Este lunes 24 de agosto, en Desde Donde Sea, Miguel Ángel Pérez Pirela analizó la historia de las masacres en Colombia, así como el impacto que tiene sobre Venezuela la respuesta que ha ofrecido el gobierno de Iván Duque a la ola más reciente de violencia que azota a la nación hermana. 

En ese orden de ideas, refirió que solamente durante el último mes se han reportado 10 masacres, tres de ellas cometidas en la semana entre el 17 y el 23 de agosto y a este respecto, hizo un breve recuento de los dolorosos incidentes: 

-23 de agosto: se produjo una masacre en el departamento de Antioquia que dejó como saldo tres muertos y un herido, entre ellos, un adolescente de 17 años.

-21 de agosto: seis personas fueron acribilladas en El Tambo (Cauca) y cinco más fueron asesinadas en Arauca (fronterizo con Venezuela).

-18 de agosto: se reportó el asesinato de tres indígenas el el departamento de Nariño.

Adicionalmente mencionó que el 15 de agosto asesinaron a 8 jóvenes entre 19 y 26 años en Santa Catalina (Samaniego, Nariño) y el 11 de agosto ultimaron a cinco adolescentes de entre 14-15 años en Llano Verde (Cali, Valle del Cauca).

Frente a este panorama, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido el «negacionismo«, pues tanto él como su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, intentaron relativizar los eventos y se negaron a calificarlos como masacres. 

Así, dijo, Carlos Holmes Trujillo «calificó la ola de violencia con un vergonzoso eufemismo: ‘nos duele a todos pero es la realidad, los homicidios colectivos no son nuevos'» y en estricta coherencia, en lugar de reconocer la realidad, negó que se tratara de un resurgimiento de las masacres. 

Según datos recabados para la emisión, Pérez Pirela refirió que entre enero y agosto 2020 han sido asesinados 235 líderes sociales y se han producido más de 38 masacres, acotando que «los crímenes se mantienen impunes».

Además, en lo que va de año, como mínimo, un campesino ha sido asesinado a diario y se ha cometido una masacre cada semana.  

A despecho de Duque, no todos niegan las masacres

La Organización de las Naciones Unidas resaltó que estos hechos violentos están generando gran impacto dentro de Colombia. Además indicó que si bien son perpetrados por grupos irregulares armados, se alimentan de la economía sumergida proveniente de negocios ilícitos y de la escasa presencia del Estado en extensas zonas del territorio del vecino país.

Por su lado, el analista presentó también las declaraciones del exalcalde de Bogotá, Luis «Lucho Garzón», quien en una entrevista concedida a Semana, cuestionó la retórica negacionista de Duque y su gobierno: «una masacre es un masacre, hay que llamarla por su nombre. Presidente, asuma y pare ya. No se hace añorando o despotricando el pasado, ya tiene que ser del presente», dijo en su intervención.

Adicionalmente, el político criticó que desde el gobierno no se ofrezca una discusión sobre el desplazamiento de campesinos y el efecto que tienen los químicos esparcidos sobre los sembradíos en el precio de los cultivos, especialmente el de la coca, cuyo precio va en aumento y cuya rentabilidad no se compara a la de otros cultivos. «¿Qué les ofrecen a los campesinos?». 

Asimismo, el también director de LaIguana.TV estimó pertinente sumar las «preocupadas» reflexiones del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien comentó en Twitter: «La verdad de Colombia: en 22 años, 1.18 masacres por semana promedio. Último mes 10 masacres. Última semana 3. Nuevo crimen: Duque afirma que no son masacres. Lección de Historia: guerra sucia no es modelo para Venezuela y aceptar su vocabulario es ser cómplice de sus masacres».

En su parecer, la advertencia de Moncada ha de tenerse muy en cuenta, toda vez que «si existe, si ha existido un país en el mundo que ha tratado de una y mil maneras de invadir, de agredir a Venezuela, ése es Colombia», a lo que debe añadirse que el impacto de las masacres sobre nuestro país es directo, puesto que aquí residen seis millones de colombianos que huyeron de esa violencia.

