“La única solución a la crisis en Venezuela son elecciones libres y justas reales, no esta farsa política” Con estas palabras, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, respondió a lo que nadie le había preguntado. Un día antes, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le había ratificado públicamente a la Unión Europea, la invitación para que enviara una misión a las elecciones legislativas del 6D.
Esta frase refleja la ofensiva del gobierno estadounidense contra todo país que se coloque fuera de su dominio, pero también la hipocresía con la que actúa, en su intento por boicotear un proceso electoral que puede representar la salida pacífica al conflicto político que vive el país.
Y es que Pompeo esconde una realidad: mientras nuestro país ha ido construyendo garantías electorales de transparencia, seguridad y confiabilidad, Estados Unidos vive el drama de una administración electoral, frágil y fraudulenta, que incumple los estándares internacionales al que apelan los funcionarios estadounidenses para atacar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La falta de sinceridad no es cualquier cosa. Los procesos electorales estadounidenses reflejan los rasgos de un sistema estructurado para la exclusión de sectores sociales empobrecidos, entre ellos los afroamericanos y los latinos, negándoles el derecho al sufragio como ejercicio efectivo de la Democracia, lo que le permite a los factores de poder mantener el control político, y por ende económico, de la nación.
Tales afirmaciones no son especulativas. Así se concluye de la lectura de los reportes finales que misiones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) hicieron de la observación de las elecciones del Congreso estadounidense en el año 2018 y de la evaluación de necesidades con motivo de las elecciones generales de noviembre próximo.
La OSCE no es cualquier organismo internacional. Controlada actualmente por Estados Unidos y países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), esta agencia multilateral de seguridad, en la que participan 57 naciones, participa en la mediación de los más importantes conflictos que se están desarrollando en la Europa Oriental. Así la caracterizó, el pasado primero de septiembre el canciller ruso, Serguei Lavrov. “La OSCE, lamentablemente, es, en lo fundamental, utilizada por una minoría agresiva para ajustar las cuentas políticas”.
¿Por qué Estados Unidos aceptó la observación de la OSCE a sus elecciones? Porque es obligación de los países miembros de esa organización y porque una correlación de fuerzas a su favor, dentro del organismo, le imponen moderación y discreción a sus observaciones. Y así se evidencia en diversos informes de veeduría en los que, pese a su mesura, no se pueden obviar las severas fragilidades del proceso electoral de ese país.
Estos reportes se encuentran archivados en el sitio oficial de la organización, sin que hayan recibido, hasta ahora, casi ninguna difusión pública. Ellos permiten caracterizar las deficiencias estructurales de los procesos electorales de la nación norteamericana.
Elecciones 2018: 14 prácticas que violaron la integridad del proceso
Estados Unidos es una unión federal de 50 estados y de otras entidades que poseen un tratamiento jurídico distinto. Esto significa que los estados tienen autonomía en legislar sobre aquellos temas que no sean calificados como federales.
A excepción del financiamiento de las campañas, los procesos electorales no son un asunto federal por lo que cada estado tiene legislaciones y prácticas distintas. Incluso, no existe un organismo central e independiente que administre, supervise y organice las elecciones, por lo que estas funciones las ejercen organismos estadales que dejan en manos de empresas privadas buena parte de las actividades medulares.
Esta particularidad de la administración electoral estadounidense se refleja en muchas de las observaciones contenidas en los reportes de la OSCE. En ellos también se describen graves irregularidades que, en el contexto político de ese país, han terminado por constituirse en rasgos esenciales de ese sistema de exclusión.
Las siguientes son citas textuales sobre 14 de esos rasgos, descritos en el Reporte Final de la Misión de Observación Limitada de las elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos, en noviembre de 2018, revisado el pasado viernes 18 de septiembre:
Derecho al sufragio socavado: “El derecho fundamental al sufragio se vio socavado en algunos lugares por la privación del derecho a voto de algunos grupos de ciudadanos y la falta de representación plena en el Congreso”.
