil del MAS-Ipsp se suma a las movilizaciones de la COB y a los bloqueos de diversas fuerzas sociales en la nación suramericana, que ya no solo reclaman una fecha definitiva de las elecciones sino también la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
En las últimas horas, Juventudes “Waris”, de Warisata, en el departamento de La Paz, se sumaron a las protestas. A su vez, los Ponchos Rojos, organización indígena con base en la región andina de Omasuyos, convocaron a campesinos de otras provincias para marchar en masa hacia la capital con el objetivo de cercar la sede de Gobierno.
Pobladores y organizaciones sociales del municipio del Zudañez y de Santa Rosa denunciaron los atropellos de la administración de Añez y cómo grupos paramilitares atacaron con proyectiles a los ciudadanos que se encontraban en una movilización demandando elecciones generales.
En Cochabamba, las manifestaciones se mantienen por séptimo día consecutivo y a partir de este lunes radicalizarán los bloqueos a la altura del kilómetro 128 de la carretera Cochabamba-Oruro.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando criticó al Gobierno de facto por incumplir con sus obligaciones y atentar contra la vida, la salud y la economía de los bolivianos.
En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados repudió el actuar del Ejecutivo de facto contra la población boliviana, al ordenar a la Policía nacional reprimir de manera arbitraria y abusiva a los manifestantes que reclaman sus reivindicaciones sociales.
Las autoridades de facto fracasaron este domingo en la solución del conflicto, pues los principales dirigentes sociales no concurrieron a la invitación de diálogo. Juan Carlos Huarachi, máximo representante de la COB, manifestó que no acudiría a una convocatoria del Gobierno de facto ante la represión en los puntos de bloqueos.
(teleSUR)