El escritor y político Gustavo Bolívar, otra de «las muchas voces que se están levantando en Colombia» para cuestionar esta ola de violencia y la indiferencia gubernamental, fue la escogida por el experto criollo para cerrar esta sección. 

«Tres masacres en 24 horas y no hacemos nada? Sientan que algún masacrado o líder social asesinado es un familiar. Dejemos la indiferencia a un lado. Colombia es hoy un baño de sangre. Digámosle a los asesinos que no pasarán. Reaccionemos, por favor», leyó, citando un trino de Bolívar.

Del mismo modo, el escritor comparó la beligerancia del gobernante colombiano tras el encarcelamiento de Uribe en su finca con el negacionismo exhibido en torno a las masacres, pues a pesar de haberse reportado tres en apenas una semana, no solo no las reconoció como tales sino que las llamó «homicidios colectivos«. 

Cien años de masacres en Colombia

En el siguiente segmento, Miguel Ángel Pérez Pirela, para mostrar cómo esta clase de práctica violenta está asentada desde hace largo en Colombia y «hace parte de una guerra civil continuada que azota al país desde hace cien años», citó extensamente un artículo aparecido en el diario El Espectador, intitulado. «La ingrata huella de las masacres en Colombia«.

«Asociada a matanza, exterminio o carnicería, la palabra masacre lleva más de cien años enlutando al país. Hoy, es una inequívoca señal de que en los territorios la muerte ronda y el Estado falta».

«En los relatos que guardan las verdades de la guerra y que Alfredo Molano Bravo dejó para que la memoria no se pierda, el hilo de las masacres golpea en la conciencia nacional y repercute en la historia. Ya nadie vive para contarlo, pero el 16 de marzo de 1919, fueron veinte artesanos que protestaban contra el gobierno de Marco Fidel Suárez, masacrados a escasa distancia de la casa de gobierno. Tampoco se sabe la cifra exacta de los que murieron el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga (Magdalena), en hecho que la historia refiere como la matanza de las bananeras.

La estadística oficial dice que fueron 47 muertos. Los huelguistas hablaron de 1.500. Gabriel García Márquez escribió en Cien años de soledad que José Arcadio Segundo vio más de tres mil. 

«(…) después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948 en Bogotá, se diversificaron los victimarios. La policía chulavita en ejercicio de verdugo, los “pájaros” al servicio de avivatos o directorios, los bandoleros, la chusma, el ejército, Colombia se llenó de homicidios selectivos y masacres por razones políticas. Cuando el gobierno de Mariano Ospina Pérez impuso el Estado de Sitio en noviembre de 1949, amordazó la prensa y cerró el Congreso, lo único que no se detuvo fue la violencia política».

En este 1949 fueron masacrados, «20 conservadores en septiembre. El 22 de octubre se registró la matanza en la Casa Liberal en Cali que dejó 24 muertos. Después del Estado de Sitio, cuando terminaba 1949 el jefe rebelde Eliseo Velásquez se tomó el municipio de Puerto López (Meta) y sus hombres masacraron a 23 personas, antes de erigirse como comandante en los llanos. En San Mateo (Antioquia) fueron 20 liberales. Semana a semana, proliferaron las noticias de matanzas sin que las autoridades encontraran la forma de contener el odio banderizo».

«En las zonas rurales empezaron a ser asaltadas las fincas y en las carreteras los buses. La impunidad se ensañó entre los civiles inocentes, con capítulos de masacres sin suficiente memoria. Mientras la guerra abierta dejaba decenas de muertos, la administrada al menudeo hacía estragos en los pueblos con extrema sevicia. Los empalados, el corte de franela o el de corbata acuñaron los crueles métodos a los que llegó el pillaje. En junio de 1953 hubo golpe de Estado y asumió Gustavo Rojas Pinilla, que prometió frenar la ola de asesinatos individuales y colectivos.

