El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó este miércoles que un médico residente del área de Medicina Interna de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), ubicada en Valencia, estado Carabobo, se dedicaba a robar del centro de salud el medicamento Remdesivir -entregado de forma gratuita por el Gobierno Nacional y que es utilizado para atender a los pacientes infectados con la COVID-19- para luego comercializarlo vía privada a un costo mínimo de 800 dólares en adelante.
En transmisión de VTV, Saab indicó que el cabecilla de la red criminal que robaba el Remdesivir y lo vendía hasta en más de 3.000 dólares, era un médico que fue identificado como Antonio José Amell Cantillo y es de nacionalidad colombiana.
«Se trata de un médico colombiano que, con algunos cómplices, comercializaba medicamentos que otorga el Estado de forma ejemplar y gratuita» para el tratamiento del COVID-19 en pacientes contagiados, dijo Saab.
El Fiscal acotó que esta nueva trama de corrupción «nos ha permitido hilar hasta dónde podría llegar esta práctica en otros lugares»; y resaltó que contra todos los involucrados «deben caer todo el peso de la ley».
Saab acotó que en Colombia se ha pretendido armar un escándalo por la detención de este médico; y hasta «se han pronunciado un grupo de congresistas y la Cancillería de ese país, haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro, pero no, corrían peligro la vida de los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos».
Comentó que Antonio Amell se le imputa por concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir; mientras que a una de sus cómplices, identificada como Francis Margarita Aguiar Salazar y también detenida, se le imputan los delitos de forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.
Así fue la investigación
El titular de la fiscalía venezolana detalló que Amell Cantillo «fue detenido tras un trabajo de inteligencia realizado por el Ministerio Público, con la Policía Nacional contra la Corrupción y el SEBIN como órganos auxiliares, con quienes mantenemos contacto desde el primer momento».
Añadió que las investigaciones comenzaron gracias a las denuncias realizadas por familiares de los pacientes; y «se pudo determinar que este médico comercializaba medicinas para el tratamiento de la COVID-19, las cuales son suministradas por el Estado venezolano de forma gratuita».
«Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente», subrayó.
Saab acotó que Amell también cobraba a las personas para entregarles planillas de ingreso al centro hospitalario, y las dirigía a «comercios cercanos al hospital a los fines de que las imprimieran».
Las investigaciones también permitieron detectar que el galeno «mantenía asociación con al menos 5 farmacias privadas«, a las que les venía «los medicamentos que eran sustraídos del hospital».
Por todas estas irregularidades, dijo Saab, también está siendo investigado el Director del nosocomio, Alexis Rivera, «para determinar si hubo complicidad de su parte».
«Estamos hablando de un delincuente, no de una detención arbitraria para perjudicar a sus connacionales colombianos; como quieren hacer ver desde el vecino país (…) Se trata, sin duda, de una deplorable violación de códigos éticos del ejercicio de la medicina y de graves delitos», acotó el Fiscal.
Más detalles de cómo operaba la banda criminal
Saab comentó que la banda criminal llegó incluso a contactar a familiares de pacientes fallecidos a quienes le habían vendido el Remdesivir para que se los vendieran y ellos volver a revenderlos a otros pacientes necesitados del medicamento.
«El pasado 3 de septiembre la subdirectora de la CHET le ordenó a este galeno (Amell Cantillo) el ingreso del paciente José Reyes de 74 años; a quien le indicaron 4 ampollas de Remdesivir. El médico estableció contacto con familiares de un fallecido, quienes habían adquirido previamente el medicamento y acordó la adquisición por un monto de 1.800 dólares y su posterior venta por 3.200 dólares al paciente recién ingresado de apellido Reyes», comentó.
Añadió que a Reyes le fue administrada una sola dosis, y se la colocaron un día después -el 4 de septiembre- que se ordenara colocarle las cuatro dosis. El paciente terminó falleciendo a las 11:30 de la mañana de ese mismo día, 45 minutos después que le colocaran la primera ampolla del medicamento.
Saab explicó que al momento de la detención de Amell Cantillo hallaron en su residencia varios insumos médicos y medicamentos. «55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia».
«Junto a él fue detenida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera; donde se incautaron planillas y formularios de documentos que eran utilizados en la administración de servicios médicos del hospital, además de medicinas de distribución gratuita otorgadas por los programas sociales del Estado», añadió el Fiscal.
Los reclamos de Colombia
Sobre los reclamos de Colombia, el Fiscal General indicó que no «deja de ser costumbre que las autoridades colombianas se pronuncien en defensa de este delincuente, que no por ser médico tiene una patente de corso para hacer lo que quiera y actuar impunemente».
«Me gustaría ver pronunciamientos de congresistas condenando masacres que ocurren día sí y día también en Colombia. Este 7 de septiembre hubo 2 más con 5 fallecidos en Bajo Cauca y 3 en el sur de Bolívar, entre ellos 2 venezolanos. Con estas van 53 masacres solo este año», dijo.
Agregó que también le gustaría ver «a la Cancillería colombiana condenando los ataques que, desde su territorio, hacen mercenarios y desertores contra el territorio venezolano».
«Me gustaría verlos entregando a las autoridades venezolanas a estos terroristas para que sean juzgados por los crímenes que han cometido contra el pueblo venezolano», comentó.
«Hago un llamado a los colombianos a reflexionar sobre la clase de gobierno que tienen. Es insólito que una Cancillería salga en defensa de un delincuente; que no descartamos pueda estar infiltrado aquí para ocasionar situaciones como ésta», subrayó el Fiscal venezolano.
(LaIguana.TV)
