Este miércoles 12 de agosto, Miguel Ángel Pérez Pirela expuso en Desde Donde Sea las condiciones de conflictividad sociopolítica y de debacle institucional que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia tras el golpe de Estado que depuso al Gobierno de Evo Morales nueve meses atrás, agudizadas ahora por la pandemia y la postergación, por vez tercera, de los comicios presidenciales. 

Los devastadores efectos del golpe de Estado

En este orden de ideas, el analista recordó que hace unas semanas estuvo como invitado en el espacio el presidente Morales y en aquella ocasión quedó claramente establecida la responsabilidad de la Organización de Estados Americanos y de su presidente, Luis Almagro, en el golpe y las gravísimas persecuciones, acoso y violaciones a los derechos humanos contra los simpatizantes del líder derrocado que, desde entonces, son moneda corriente en la nación andina. 

A este ya complejo panorama hubo de sumarse seguidamente la pandemia, que «tomó por sorpresa a un gobierno de facto que no estaba preparado para gestionarla», agregó, pues en pocos meses, la dictadura boliviana sumergió al país en un quiebre institucional y social sin precedente reciente, que se traducen en una innegable crisis sanitaria y el deceso de muchos ciudadanos, ante la imposibilidad de acceder a los servicios médicos; el incremento de la tasa de desempleo y crispación política por la postergación –por tercera vez– de la fecha de las elecciones presidenciales. 

Sobre este escenario, durante las últimas semanas, movimientos sociales –especialmente campesinos y sindicales– llamaron a la movilización popular para exigirle al gobierno de facto la realización de los comicios en un lapso perentorio, recibiendo como respuesta una feroz represión, en la que han participado no solamente las fuerzas de seguridad del Estado, sino francotiradores y grupos paramilitares ligados a la derecha local. 

La dictadura que hoy ejerce el poder en Bolivia, precisó Pérez Pirela, está encabezada por Jeanine Áñez, antigua senadora que «asumió de manera interina e inconstitucional, la presidencia» el pasado 12 de noviembre y en sus primeras declaraciones a la prensa se comprometió a convocar a elecciones en un máximo de 90 días y a no presentarse como candidata en esos comicios, unas promesas que no ha honrado, pues no solamente incumplió con el plazo ofrecido sino que además se postuló como candidata. 

Para ilustrar la flagrancia con la que actúa la dictadura, el experto trajo a colación las declaraciones que hiciera Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Áñez a la cadena estadounidense CNN durante una entrevista. En ellas, el funcionario afirmó que «meter bala sería políticamente correcto, ante los bloqueos viales» ejecutados por los movimientos sociales. 

Pese a la gravedad de estas aseveraciones, en las que el representante de un gobierno –de facto– dijo que había que asesinar a los manifestantes que exigían, a través de bloqueos viales, la convocatoria expedita a elecciones, el experto enfatizó el silencio de la OEA y de Luis Almagro, muy contrastante con la celeridad con la que se pronunciaron acerca del falso fraude electoral de noviembre, que culminó con la salida irregular de Evo Morales de la primera magistratura. 

Asimismo, para justificar la represión, el régimen de Áñez arguyó que la falta de insumos  médicos, necesarios para hacer frente la pandemia, es consecuencia de los bloqueos viales. 

Mientras tanto, relató, «el paramilitarismo de la extrema derecha está haciendo estragos» con la venia de la dictadura. Así, en La Paz, militantes de bandas de derecha disolvieron una huelga de hambre que se desarrollaba pacíficamente frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE); la Unión Juvenil Cruceñista –grupo opositor a Morales– se dispuso a despejar una vía en Santa Cruz por la fuerza y en Cochabamba, motoqueros de la resistencia juvenil, pertrechados con armas largas y respaldados por Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe de Estado, despejaron la vía a balazos.

Y si bien por las redes sociales circuló un gran número de imágenes y videos que respaldan estas acciones criminales, dentro de Bolivia su difusión a la prensa fue bloqueada por la derecha local y a nivel internacional no se hizo reseña alguna de los acontecimientos, cuando en opinión de Pérez Pirela, se están generando las condiciones para una guerra fratricida. 

La demanda de los manifestantes es que el TSE debe convocar a elecciones «en un plazo prudencial» para que el nuevo gobierno, legitimado en las urnas, pueda encargarse de la gestión de la pandemia y de la economía, dos de los problemas más acuciantes cuyos efectos padecen los bolivianos en la actualidad. 

Empero, sobre las autoridades del ente comicial también hay polémica interna, pues aunque seis de los miembros fueron electos por la Asamblea Plurinacional de Bolivia, su presidente, Salvador Romero Ballivián, fue designado por Áñez, está vinculado con sectores de la derecha que ejecutaron el golpe contra Morales y, de acuerdo con un cable secreto de 2005 divulgado por Wikileaks, el funcionario le rendía periódicamente informes al entonces embajador de Estados Unidos en La Paz, siendo reconocido como un agente de la USAID y de la OEA de Almagro. 

