El próximo viernes 7 de noviembre está planteado que se cierre el proceso de recepción de las demandas de mujeres venezolanas afectadas por los implantes mamarios franceses Poly Implant Prothese (PIP).
Por su parte, el abogado Gilberto Antonio Andrea, quien funge como representante legal de las 500 mujeres que han realizado la denuncia en Venezuela, unidas en la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP (Asomuvenapip), aclaró: “No considero que exista una fecha tope en virtud de que va a ser una nueva demanda y esta se hace en base a un precedente”.
En este sentido, dijo que “esas fechas topes se están manejando en base a un mercadeo jurídico” para que las afectadas se unan a las asesorías y denuncien los casos.
Además, condenó las diferentes matrices de opinión que se generan en torno al tema para desvirtuar el proceso legal e introducir un ambiente de tensión, con el fin de que las afectadas se angustien o para tener como prioridad la ganancia económica, antes que la salud.
“No es un solo tribunal el que lleva el caso, sino tres, no es un solo responsable. Hay personas naturales y jurídicas involucradas en el caso, imputadas en diferentes niveles, unas a nivel penal, otras a nivel administrativo y otras con la obligación de responder a la indemnización”, sentenció el abogado.
Andrea detalló que en Francia existe más de 7 mil 500 víctimas que pidieron ser indemnizadas. Sin embargo, en la demanda figuran mujeres de países como Inglaterra, Colombia, Argentina, Australia y Alemania, entre otros.
En Venezuela “están registradas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), unas 3 mil firmas, unas continúan con la acusación en Francia, otras se plegaron a la acusación penal, desde el año 2012 cuando se comenzó el proceso”, añadió.
Para dejar el tema jurídico claro, Andrea recordó que en nuestro país “está en curso la ejecución de la medida que dictó el TSJ donde ordena la atención prioritaria de la víctima que tenga una ruptura de la prótesis y sea portadora de prótesis PIP. Si se cumplen esas dos condiciones, la afectada tiene derecho a que le entreguen sus nuevas prótesis y que su médico tratante le dé la atención gratuita en algún centro asistencial”.
El llamado es a seguir generando las denuncias al respecto y a que las mujeres afectadas no se dejen amilanar por las controversiales opiniones que pretenden marcar la pauta en este polémico tema de los implantes PIP.
(LaIguana.TV)