Decisiones politizadas: “Si bien las elecciones se administraron en gran medida de manera profesional y los votantes acudieron en gran número, las decisiones sobre aspectos importantes del proceso electoral a menudo se politizaron.”.
Manipulación política de la circunscripciones: “Persistieron las preocupaciones sobre el trazado de los límites de ciertos distritos electorales para la Cámara. Si bien los distritos generalmente tienen el mismo tamaño de población, existe una preocupación generalizada de que la delimitación de los límites a menudo se debe a consideraciones partidistas, lo que resulta en una serie de contiendas no competitivas. En estas elecciones, 42 candidatos a la Cámara se presentaron sin oposición.”.
Discriminación legal por razones raciales o linguisticas: “…siguen existiendo deficiencias fundamentales en la ley, en particular con respecto a la privación de derechos de los ciudadanos. La falta de acuerdo en el Congreso para adoptar una nueva fórmula para hacer cumplir un aspecto clave de la Ley de Derechos Electorales disminuyó su eficacia en la protección contra la discriminación por motivos raciales o lingüísticos.”.
Falta de independencia de la administración electoral: “…los principales funcionarios electorales de algunos estados fueron candidatos en las elecciones que supervisaron, lo que generó conflictos de intereses y planteó dudas sobre la independencia de la administración electoral.”.
Inseguridad de las tecnologías electorales: “El sólido apoyo técnico y los mecanismos de coordinación mejoraron enormemente la preparación para los ciberataques, pero, no obstante, gran parte de la infraestructura electoral permaneció insuficientemente protegida.”.
“A pesar de los avances, persisten desafíos con respecto a la coordinación entre los organismos federales y estatales, el reemplazo de equipos de votación antiguos, la seguridad de las páginas web de registro de votantes y los requisitos para que los proveedores actualicen los sistemas.”.
Sistema automatizado de votación inseguro: “El uso de nuevas tecnologías de votación es extenso y varía considerablemente en todo el país. Si bien existe una tendencia a volver a la votación en papel, en 15 estados se utilizaron máquinas de votación sin un registro en papel verificado por los votantes, y 5 estados dependían exclusivamente de ellas (las máquinas de votación), contrariamente a las buenas prácticas. En algunos estados, se utilizaron máquinas de votación obsoletas que se sabe que tienen serios problemas de usabilidad. No obstante, de acuerdo con las recomendaciones anteriores, se introdujeron esfuerzos para fortalecer la confianza pública en la precisión de los resultados electorales en muchas jurisdicciones, incluso mediante la certificación y auditorías postelectorales.”.
Privación de derechos por exclusión a 11 millones de votantes: “La legislación y la práctica privaron efectivamente de sus derechos a alrededor de 11 millones de votantes que de otro modo serían incluidos. Unos 4,7 millones de ciudadanos que residen en el Distrito de Columbia y en territorios de Estados Unidos carecen de representación plena en el Congreso. Se estima que 6,1 millones de personas con condenas penales, la mitad de las cuales han cumplido sus condenas, están privadas de sus derechos, y las minorías raciales se ven afectadas de manera desproporcionada.”.
«Estas restricciones contravienen los compromisos de la OSCE y las normas internacionales con respecto al sufragio universal e igualitario.”.
Manipulación irregular del Registro Electoral: “Se estima que el número total de ciudadanos en edad de votar supera los 250 millones, de los cuales unos 50 millones siguen sin registrarse.”.
“…algunas decisiones e iniciativas relacionadas con el mantenimiento y la integridad de las listas de votantes limitaron efectivamente el acceso al voto para algunos ciudadanos. Varios interlocutores señalaron en algunos lugares que los votantes de bajos ingresos, las minorías raciales y lingüísticas, los nativos americanos y los ciudadanos con discapacidades enfrentaban mayores obstáculos para registrarse como votantes.”.
Obstáculos para la Identificación del votante: “La identificación de votantes es un tema políticamente divisivo y las reglas varían según el estado.”.
“Las reglas de identificación de votantes en algunos estados pueden presentar obstáculos, particularmente para ciertos grupos vulnerables de la población”.