Por su parte, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, principales organizaciones sociales al frente de las protestas, propusieron que las elecciones se realizaran el venidero 11 de octubre y exigieron la promulgación de una ley que garantice la inamovilidad de la fecha, una iniciativa que acogieron el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales y sus aliados en el parlamento. 

Específicamente, el MAS convocó hoy a la discusión del proyecto de ley y se esperan noticias sobre esta convocatoria durante las próximas horas, puntualizó Pérez Pirela. 

Por otro lado, refirió, especialistas internacionales especializados en asuntos de Bolivia se preguntan si en ese país no se está produciendo un escenario de golpe de Estado, tras el cual estaría el gobierno de facto de Jeanine Áñez. 

Con esta opinión parece coincidir el presidente Evo Morales, pues a través de su cuenta en Twitter, en días pasados advirtió que la estrategia que se estaría empleando para consumar el golpe serían los falsos positivos. 

«Se gesta un nuevo golpe de Estado en Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EEUU y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare. Condenable que gobierno de facto envíe francotiradores a la ciudad de El Alto y el Trópico de Cochabamba para que actúen contra grupos ciudadanos que defienden elecciones y democracia. Pretenden usar armas de calibre 22 y 25 para culpar de enfrentamientos a Movimientos Sociales», leyó, citando al líder indígena.

Para el también director de LaIguana.TV, las violaciones de derechos humanos, el paramilitarismo y el quiebre institucional que hoy caracterizan a Bolivia, se asemejan a lo que vive Colombia desde hace décadas. 

Una «fotografía» que explica las actuaciones de la dictadura de Áñez

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung entre el 1 y el 17 de junio del presente año sobre la popularidad del gobierno de facto, compilada por el equipo de investigación del programa, el 78,68% de los entrevistados cree que el gobierno ejerce persecución política; 37,50% estima que la violencia institucional puede repetirse; 61% opina la violencia institucional y policial no fue superada tras el golpe y 71% considera que el gobierno utiliza la emergencia para penalizar la disidencia y la libertad de expresión. 

Por otro lado, todas las encuestas de preferencia electoral dan por ganador a Luis Arce, candidato del MAS, remató el filósofo.  

De manera que, estos hallazgos dan cuenta de la impopularidad del gobierno de facto e incluso de los eventuales candidatos que pudieran representarles en la contienda presidencial, así como de la percepción de la existencia de una crisis generalizada en el país, especialmente en el ámbito institucional.  

Además, acotó, como el partido de Morales tiene las de ganar, existe el peligro que proscriban al partido y, por ende, a su candidato, un escenario bastante factible, si se toma en cuenta la persecución y judicialización que ha emprendido la dictadura contra los simpatizantes del derrocado mandatario. 

Un extenso expediente de violaciones a los DD.HH. en apenas nueve meses

Miguel Ángel Pérez Pirela opina que en los meses transcurridos tras el golpe, «se han ultrajado los derechos humanos» de miles de bolivianos, al punto tal que ya reposan denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de las masacres cometidas por el gobierno de facto en  Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, para lo cual, diversas organizaciones de derechos humanos presentaron evidencias que respaldan numerosas de denuncias referidas a ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la bandera Wiphala cometidos por el Estado boliviano durante esos días, que dejaron centenas de muertos, heridos y detenidos.

Asimismo, aludiendo a una investigación adelantada por la Universidad de Harvard sobre estos eventos y para los cuales se recabaron los testimonios de 220 personas, todas coincidieron en señalar que la Policía y el Ejército habían usado fuerza letal contra los manifestantes, amparados en un punto por un decreto firmado por Jeanine Áñez el 14 de noviembre de 2019, en el que se autorizaba que los cuerpos de seguridad usaran armamento letal, lo que se tradujo en un decreto que garantizaba el accionar impune de las Fuerzas Armadas.

Empero, aunque la gobernante de facto derogó el decreto, las organizaciones denunciantes aseguran que no se avanzó en ninguna investigación. Antes bien, se destruyeron muchas de las pruebas que permitirían establecer las responsabilidades directas y la Fiscalía no ha sido informada debidamente de ninguna de las denuncias. 

También, en el informe presentado, se denunció que no se brindó atención médica a las víctimas y quienes acudían en socorro de los afectados, fueron salvajemente reprimidos, a lo que se agrega que el personal de los centros de salud a los que fueron trasladados los heridos, humillaron y vejaron a los simpatizantes de Morales. 

Afortunadamente, mencionó el experto, se han compilado diversas pruebas sobre estos atropellos, que reposan en «decenas de archivos de audio, videos», así como testimonios, que se encuentran a disposición de los organismos de justicia, dentro y fuera de Bolivia. 

