El caso de corrupción de Brasil y Paraguay del cual nadie habla: Senador Pereira con Pérez Pirela

Este miércoles 26 de agosto, Miguel Ángel Pérez Pirela tuvo como invitado en Desde Donde Sea al senador paraguayo Sixto Pereira, con quien conversó de la realidad de esa nación, incluyendo el escándalo de corrupción que tuvo como protagonistas a los gobiernos de Brasil y Paraguay, relativo a la administración de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que casi consiguió que Mario Abdo Benítez, fuera destituido por el Congreso.

 

Sixto Pereira Galeano, indicó el analista criollo, es un dirigente político de dilatada trayectoria en su país, cuyas luchas, siempre ligadas a los movimientos sociales, especialmente campesinos, se remontan a los días de la dictadura stroessnerista. Ha sido senador por tres períodos consecutivos desde 2008 y actualmente ocupa una bancada por el Frente Guasú, una coalición de izquierda a la que pertenecen, entre otros, el expresidente Fernando Lugo, depuesto a través de un golpe parlamentario en 2012. 

  

La conversación se inscribe, asimismo, dentro de un proceso de reconfiguración de reflexiones sobre la actualidad de América Latina y el mundo, a partir de los testimonios que pueden ofrecer entrevistados internacionales pertenecientes a partidos políticos, movimientos sociales e instituciones académicas con perspectivas alternativas, progresistas y de izquierda. 

 

En ese sentido, destacó que el programa ha contado con la participación, entre otros, del derrocado presidente boliviano Evo Morales, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, la diputada Gleicy Hoffman; el intelectual argentino Atilio Borón, el intelectual español y fundador del partido Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero; el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel y la exsenadora y activista de derechos humanos, Piedad Córdoba.

 

 

Al ser inquirido por Pérez Pirela en relación con la situación de Paraguay en medio de la pandemia, Pereira estimó pertinente mencionar algunas características de la formación económico-social paraguaya y al respecto señaló que es uno de los países con mayor concentración de la tierra en todo el mundo –es decir, la mayor parte de las tierras está concentrada en pocas manos–, ocupa el cuarto lugar en la producción de soya, con casi 4 millones de hectáreas destinadas a este cultivo y también, aunque «instalado en la producción ganadera mundial, cuatro empresas frigoríficas tienen el control de la producción cárnica».  

 

Adicionalmente, resalta en la producción de energía hidroeléctrica y por ello ha suscrito sendos tratados binacionales con sus vecinos, Argentina y Brasil. Este último, según dijo, supone la administración conjunta de la represa de Itaipú. 

 

En su opinión, un aspecto fundamental que ha de considerarse en el caso paraguayo, es que la pandemia no ha supuesto limitación alguna para el traslado de mercancías. «No hay fronteras, no hay problemas para la distribución de la carne y de la soya», señaló.

 

Esto es consecuencia de la elevada concentración de la tierra, un subproducto, a su vez, de la dictadura de Anastasio Stroessner, quien se mantuvo en el poder gracias al otorgamiento de más de nueve millones de hectáreas a grupos económicos. 

 

Se trata, por tanto, de «tierras malhabidas» cuya propiedad intenta «blanquearse» y regularizarse a través de un proyecto de Ley que el Frente Guasú introdujo en el Congreso para su discusión, a lo que se suman los negocios relativos al tema energético emprendidos subterfugiamente por los gobiernos de Bolsonaro y Abdo Benítez y la producción de carne y soya. 

 

Por otro lado, el congresista insistió en que la pandemia le ha dado las condiciones a los grupos económicos para concluir aquello que no lograron desarrollar plenamente con la aplicación de políticas neoliberales, en particular en lo tocante a la flexibilización laboral, los despidos masivos y el desconocimiento de sindicatos. 

 

También refirió que intereses económicos representados en el Congreso, habían aprovechado la ocasión para frenar la discusión de una reforma tributaria en la que el Frente Guasú proponía el cobro de alícuotas impositivas importantes a grandes productores y terratenientes. 

 

Según su testimonio, de esa recaudación y de la reconducción de fondos públicos, pudieron haberse obtenido los recursos para «sostener la pandemia», en lugar de los 2.000 millones de dólares que se obtuvieron con esos fines, pero hipotecando al país. 

 

También estima que los llamados «supermercadistas», sobre los que no pesa restricción de movilidad alguna para transitar y recoger mercancías, también se han beneficiado, lo que se extiende a los oligopolios de las telefónicas, laboratorios y farmacéuticas, «que son los grandes proveedores del Estado».