Opacidad en el financiamiento de campañas: “…algunas organizaciones sin fines de lucro que hacen campaña sobre temas no están obligadas a revelar a sus donantes, lo que socava un sistema que de otro modo sería transparente y contraviene las obligaciones internacionales. Estas fueron las elecciones de mitad de período más caras en la historia de Estados Unidos, estimadas en USD 5,2 mil millones, con la mayor parte del gasto en nombre de los dos partidos principales.”.
Indefensión jurídica: “El acceso a los tribunales está abierto, pero los costos legales pueden ser prohibitivos. Las medidas cautelares temporales están disponibles, pero las determinaciones definitivas de los casos pueden llevar años. Esto socava el acceso a recursos oportunos y efectivos, en contra de los compromisos y obligaciones internacionales de la OSCE.”.
Violación del secreto del voto: “En general, se siguieron los procedimientos prescritos, aunque las condiciones no siempre aseguraban el secreto del voto, especialmente cuando se usaban escáneres de boletas.”.
Resultados no se anuncian en la mesa electoral: “…los resultados generalmente no se anunciaban en las mesas electorales, lo que reducía la transparencia de esta parte crucial del proceso.”.
Restricciones a la observación internacional: “Once estados impusieron restricciones a la observación del día de las elecciones por parte de observadores internacionales.”
“…las autoridades políticas y electorales de varios estados se negaron a reunirse con los observadores, y en un estado impidieron que la misión realizara una observación total. Tales restricciones son contrarias a los compromisos asumidos con la OSCE por el gobierno de los Estados Unidos. La votación fue observada ampliamente por los partidos y la sociedad civil, lo que proporcionó supervisión y transparencia.”
Elecciones generales 2020: OCSE le da ayuda crítica a Trump
No todo lo que dice la OSCE ataca al gobierno estadounidense. De hecho, el reporte final de la misión de evaluación de necesidades de la OSCE sobre las elecciones generales de noviembre próximo, que fuera emitido en julio pasado, devela la intención del organismo multilateral de darle soporte institucional a las afirmaciones de Trump sobre un posible fraude electoral a través del voto por correo.
A principios de este año, el mandatario norteamericano inició una campaña para advertir que podrían hacerle fraude con los votos por correo, una práctica común en ese país y que este año estará ampliamente extendida como consecuencia de la cuarentena.
Sus temores lo llevaron a tomar medidas. En junio pasado, nombró como director del Servicio Postal a un donante de campaña republicano, quien redujo las operaciones a tal nivel que provocó retrasos considerables en el servicio. El presidente también negó un financiamiento urgente al Servicio Postal que permitiría hacer frente a un incremento considerable de la demanda electoral por esta vía, en medio de la pandemia del Covid-19.
Pero, aunque las menciones al voto por correo son muchas, el reporte no refleja estas dos acciones presidenciales que constituyen obstáculos primordiales para una modalidad de votación que arrancó el pasado cuatro de septiembre.
Sobre el voto por correo ya se había pronunciado la OSCE en su informe de 2018, pero veamos las amenazas identificadas ahora, a partir de información recabada, entre finales de mayo y principios de junio pasados, en reuniones virtuales con funcionarios gubernamentales, partidistas y de organizaciones privadas:
Fraude con el voto por correo: “Muchos interlocutores compartieron preocupaciones sobre los riesgos asociados con el potencial alto volumen de votación por correo en las próximas elecciones generales, incluido el financiamiento apropiado para la votación por correo, la capacidad del servicio postal para entregar las boletas, pero también de los funcionarios electorales para contar y tabular todas las boletas enviadas por correo de manera oportuna. Además, se plantearon inquietudes relacionadas con la capacidad de los votantes para solicitar correctamente la boleta por correo, completarla y devolverla por correo, de modo que los votos lleguen a tiempo y se tengan en cuenta como válidos. Muchos funcionarios, incluso de alto nivel, expresaron públicamente su preocupación de que la votación por correo a gran escala pueda conducir a un fraude electoral masivo.”