Se creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro, se concedieron amnistías, y hubo proceso de paz que permitió la desmovilización de las guerrillas del Llano y de otras milicias más en Tolima, Cundinamarca, Santander o Antioquia. Pero la violencia no se detuvo porque fue una paz incompleta y los excluidos se mantuvieron en armas, mientras otros recobraron la senda trágica de las masacres. En Tolima, Valle, Huila, Cundinamarca, violencia oficial y réplica de resistencia en medio de la orden internacional desde Washington de proscribir el comunismo.

Hasta que cayó Rojas Pinilla en mayo de 1957, en un contexto de unión de élites políticas del conservatismo y el liberalismo cuando encontraron la forma de zanjar sus diferencias. Los pactos de Benidorm y Sitges, suscritos en España, telón de fondo para la realización de un plebiscito que validó su control equitativo del poder durante 16 años. Pero los grifos de la violencia política no fueron cerrados del todo y, a pesar de que se volvió a hablar de paz, no faltaron las masacres, como la perpetrada en diciembre de 1958 en Tello (Huila) con casi medio centenar de víctimas.

Ya en 1960, «arrinconado por los escándalos y asociado a incontables episodios de crímenes, fue suprimido el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y creado el DAS». (…). «Entonces se abrió paso en la política la tesis de las “repúblicas independientes” que había que desterrar, y tras sonadas operaciones militares en el sur del Tolima y el norte del Cauca en 1964 contra la organización comandada por Manuel Marulanda Vélez, se terminó de acuñar una guerra política contra los movimientos enmarcados en el vetado comunismo. Así surgió lo que pasó a llamarse conflicto armado, con la constitución de las Farc, y en los siguientes meses la creación del ELN o el EPL. La acción insurgente con sus propias masacres».

Así, continuó relatando, surgió lo que pasó a llamarse conflicto armado con las FARC y el ELN, caracterizado por «largos años de emboscadas, asaltos y secuestros, respondido por el Estado a través de lo aprendido en la doctrina contrainsurgente ordenada desde Estados Unidos, que aportó también la propuesta de crear grupos de autodefensa. Antes de caer el telón de los años 60, la violencia ya contaba con auténticos colosos de la guerra, sin que faltaran las masacres en su menú de amedrentamientos. Tan naturalizadas que en La Rubiera (Arauca) en enero de 1968, los que mataron a 16 indígenas cuibas se justificaron diciendo: ‘nadie nos dijo que fuera delito matar indios'».

«Después apareció el M-19, las autodefensas mutaron en grupos paramilitares asociados a mafias locales, y se afianzó el narcotráfico que entró a ser el combustible predilecto de una guerra sin frenos» y ya en la década de 1980. «el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), surgido a finales de 1981 con patrocinio de los narcos, pero después convertido en ‘masestos’, cruzada anónima sembrando la muerte colectiva en los territorios de la confrontación armada». 

Por ello, agregó, el proceso de paz del presidente Belisario Betancourt «se fue al traste, se inició la guerra contra los extraditables, y la Unión Patriótica, partido político fruto de las negociaciones con las Farc, quedó en la mira del paramilitarismo y sus aliados. El año 1988, ya en tiempos de Virgilio Barco, cuando se estrenó la elección popular de alcaldes, quedó rotulado por los medios de información como ‘el año de las masacres'».

La violencia continuó y «ni siquiera la constituyente de 1991 frenó la barbarie. Al cuarto mes de expedida la nueva Carta Política, presentada como tratado de paz, las Farc atacaron a una comisión judicial en Usme, a escasos kilómetros de Bogotá, y masacraron a siete funcionarios de la justicia. Al otro lado del país, en la hacienda El Nilo, en el municipio de Caloto (Cauca), 12 miembros de la comunidad indígena Páez fueron asesinados en una misma acción. El sello de las masacres superó el breve ambiente de concordia política, con la marca habitual de impunidad para sus autores».