 

Del lado de la gente, las políticas pandémicas han supuesto la imposición de un «encuartelamiento» carente de las condiciones sociales y económicas mínimas, «es decir, sin salario y sin empleo», porque en la actualidad, menos del 30 % de la población económicamente activa de Paraguay se dedica a la actividad agrícola.

 

Esto significa, en términos concretos, que se produjo «una migración urbana y periurbana forzosa» y unos 1,5 millones de trabajadores informales se encuentran sin empleo. Solamente en el Área Metropolitana de Asunción, la capital, reside el 40 % de toda la población del país y se registran 1.300 asentamientos informales, en los cuales el trabajo precarizado es la norma, pues allí habitan quienes se vieron forzados a abandonar el campo y también la mayor parte de quienes hoy no tienen empleo. 

 

Dentro del gobierno, explicó, el otorgamiento de casi 2.000 millones de dólares desató una ola de corrupción que salpicó a todas las instituciones y horadó la popularidad de Mario Abdo Benítez, quien a pesar de haber recuperado cierto favor popular por el manejo de la pandemia, rápidamente la perdió, gracias a los escándalos. 

 

 

En este punto de la conversación, Pérez Pirela remarcó que el panorama descrito por Sixto Pereira, va a contrapelo de las declaraciones de la embajada estadounidense en Asunción, que destacó el excelente manejo de la pandemia que había hecho Paraguay, obviando todo aspecto negativo y dejando por fuera de la lista de países cuyos gobiernos han implementado planes de contención exitosos para el flagelo, como Cuba y Venezuela.   

 

Al respecto, el parlamentario refirió que junto a otros compañeros de bancada, había denunciado «una intromisión a la soberanía por parte del embajador de Estados Unidos» y elevaron una solicitud ante el Congreso para que se pronuncie e inste al Ejecutivo para «pueda habilitar y facilitar» relaciones diplomáticas con la República Popular China y con Cuba, en este último caso, por razones humanitarias.

 

Empero, las relaciones diplomáticas con Beijing no han podido concretarse, en su parecer, porque la embajada estadounidense apoya a Taiwán y el presidente Mario Abdo Benítez «es un títere de la embajada», que está dispuesto a cumplir con todos sus dictámenes. 

 

Pese a ello, relató que el Frente Guazú tiene relaciones con el Partido Comunista Chino y han logrado desarrollado una política por medio de consulados chinos en Brasil. Inclusive, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas entre China y Paraguay, adelantaron gestiones con el ministro de Salud y consiguieron el ingreso de insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia. 

 

Desde otro ángulo y atendiendo a las contradicciones presentes entre los actores económicos y el gobierno de Paraguay, Pereira comentó que los entes de la producción también claman por el establecimiento de relaciones con China, pero no por razones ideológicas sino económicas, porque están conscientes que el mercado de la República Popular China «es mucho más grande que el de Taiwán». 

 

Pero inclusive un actor de tanto peso interno no ha podido hacer nada para revertir esta situación, pues es la embajada de Estados Unidos quien tiene la última voz sobre el tema.

 

Más todavía: el experimentado dirigente considera que el actual gobierno de Mario Abdo Benítez, junto a los de Horacio Cartes, Mauricio Macri (Argentina) y Jair Bolsonaro (Brasil), han sido «un atentado contra la integración regional», pues se han encargado de desarticular mecanismos alternativos como la Unasur, la Celac y el ALBA.   

 

 

Seguidamente, el también director de La Iguana.TV recordó que durante la presidencia de Fernando Lugo, la nación guaraní estuvo a la vanguardia de los procesos de integración de América Latina promovidos por los gobiernos de izquierda, pero luego de ser derrocado a través de «un golpe parlamentario express en 2012», Paraguay quedó excluido de los procesos alternativos de integración y los gobiernos que le han sucedido, además, se han caracterizado por una corrupción rampante y escandalosa.  

 

A este respecto, la reflexión de Sixto Pereira Galeano se enfocó en puntualizar algunas características de lo que denomina «vuelta al pasado», una política defendida por «los grupos económicos de siempre», ligados a la embajada de Estados Unidos. 

 

En ese orden de ideas, mencionó que estos sectores suelen afirmar que los mecanismos tradicionales de integración son la puesta en obra de la llamada «aldea global», caracterizada por la apertura de mercados y tributos, sin menoscabo de sector ni nación alguna, mas cuando se ponen en marcha las presuntas «pluralidad» y «tolerancia» que invocan, los beneficiados son siempre los mismos. 

