El pasado lunes en horas de la noche, la periodista opositora Patricia Poleo reveló la trama de corrupción y extorsión que envuelve a «funcionarios» del gobierno ficticio de Juan Guaidó en Estados Unidos.

Así lo divulgó a través de su portal web Factores de Poder, espacio en el que explicó que el tinglado legislativo del diputado Juan Guaidó no pudo robarse los activos de Venezuela en el Caribe porque sus propios «funcionarios» chantajearon al consorcio internacional que los iba a representar en la toma de dichos activos.

Después de que el diputado Juan Guaidó se autojuramentara «presidente interino» en enero de 2019, directores del Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) le presentaron una propuesta que ya adelantaban para la toma de los activos de Venezuela en el exterior que incluía la reestructuración del 50% de las deudas financiadas.

Aquí el gobierno ficticio comienza a pasarse la pelota para ver quién roba más. Juan Guaidó acepta la propuesta y designa al diputado Marco Aurelio Quiñones (VP) para adelantar gestiones en la Asamblea Nacional que Guaidó presidía. Luego, tras varias reuniones intervino la junta ad hoc de Pdvsa y el «exprocurador» José Ignacio Hernández para «revisar» los porcentajes de comisiones y luego se dedica a la «Comisión Presidencial para la Gestión de Activos» presidida por Javier Troconis.

Troconis delegó a los hermanos Blasi-Blanchard, empresarios vinculados con Carlos Vecchio. Estos exigieron al CRA una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. El CRA no acepta para no violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) que prohíbe aceptar sobornos en acuerdos comerciales.

Tras comunicaciones entre los involucrados y la renuncia del «exprocurador» José Ignacio Hernández, las pretensiones de hacerse con los activos de Venezuela en el exterior, cada vez se aleja de Juan Guaidó y sus secuaces.

(LaIguana.TV)

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