Desde mediados de la década de 1990, las masacres se extendieron y diversificaron. «Así, una época en la que de la mano de las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), o desde la nueva catadura denominada Autodefensas Unidas de Colombia, proliferaron las listas de las masacres», mencionó.

En 2000, «las FARC –según se indica en el texto de El Espectador– «asesinaron (…) al congresista Diego Turbay, a su madre Inés Cote y a cinco personas más. El paramilitarismo replicó en Chengue (Sucre) con 23 campesinos asesinados a garrote y piedra en enero de 2001».

Ya con Uribe en el poder, se dice que «hay mucho por contar. El paramilitarismo negoció políticamente su sometimiento sin olvidarse de masacrar» y el arribo del premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, no supuso tampoco mayor diferencia, porque «solo cambiaron de rostro los perpetradores de asesinatos colectivos. Se les llamó primero Bandas Criminales, después Grupos Armados Operacionales, en cualquier caso, expresiones del narcotráfico y reciclajes, algunos con sello de limpieza social no distante del paramilitarismo».

En 216, «las FARC y el gobierno Santos firmaron un acuerdo de paz (…) que bajó las estadísticas de violencia, pero tampoco borró el rastro de las masacres. Ahora se atribuyen a disidentes, al ELN que recobró vigencia como organización sin mínimo respeto por los derechos humanos o el DIH, o a las distintas especies de bandas armadas. Rastrojos, Caparrapos, Pelusos, Clan del Golfo, lo único claro es que las matanzas están de regreso y la ONU dice que van 33 en lo que va corrido de 2020. En las últimas 24 horas hubo tres en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño«.

El texto, que va sin firma, dado el grave riesgo vital que correría su autor o autora si nombre se hiciera público, en virtud de la información que expone, concluye destacando que «el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya anunció un grupo élite para perseguir a los masacradores, es decir, lo mismo que hicieron Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos sin resultados convincentes».

En la actualidad, enfatizó Pérez Pirela, Colombia ha visto 10 masacres en un mes, tres de  las cuales se produjeron durante la misma semana, más la grave situación de descontrol de la pandemia, que ha hecho que ese país se haya convertido en uno de los cuatro epicentros de la afección en la región.

Solamente durante las últimas 24 horas, el ministerio de Salud informó de 348 muertos y  8.000 nuevos casos, si bien durante la semana que recién termina se registraron picos de hasta 13.000 nuevos pacientes de Covid-19 por jornada.

En total, desde el inicio de la pandemia, en Colombia se han identificado más de medio millón de casos positivos (541.107) y 17.316 decesos, lo que significa que en estos cinco meses han muerto más personas a causa de la Covid-19 que por asesinatos, siendo Bogotá y Antioquia las regiones más azotadas.

Efectos directos sobre Venezuela de las masacres en Colombia

Para cerrar el tema, el analista político estimó pertinente intentar responder a la pregunta relativa a los efectos de «esta grave situación que sucede en Colombia» sobre Venezuela y  a ese respecto, reflexionó: «Cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Estamos viendo qué sucede cuando grupúsculos, fragmentos toman la justicia por su mano» y concretamente, se refirió a las reiteradas denuncias que pesan sobre la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, referidas a violaciones de los derechos humanos.  

«O se les pone coto en este momento o terminaremos como Colombia con grupos paramilitares haciendo justicia por su propia mano», enfatizó Pérez Pirela.

El último caso reportado fue el asesinato de dos realizadores audiovisuales en la población de Cabimas (Zulia) y si bien es cierto que las autoridades ya están tras la pista de los agentes asesinos, en su criterio, no basta con someterlos al imperativo de la ley, sino que «deben tomarse medidas estructurales relativas a garantizar los derechos humanos en el país, pues la denuncias ya son muchas».

