La desfachatez, el descaro, la desvergüenza o, como se dice últimamente, el caraetablismo del imperio, sus satélites, sus lacayos, sus títeres y su maquinaria mediática parecen no tener límites. Cada día estos actores superan sus propias marcas.

Cuando están en dificultades se ponen peores porque esas conductas no son meros caprichos, sino formas de atacar, defenderse o contraatacar, es decir, parte de su lucha por el poder y la hegemonía.

Analicemos, por ejemplo, la siguiente escena de absoluta desfachatez: Estados Unidos entrega sus no solicitadas boletas de certificación en materia de lucha contra las drogas, y el alumno más aventajado, el que pasó eximido fue Colombia.

Suele ocurrir con las desvergüenzas, que parecen un chiste. Pero la semejanza  con el humor se termina rápido porque no es algo gracioso. Hay mucha tragedia, demasiadas desgracias personales, familiares y nacionales envueltas en la ironía. Las risas que provocan son amargas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína. Más que eso es una potencia agroindustrial de la droga, es decir, que tiene una enorme producción de la materia prima (la hoja de coca) y una correspondiente capacidad instalada para procesarla industrialmente, para darle valor agregado, para  transformarla en la mercancía comercializable (la cocaína), lo que requiere una buena cantidad de insumos químicos, equipos específicos, mano de obra calificada y una red de proveedores, distribuidores, transportistas (por aire, mar y tierra) y personal de seguridad comparable con el de cualquier industria transnacional. 

Como no se trata de una actividad lícita, para que opere funcionalmente necesita además un tupido entramado de complicidades estatales, en todos los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial; civil y militar; nacional, regional y  local). En vista de que se trata de actividades no solo ilegales, sino abiertamente criminales, otro componente fundamental es un aparato disuasivo y represivo para corromper, comprar silencios, neutralizar o eliminar a quienes se interpongan en el flujo del negocio.

Todo esto pasa en Colombia merced a un tejido de complicidades que recorre la sociedad completa, sobre lo cual hay mares de pruebas e indicios, destacando las evidentes relaciones de los capos del narcotráfico con quienes tienen el poder político. Eso está más que certificado.

 Creer que el gigantesco volumen de producto consumible (la cocaína) exportado a Estados Unidos y Europa es obra de pequeños laboratorios artesanales clandestinos es una ingenuidad o algo propio de otros cómplices.

Igualmente es absurdo pensar que un negocio de ese volumen y con la ya mencionada ilicitud puede ser manejado a distancia por mafias extranjeras, sin que existan estructuras criminales internas en el país donde funciona el gran mercado, en este caso EEUU.  A pesar de lo absurdo que resulta, EEUU se dedica a señalar con el dedo los cárteles del narcotráfico (reales o inventados) en varios otros países, pero nunca desmantela sus propios cárteles. Washington anuncia magnas operaciones militares antidrogas fuera de su territorio y de sus mares, mientras dentro funciona una actividad lucrativa milmillonaria que, obviamente, también requiere de una logística y una red de complicidades. EEUU examina a todo el mundo, certifica a unos, descertifica a otros, pero no se califica a sí mismo. Para eso son imperio.

Entonces, lo que vemos cuando EEUU aprueba a Colombia en materia de lucha antidrogas es de una desfachatez, como dijimos antes, que parece un chiste. Se trata de una relación entre los socios de un negocio redondo en la que ambos fingen que están en contra de la industria de la que se benefician. Se reúnen para deplorar el auge de la actividad y los estragos que causa, mientras por debajo de la mesa se reparten las ganancias.

Para desempeñar este juego se valen de varios subterfugios. Uno de ellos es tomar los eslabones más vulnerables del negocio como cabezas de turco. En el lado del país productor son los campesinos cultivadores de coca, en los que se pretende depositar toda la culpa. Por eso es que EEUU «recomienda» que se retorne al bárbaro procedimiento de la aspersión con glifosato, un producto destructor de zonas cultivables y probadamente cancerígeno. Pretenden hacer ver que si se reduce la superficie cultivada de hoja de coca, a punta de envenenar las plantas, bajará la producción y el consumo. Por normas elementales del sacrosanto mercado, ellos saben -mejor que nadie, pues son condenadamente neoliberales- que no es así como esto funciona. Pero es una manera muy mediática de hacer el paro. Además, es un negocio para todos los involucrados, incluyendo la oligarquía terrófaga colombiana que con las aspersiones desplaza más y más familias campesinas y se apodera de sus tierras.

El cabeza de turco del lado del país consumidor es el vendedor al detal, el jíbaro, como le dicen por estos lados. Por eso es que las cárceles de EEUU están atestadas de afrodescendientes, latinos y blancos pobres procesados o condenados por delitos de narcotráfico, pese a lo cual el consumo no para de crecer porque a los capos y sus secuaces en los cuerpos policiales y militares no los tocan casi nunca.

Otra táctica para mantener la apariencia de que luchan contra las drogas es buscar a un tercero a quien echarle la culpa de un negocio cuyos extremos (producción y consumo) están claramente en estos dos países. En los últimos tiempos, Venezuela ha sido el chivo expiatorio ideal. No produce cocaína, no es un consumidor importante,  su territorio no es una ruta significativa, comparada con las costas pacífica y caribeña colombiana y con las que parten del norte de Ecuador. Pero nada de eso importa a la hora de crear un relato que distraiga a la opinión pública del multimillonario negocio que el certificador y el certificado mantienen viento en popa y a toda vela.

El mayor productor y el mayor consumidor se encompinchan para acusar a Venezuela de los delitos que ellos perpetran. No se trata solo de distraer a la opinión pública, sino también de usar el expediente para sostener la tesis de un Estado forajido y justificar así los intentos de derrocar al gobierno y tomar el control del país a través de sus títeres o directamente, si fuera el caso. 

Es el cinismo concentrado: la potencia agroindustrial de la cocaína y su importador más destacado pretenden estigmatizar a un tercer país como un narcorrégimen. Mientras tanto, de Colombia siguen saliendo cargamentos y más cargamentos, que son recibidos, distribuidos y vendidos en todo EEUU. Todo ello a pesar de que los gobiernos colombianos han permitido que en su territorio operen bases militares norteamericanas y la mismísima Agencia Federal Antidrogas, la DEA, que, una de dos: o es cómplice de los cárteles colombianos o es de una ineptitud legendaria.

Semejante infamia no sería posible de no ser por la existencia de un entramado adicional de alcance mundial, integrado por organismos diplomáticos, falsas organizaciones no gubernamentales y la omnipresente maquinaria mediática. Estos tres instrumentos se orquestan para lograr que los grandes socios de la industria y el comercio de los narcóticos aparezcan como los países que luchan a brazo partido contra las mafias, mientras que Venezuela, que  es, como mucho, un territorio de tránsito, sea presentada como la narcopotencia de Suramérica, el país que está envenenando a los pobres jóvenes estadounidenses. 

La desvergüenza, el descaro, la desfachatez, el caraetablismo del imperio, sus satélites, sus lacayos y sus títeres no sería posible sin estos tres factores de instauración y legitimación de las matrices se opinión y las calumnias.

Actores siempre secundarios, pero que se empeñan en hacer los papeles que mandan los libretistas, son los opositores venezolanos. Ellos también rompen sus récords a cada paso. Vociferan que están luchando contra una dictadura que se financia con drogas y tienen a Colombia como su refugio; organizan invasiones mercenarias que parten desde haciendas de capos del negocio y hasta se hacen transportar y se toman selfies con narcoparacos.

En materia de desvergüenza, estos personajes están más que  certificados.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

 

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