Muchos de los afectados, remató para cerrar esta sección, tuvieron que endeudarse para hacer frente a los gastos médicos derivados del tratamiento de las lesiones sufridas durante la represión y un número importante padece secuelas que le impide trabajar. 

Doble rasero: las reacciones-inacciones de la comunidad internacional

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, «recomendó a una dictadura, al gobierno de facto, acatar temas pendientes, entre ellos, la protección de los pueblos indígenas y el respeto de los derechos humanos y políticos», dijo Pérez Pirela, al tiempo que añadió indignado: «¡Qué diferentes lucen las cosas cuando se trata de una dictadura o de un gobierno de derecha!». En esos casos, «usan guantes de seda y zapatillas de ballet». 

A su parecer, la conducta de Bachelet es impresentable, toda vez que se limita a «recomendar» a una dictadura que surgió contra los indígenas, que «los respete»; a una dictadura que hace masacres, que respete los derechos sociales y políticos de los bolivianos.

La crítica resulta aún más necesaria, en su criterio, puesto que sobre Venezuela se producen «discursos y discursos», pero «sobre Colombia, sobre Bolsonaro, sobre Chile, sobre Perú», los organismos internacionales permanecen «calladitos».

De su lado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asegura que desde el golpe, el aparato represivo del Estado se hizo sentir contra militantes, periodistas, activistas, sindicalistas y otros actores sociales afines al presidente Evo Morales y destaca que las declaraciones de los funcionarios del gobierno contribuyeron a la estigmatización y a la persecución de los simpatizantes de Morales, algo que puede comprobarse si se revisan las cifras correspondientes a los dirigentes detenidos desde el golpe.  

Así, detalló, la dictadura detuvo a más de 100 políticos del Gobierno de Morales y más de 600 y sus familias se encuentran bajo investigación. También, siete exministros se encuentran alojados en la embajada de México desde octubre, sin que el gobierno de facto haya otorgado el salvoconducto, lo que viola lo establecido por el Derecho Internacional. 

Por su lado, la Defensoría boliviana, «única institución que todavía se encuentra de pie», documentó –con las debidas pruebas– en un informe, que se habían producido 1.504 arrestos y detenciones ilegales, caracterizadas por la ausencia de registros policiales, la prohibición de entrevistas, la aplicación de criterios discrecionales por parte de la policía, incluso contra menores de edad. 

Según indicó Pérez Pirela, en el documento, que se elaboró con base en información recogida en hospitales, centros de detención e instituciones policiales, se asevera que en este momento, en Bolivia «no hay autoridad judicial o fiscal que ejerza control de garantías o preserve el debido proceso» y califican como «una ofensa» la presencia de los grupos de extrema derecha en las protestas, amparados por el gobierno de facto. 

Una luz al final del túnel: avanza en Argentina la causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe

El Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, con base en la jurisdicción universal existente para las violaciones de derechos humanos, introdujo una causa judicial en Argentina en la que se acusa de la comisión de delitos de lesa humanidad a Jeanine Áñez, así como a los ministros de Gobierno, Justicia y Defensa de la dictadura, al exministro de Comunicación, a los dirigentes opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho, así como a los exjefes de la Policía y del Ejército. 

Por otro lado, también, en conjunto con sus familiares, exigieron el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el deceso del periodista argentino Sebastián Moro, perteneciente a Página/12, quien de acuerdo con el informe forense, durante los días del golpe, recibió una fuerte golpiza antes de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que su muerte es, cuando menos, dudosa. 

«¿Porque si la OEA fue tan expedita para quitarle la presidencia a Evo, ahora guarda silencio? ¿Qué dice ahora Almagro? ¿Qué dice la OEA?», se preguntó retóricamente y recordó la infamia mediante la cual se desalojó a Morales del poder y que se tradujo, en brevísimo tiempo en asesinatos –incluso de ciudadanos extranjeros–, represión y la destrucción de un Estado que por primera vez exhibió niveles de crecimiento altísimos en pro de sus ciudadanos, pero en apenas nueve meses, «destruyeron a la segunda economía de la región y sumieron al país en una crisis».

«¿Van a dejar al MAS ir a las elecciones, sabiendo que lideran las encuestas? ¿Qué pasará con el pueblo boliviano en medio de la pandemia, sin servicios de salud? ¿Con un ministro que no tiene empachos en decir que es legítimo matar a bolivianos del MAS?», concluyó.

Libro del día

Al cierre, recomendó la lectura de la novela «El retrato de Dorian Gray», escrita por el narrador irlandés Oscar Wilde, célebre aforista y autor de otros notables relatos, como «El fantasma de Canterville». 

(LaIguana.TV)

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