En relación con la posición del Estado venezolano tras el negacionismo de Iván Duque y la campaña de noticias falsas sobre Venezuela, citó largamente las declaraciones del Comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien aseveró que la FANB defenderá el territorio de los ataques de grupos irregulares.

En su intervención, denunció el largo historial de agresiones permanentes que ha sufrido el pueblo venezolano por parte del gobierno de la nación vecina y que se remontan al año 2000, cuando inició el Plan Colombia, con el que se han ejecutado «operaciones combinadas» entre el Ejército colombiano y el de los Estados Unidos, con la participación de grupos paramilitares. 

Para Ceballos Ichaso, son múltiples los intentos que desde Colombia se han promovido para desestabilizar Venezuela, incluyendo el entrenamiento y el apoyo constante de asesinos, terroristas y mercenarios para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, todo «bajo la mirada cómplice de Bogotá». 

Asimismo, en las declaraciones del jefe del CEOFANB recuperadas para el programa, el analista resaltó que en 2008, bajo la operación Fénix, Colombia agredió Ecuador y en febrero de 2019, se intentó una invasión armada a través de los puentes internacionales, usando como mampara un concierto que se desarrollaba en Cúcuta. 

El Almirante concluyó señalando que la incapacidad del gobierno de Iván Duque para contener la pandemia, ha traído como consecuencia que muchos venezolanos se contagiaron de Covid-19 en Colombia e ingresaron a Venezuela enfermos. 

Para Pérez Pirela, «lo que resulta irónico de todo esto es que Colombia, que se encuentra sumergida en masacres semanales que no paran y en una crisis sanitaria, a través de su gobierno se ha encargado de acosar, de perseguir a Venezuela».

Más todavía, Colombia y Brasil, en contubernio con Estados Unidos, estaban apostando que en la República Bolivariana de Venezuela la pandemia se saliera de control, para así tener una excusa para invadir, pero ahora son esos países los que atraviesan por una crisis sanitaria sin precedentes, pero además, «en Colombia se vive uno de los atentados más grandes contra los derechos de sus ciudadanos«. 

Inclusive, comentó, hasta hace algunos meses se denunciaba el asesinato selectivo de líderes sociales, pero debe aunársele el resurgir de las masacres, una situación que, de acuerdo con lo que compila el artículo aparecido sin firma en El Espectador, no ha cambiado demasiado desde 1919.

Sin embargo, la respuesta de Duque fue acusar al gobierno de Venezuela de comprar armas a Irán, a Rusia y a Bielorrusia y además dijo que esas armas eran las que se usaban para las masacres, con lo que intentaron culpar a Venezuela. 

«No solamente es el colmo que Venezuela se acosada por Colombia, sino además, el gobierno que más irrespeta los derechos humanos, inventa un cuento y dice que las masacres se hacen con las armas compradas por Venezuela. Lo que trata de hacer es tapar sus problemas, sus asesinados, hablando de Venezuela, creando la cortina de humo», señaló.

Empero, desde su punto de vista, la tragedia ha hecho que el pueblo colombiano «esté empezando a abrir los ojos» y a la mediática cartelizada del uribismo –con medios como Semana y periodistas como Vicky Dávila en la vanguardia– se le hace difícil impedir que los ciudadanos sepan que mientras en su país hay 13.000 infectados de Covid-19 por día, en Venezuela hay 600; que mientras se sostiene que en Venezuela se violentan masivamente los derechos humanos, en su país se suceden tres masacres en una semana. 

Finalmente, comentó que Álvaro Uribe Vélez fue convocado por la Corte Suprema a rendir declaraciones por una masacre ocurrida cuando era gobernador de Antioquia, durante los años noventas, un tiempo en el cual éstas eran ordenadas casi exclusivamente por el narcotráfico. 

Libro del día

Del escritor venezolano Aquiles Nazoa, «Humor y amor». 

(LaIguana.TV)