“Varios interlocutores han expresado preocupaciones relacionadas con la llamada ‘recolección de votos’, la práctica de recolectar boletas por correo en nombre de los votantes.”
Posibles ataques cibernéticos: “…algunos (interlocutores) compartieron preocupaciones sobre posibles ataques cibernéticos aislados y el impacto que estos pueden tener en la confianza del público, incluso si los ataques no tienen éxito.”
Resultados no confiables: “En general, los interlocutores expresaron su opinión de que debido a la pandemia de COVID-19, la realización de estas elecciones será un desafío… Muchos interlocutores esperan dificultades para contratar a los funcionarios de los centros de votación y anticipan largas filas de votantes en los centros de votación consolidados. Además, muchos expresaron su preocupación por el nivel de confianza en la administración de las elecciones entre los votantes, lo que puede afectar la percepción de la integridad de los procedimientos del día de las elecciones y, en última instancia, en el resultado de las elecciones.”
Deficiencias con la identificación de votantes permiten el voto múltiple: “La identificación de votantes sigue siendo un tema muy cargado dividido en gran medida a lo largo de líneas partidistas sobre el equilibrio entre la integridad electoral y la inclusión, con un desacuerdo sobre el grado de riesgo del voto múltiple. Varios interlocutores señalaron que la falta de un registro de votantes federal central hace que sea difícil determinar si las personas están registradas y potencialmente emiten votos en varios estados.”
Desinformación en campaña: “Las campañas electorales no están reguladas en gran medida… Muchos interlocutores expresaron serias preocupaciones con respecto a la libertad de reunión pacífica, y algunos con respecto al uso de retórica intolerante durante la campaña, incluido el discurso incendiario dirigido a las minorías. Se espera que el uso de las redes sociales y en línea sea prominente, y muchos interlocutores expresan su preocupación por la posible desinformación, incluso de fuentes extranjeras.”
Observación intimidatoria: “La observación de elecciones está regulada por los estados, lo que a menudo no prevé explícitamente la presencia de observadores internacionales. Si bien se espera que la observación electoral por parte de la sociedad civil y los partidos políticos sea generalizada, algunos interlocutores expresaron su preocupación de que las actividades de algunos grupos de observadores puedan percibirse como intimidación de los votantes.”
En su informe de evaluación, la OSCE también reitera sobre algunas de las irregularidades presentes en el proceso electoral estadounidense, en especial las relativas a la vulneración del derecho al sufragio; la exclusión de millones de ciudadanos; los obstáculos a la inscripción en el Registro Electoral, agravado por las prohibiciones de transitar por las calles; y la violación del secreto del voto.
Tales situaciones vienen siendo registradas por la OSCE desde hace años, lo que evidencia el carácter de un modelo excluyente, que impide la participación democrática efectiva de millones de ciudadanos. Lejos de ser corregidas, las prácticas electorales antidemocráticas se han profundizando estos últimos años.
Desde la cultura y la experiencia electoral venezolana, lo que sucede en Estados Unidos no son elecciones libres y justas. En nuestro modelo electoral, 98% de los venezolanos en edad de votar están incluidos en el Registro Electoral, que ha sido auditado por los partidos políticos en 24 ocasiones en los últimos 16 años, para impedir manipulaciones indebidas; todos los procesos medulares, incluyendo el sistema automatizado de votación, son revisados en todas sus partes por las organizaciones antes, durante y después del evento electoral; los softwares de votación, escrutinio, transmisión y totalización cuentan con claves segmentadas, en las que participan todos los partidos, para garantizar su inviolabilidad; los escrutinios en cada mesa de votación son públicos y se hace una auditoría ciudadana para su comprobación; todas las gestiones que los ciudadanos hacen ante el CNE son gratuitas; entre otras características de transparencia y seguridad.
En el caso de Estados Unidos, su proceso electoral niega las razones que el gobierno de Trump alega para descalificar el nuestro. Pompeo lo sabe. “Nosotros mentimos, engañamos y robamos”, admitió en 2019. Hablaba de la CIA que es como hablar de su gobierno.
(Taynem Hernández / La IguanaTV)
