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Los gobiernos que se sucedieron al derrocamiento de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y que dieron paso a la conocida época del Puntofijismo, dejaron un legado de torturas, desapariciones forzadas, persecución y asesinato de líderes sociales, juicios sumariales, impunidad y represión de todo tipo de protesta social.

 

Este historial sangriento inicia con el mal llamado padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, durante su gobierno hubo una persecución sin cuartel contra los grupos de izquierda, cuyos líderes fueron objetivo de los órganos de seguridad del Estado.

 

Los casos más emblemáticos en esta época son los levantamientos militares, conocidos como El Carupanazo (mayo 1962) y El Porteñazo (junio 1962) producidos ante la negativa de Betancourt de abrir verdaderos canales democráticos y de reformas en el país.

 

Solo el alzamiento de Puerto Cabello produjo en sus primeras horas 400 muertos y 700 heridos.

 

“En lo social, Rómulo Betancourt fue un hombre represivo, que empleó la violencia peor que el propio Pérez Jiménez. A solo cuatro meses de estar gobernando, reprimió una manifestación de desempleados a dos cuadras de la Plaza Bolívar, en Caracas, con saldo de cuatro muertos y una decena de heridos”, contó uno de los líderes militares de El Porteñazo, el para entonces capitán de corbeta Víctor Hugo Morales.

 

“Betancourt inició a Venezuela, la figura horrenda de los desaparecidos. Con Raúl Leoni (sucesor de Betancourt, Presidente entre 1964-1969), eso se intensificó, y el cálculo más aproximado a la realidad, es que más de 8 mil personas fueron desaparecidas en Venezuela durante el puntofijismo”, explicó a teleSUR, el periodista e historiador venezolano, Juan Monasterios Malavé.

 

Para no olvidar

 

El 27 de octubre de 1965 apareció en las playas de El Morro en Puerto La Cruz un cadáver, que posteriormente fue identificado como el del profesor Alberto Lovera dirigente del Partido Comunista y quien estaba desaparecido desde el 18 de octubre del mismo año. El diputado del entonces Congreso Nacional por el partido Vanguardia Popular Nacionalista, José Vicente Rangel, acusó a la Digipol (anterior a la Disip) de aquel atroz asesinato. El crimen quedó impune, a pesar de que el director de ese órgano policial, JJ Patiño había confirmado que Lovera había sido detenido por este cuerpo policial.

 

Masacre de Ejido, estado Mérida. Noviembre de 1961, gobierno de Rómulo Betancourt (AD). Dos muertos y varios heridos por arremetida policial contra estudiantes.

 

Masacre de La Victoria, Aragua. 3 de junio de 1972. Gobierno de Rafael Caldera (Copei) Fueron vilmente asesinados Francisco Edmundo Hernández Cruz, Luis Eduardo Cols González, José Elio Sánchez Romero y Francisco Acosta García, miembros del grupo Punto Cero, una de las agrupaciones de la década de los 70 que luchaba para el cese de la represión.
La orden de fusilamiento fue dada por el terrorista Luis Posada Carriles, quien comandaba en aquel entonces la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Las víctimas se encontraban rendidas en el interior de la vivienda, sin embargo, un comando que incluía un helicóptero y un exagerado número de funcionarios ejecuta la acción delante de mujeres y niños que se hallaban en el lugar. Los vecinos del sector evitan que los demás sean ajusticiados. Sin embargo, son llevados a los sótanos de la Disip donde son torturados. Brenda, una de las mujeres miembro de la agrupación, y quien tenía 8 meses de embarazo fue salvajemente golpeada en su vientre para «acabar con la mala semilla antes de que nazca», según las instrucciones dadas por Posada Carriles.

 

Masacre de Cantaura, estado Anzoátegui. 4 de octubre de 1982. Gobierno de Luis Herrera Campins (Copei) Fueron asesinados 23 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 30 años a manos de la Disip dirigida por el comisario Henry López Sisco y el Ejército Nacional. Estos jóvenes pertenecían al grupo del Frente Guerrillero “Américo Silva” del partido Bandera Roja.