 

Desde su punto de vista, «Paraguay fue el segundo laboratorio, tras Honduras» de esta «vuelta al pasado», es decir, al regreso de gobernantes defensores del neoliberalismo en la región y tras el «éxito» en deponer a Lugo, se hizo lo propio en Brasil, en Ecuador, en Bolivia e incluso en Argentina. 

 

No obstante, es optimista, pues a pesar de esa innegable «vuelta al pasado» y que impera que los factores ligados con una propuesta alternativa rediscutan y redefinan esos procesos de integración y democratización, no es menos cierto, a su parecer, que el pueblo reaccionó y pudo darse cuenta que bajo un gobierno que tuvo como norte la democratización, las condiciones de vida de los paraguayos mejoraron. 

 

Así, este debate urgente puede verse favorecido debido a la pérdida de popularidad y credibilidad que atraviesa Mario Abdo Benítez, quien además debe hacer frente a contradicciones y conflictos dentro de su propio partido y al reacomodo de los grupos económicos. 

 

 

En data reciente, se reveló un escándalo de corrupción que involucra a dos gobiernos derechistas de la región, el de Jair Bolsonaro y el de Abdo Benítez en relación con el manejo de la hidroeléctrica binacional Itaipú y que casi supuso la destitución del gobernante paraguayo.

 

No obstante, pese a la gravedad de esta «estrategia corrupta derechista», Miguel Ángel Pérez Pirela enfatizó que esa realidad era poco conocida y que incluso había sido silenciada dentro «del andamiaje político y mediático de la región». 

 

De acuerdo con lo relatado por el senador Pereira, el tratado binacional hidroeléctrico en torno al cual giró el escándalo y cuya renegociación estaba prevista para 2023, plantea que Brasil y Paraguay deben administrar la energía hidroeléctrica producida por Itaipú de manera equitativa, algo que no se cumple en la práctica, toda vez que empresas brasileñas apostadas en urbes como São Paulo, acaban consumiendo el 80% de toda la energía. 

 

En 2008, durante la campaña presidencial de Fernando Lugo y en compañía de los movimientos sociales y populares, Paraguay se planteó la necesidad de recuperar el control del ente energético, con el propósito de que ese país pudiera disponer libremente de su parte de la energía para comerciarla con terceros, así como el fin de la cancelación de cuotas asociadas con una «deuda espúrea». 

 

La reconducción de esta renegociación, indispensable para Paraguay, no solamente fue parte de las ofertas presentadas por el entonces candidato progresista, sino que además fue una bandera defendida durante su gobierno y efectivamente se produjeron avances mientras en Brasil gobernaba Luis Inácio «Lula» Da Silva. 

 

De vuelta al presente, el caso de corrupción de Itaipú salió a la luz porque grupos de funcionarios ligados con Bolsonaro y Abdo Benítez no quisieron esperar hasta 2023, momento en el que correspondía revisar el tratado y adelantaron negociaciones con el conocimiento de ellos, pero durante el proceso hubo problemas entre ellos relacionados con los negocios y el cobro de coimas. 

 

Fue entonces cuando esa conflictividad entre agentes gubernamentales pertenecientes a distintas instituciones, cada una con sus propios intereses, derivó en un conjunto de acciones orientadas a sacar del poder a Abdo Benítez. 

 

 

Sixto Pereira Galeano mencionó que la magnitud del escándalo, aunada a los conflictos dentro del gobernante Partido Colorado, también mayoritario en el Congreso, habían abonado el terreno para conseguir el enjuiciamiento político del mandatario e incluso se contaba con los votos necesarios para ello, tanto entre los diputados como en los senadores.

 

Sin embargo, una espectacular jugada adelantada por las embajadas de Brasil, Estados Unidos e Israel y por el entonces presidente argentino, Mauricio Macri, dio al traste con esa posibilidad, pues anunciaron la captura de  Darío Messer, un narcotraficante descrito por la prensa brasileña como «el capo entre los capos», vinculado al expresidente Horacio Cartes, senador por el Partido Colorado, pero enfrentado a Abdo Benítez. 

 

Cartes, explicó el parlamentario del Frente Guasú, viene de la generación que se montó sobre la corrupción y los negocios ilícitos, no tenía asegurado ni puesto en un eventual gobierno de coalición, ni su posición económica. Tampoco quiso ser responsable de la caída del gobierno. 

 

En este momento de la disertación, Pérez Pirela acotó que «detrás de los hilos del poder, que pone y quita presidentes en Latinoamérica como Bolsonaro, como Macri, como Abdo Benítez, no solamente están embajadas de Estados Unidos e Israel, sino además los mafiosos más importantes» de la región.

 

De su lado, Pereira opinó que a mafia es parte de las estructuras, del cimiento de los gobiernos de derecha; es reconocible en los gobiernos de Cartes, de Bolsonaro, de Macri, de Lenín Moreno y en el caso del gobierno de facto de Bolivia. «Es el cimiento del gobierno de los grandes grupos económicos manejados por la embajada de Estados Unidos», agregó. 

 

 

Regresando al tema de la pandemia, el senador paraguayo considera que en el mundo globalizado, la pandemia es una excusa para el reacomodo de los grandes grupos económicos que hoy imponen una flexibilización laboral que afecta a los más débiles, a quienes están jubilados. 

 

Se trataría, en su juicio, de una estrategia cuyo fin último es inmovilizar a los sectores sociales «con medidas represivas jurídicas y represivas directas» y que tratan, en la realidad concreta paraguaya, de detener proyectos legislativos como aquél en el que se plantea blanquear la propiedad de la tierra, que le fue otorgada por la dictadura a sujetos que no eran objeto de la reforma agraria; o en el que se intenta que los grandes propietarios cancelen más impuestos. 

 

Estas condiciones de la pandemia han obstaculizado las demandas de los sectores aglutinados en movimientos urbanos, que exigen educación pública, blanqueo de la propiedad de la tierra y recuperación de la soberanía energética.

 

Por otra parte, la flexibilización laboral en Paraguay pretende «acabar con las conquistas de los trabajadores», al tiempo que los beneficios para los supermercadistas son cada vez mayores, a expensas del desplazamiento de pequeños comerciantes y de miles de puestos de trabajo perdidos.

 

 

En Paraguay, la derecha gobernante representada por el Partido Colorado, sufre un gran descrédito que ha sido mediatizado inclusive a partir de la prensa que le es afín. 

 

En contraste, el expresidente Fernando Lugo «sigue siendo una figura», que cuenta con más del 50% de aprobación y no tendría impedimento alguno para postularse nuevamente a la primera magistratura, salvo los límites que impone la Constitución, que no contempla la figura de la reelección. 

 

Justamente por ese motivo, comentó Pereira, el Frente Guasú planteó una enmienda constitucional, cuya aprobación «fue frustrada por la actuación de la embajada estadounidense», que incluso consiguió los favores de antiguos aliados políticos en contra de la posible candidatura de Lugo, si bien no han renunciado del todo a la idea y la siguen discutiendo. 

 

De lado de los movimientos sociales, el dirigente aseveró que aesar de la pandemia, las protestas continúan: movimientos periurbanos, el movimiento estudiantil y los movimientos campesinos siguen manifestándose, aunque por separado. 

 

Por ello y con el propósito de construir un frente común de lucha, el Frente Guazú está organizando una gran movilización durante la primera quincena de septiembre para exigir una política sanitaria, lucha frontal contra la corrupción y reactivación económica sin hipotecar al país, ello de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo año.

 

 

Al ser consultado por Miguel Ángel Pérez Pirela sobre Venezuela, Sixto Pereira estimó que nuestro país había ofrecido «una de las experiencias importantes estratégicas de participación, de resistencia para avanzar en bloqueos de diversa laya que hace el gobierno estadounidense». 

 

En su disertación también resaltó «la tarea importante de internacionalismo que hace Venezuela», así como la participación del pueblo para defender su proceso y la defensa de la soberanía por parte de la policía y la Fuerza Armada, en lugar de plegarse a «los intereses de las corporaciones y de Estados Unidos».

 

«Algunos pronosticaron el fin del proyecto bolivariano, pero nosotros dijimos que no, porque el pueblo es protagonista de su proceso de defensa de su soberanía», remató.

 

 

Al cierre de la edición, el experto venezolano quiso que su invitado comentara brevemente sobre la lengua guaraní, hablada en Paraguay y que buena parte de los latinoamericanos ignoramos, debido a «una ignorancia provocada que nos impide conocernos entre nosotros mismos»

 

Sergio Pereira reconoció que habla más en guaraní que en castellano porque le permite expresar mejor sus ideas y refirió, además, que hablarla es sinónimo histórico de resistencia, pues ya durante la Guerra del Chaco, varios de los soldados, cuando querían ocultar su estrategia, hablaban en guaraní y durante la dictadura se prohibió su uso, lo que resultó muy conveniente para su fortalecimiento.  

 

«Es una lengua muy rica y expresiva, que hace hablar a las personas, a la naturaleza, a los problemas sociales. Fue una práctica que se fortaleció durante la dictadura, a modo de resistencia», concluyó.