 

Masacre de Tazón, Caracas. 19 de septiembre de 1984. Gobierno de Jaime Lusinchi (AD). 200 estudiantes a bordo de 4 autobuses son masacrados por oficiales de la Guardia Nacional que impedían su llegada a Caracas a incorporarse a una protesta en pro de mejoras estudiantiles como, beca, comedor, pasaje preferencial. En esta brutal acción mueren en el acto 34 estudiantes.

 

Masacre de Yumare, estado Yaracuy. 8 de mayo de 1986. Gobierno de Jaime Lusinchi (AD). Un comando de la Disip dirigidos por el comisario Henry López Sisco asesina a nueve dirigentes sociales. Luego afirmaron que pensaban que se trataban de guerrilleros. Sin embargo, testigos revelaron que esas personas fueron torturadas y posteriormente, ejecutadas. Además, les colocaron ropas militares encima de su ropa civil. Las autopsias demostraron que los cuerpos presentaban tiros de gracia y severas lesiones internas que evidenciaban torturas antes de ser ejecutados. No hubo enfrentamiento.

 

Masacre del Amparo, estado Apure. 29 de octubre de 1988. Gobierno de Jaime Lusinchi (AD). Nuevamente, funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) bajo las órdenes de Henry López Sisco y miembros de las Fuerzas Armadas del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), asesinan a 14 pescadores. Aunque en total fueron 16 las víctimas, dos de ellas sobrevivieron. No tenían antecedentes penales, las fuentes oficiales los hicieron pasar como subversivos colombianos.

 

Caracazo (27-28 de febrero de 1989) Gobierno de Carlos Andrés Pérez (AD). Las cifras oficiales hablan de 300 muertos y mil 500 heridos. No obstante, se estima de entre 2 mil y 3 mil las personas asesinadas.

 

Masacre del Retén de Catia, Caracas. 27 de noviembre de 1992. Se desconoce el total de los muertos, fuentes no oficiales hablan de 200 mientras que el Ministerio de Interior y Justicia admitió 63. El hecho se produjo cuando oficiales de la Policía Metropolitana dirigida por el gobernador de Caracas, Antonio Ledezma y funcionarios de la Guardia Nacional disparan contra presos a quienes habían invitado a salir de las celdas.

 

En el segundo mandato de Rafael Caldera (Convergencia Nacional) fueron asesinados varios estudiantes universitarios, entre ellos, Richard López Plaz.

 

Los “Pozos de la Muerte” de Omar Barboza

 

El hoy presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y exgobernador del estado Zulia, Omar Barboza, también tiene su historial como violador de derechos humanos, ya que durante su mandato se sucedieron una serie de desapariciones, cuyos cuerpos de las víctimas previamente torturadas iban a dar a los llamados “pozos de la muerte”, lugares donde los organismo de seguridad de la región lanzaban a sus víctimas, todo un emblema de la represión de la época.

 

El 8 de marzo de 1986 los diputados del extinto Congreso de la República Luis Hómez, Carlos Tablante y Rafael Guerra, junto a una comisión forense, se trasladaron hasta un fundo ubicado en el sector La Cañada de Urdaneta, en las afueras de Maracaibo, donde ubicaron en un pozo huesos, prendas de vestir y zapatos. Además en el lugar había un muro que presentaba numerosos impactos de bala, lo que hizo suponer que se trataba de una especie de paredón para ajusticiar a las víctimas.

 

Tras las experticias correspondientes se determinó que las osamentas correspondían a Nolberto Parada, Nerio Enrique Hernández y José Alberto Carrillo, quienes se encontraban desaparecidos.

 

Hasta el día de hoy se desconoce el número exacto de las víctimas que fueron a dar a los “Pozos de la muerte” en el Zulia, ni mucho menos quienes fueron sus verdugos. Una decisión judicial ordenó vaciar cemento en el primero de los aljibes y el resto no fue investigado. De esta época es célebre la frase de Barboza cuando para eludir su responsabilidad dijo que se trataba de “unos huesos de vacas”, lo hallado en esas fosas.

 

(LaIguana.TV)