La fracción minoritaria de la Asamblea Nacional que lidera el parlamentario Juan Guaidó, reiteró este jueves su llamado a una «consulta popular» –aún sin fecha– «para que la ciudadanía autorice el uso de todos los mecanismos nacionales e internacionales necesarios para la libertad y salvaguarda del pueblo ante los crímenes de lesa humanidad y rechazar el fraude del 6D», según se indica en la cuenta Twitter de ese grupo político.

De acuerdo con una nota difundida por la oficina de prensa de Guaidó, en una reunión virtual desarrollada el pasado 29 de septiembre, los diputados en desacato aprobaron las preguntas de la referida consulta que, aducen, se sustenta en lo establecido en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La primera interrogante reza: «¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?».

Aunque no se especifica claramente cuáles serían «todos los mecanismos de presión nacional e internacional» de los que echaría mano el grupo, su convocatoria, que no está contemplada por vía alguna en la Carta Magna, deja la puerta abierta a la injerencia extranjera a través de cualquier método, incluyendo un ataque militar.

Por otro lado, tal y como está redactada la pregunta, el fin de la crisis que atraviesa el país y la llegada de «la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos», está atada a la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, lo que además de constituir un chantaje, deja en claro que, de quererlo, Guaidó y sus colaboradores podrían poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos.

Para abonar a esta tesis, el diputado Juan Pablo Guanipa anunció durante la sesión virtual del martes, que comenzaría un «plan de movilización nacional e internacional para incrementar la presión» sobre el Gobierno Bolivariano, al que tildó de «tiranía» y de «régimen usurpador».

En la segunda pregunta –que incluye dos aspectos distintos, no necesariamente vinculantes entre sí–, se pretende indagar sobre el rechazo de los ciudadanos al «evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D –las elecciones parlamentarias–, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables» y seguidamente, se incluye una solicitud para que «la comunidad internacional» –Organización de Estados Americanos y Unión Europea– desconozcan los resultados.

En un intento por otorgar legitimidad al evento, se anunció la creación del «Comité Organizador de la consulta popular», instancia conformada por siete miembros, que tendrá a su cargo un listado de funciones dependientes de un entramado institucional con el que este ala extremista de la oposición no cuenta, ni siquiera «en paralelo» y que tampoco permitirían garantizar transparencia alguna al evento paraconstitucional. 

Así, por ejemplo, en las funciones tres y cuatro, se indica que el Comité estará a cargo de «totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio, la consulta popular» y «participar a las autoridades que corresponda y publicar los resultados de la consulta popular».

Estas afirmaciones, más que certezas y confianza, introducen dudas más que razonables entre quienes consideran que es esta vía anticonstitucional el mecanismo de resolución de conflictos en Venezuela.

Surgen, por tanto, algunas interrogantes evidentes, como la relativa a la logística necesaria para la totalización de unas «actas de escrutinio» que no se sabe cómo serán elaboradas, qué sería lo que se adjudicaría en este caso, puesto que no se trata de una votación relacionada con cargos de elección popular o a cuáles autoridades correspondería «participar» los resultados de la consulta.

La nota de prensa de la oficina de Guaidó, refirió que en el acuerdo para la consulta, se definieron unos «principios básicos» con los que debe cumplir el Comité, «atendiendo la especial circunstancia que vive el país», a saber:

1- La consulta debe proteger la seguridad de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la participación.

2- La consulta podrá celebrarse en uno o varios días sucesivos de acuerdo a las circunstancias de servicios, razones técnicas y seguridad que así lo ameriten.

3- La consulta debe permitir la participación de todos los venezolanos aptos para votar en cualquier parte del mundo.

4- La consulta podrá utilizar como plataforma para el ejercicio del derecho a la participación todos los medios disponibles, permitiendo la participación mediante plataformas mixtas: electrónica, correo convencional, presencial, itinerante y cualquier otro mecanismo que la tecnología permita.

5- Todos estos mecanismos deben cumplir los extremos para que el voto sea personal, único, exclusivo, confiable, secreto, universal y directo».

En semejanza con lo analizado sobre las «funciones» y dejando de lado la ilegalidad de la «consulta popular» que pretende ejecutar Juan Guaidó,  estos «principios» rectores no dan cuenta de un proceso ni confiable, transparente, ni auditable, sin contar con que tampoco «tendrá carácter vinculante en el país», como destaca EFE.

Antes bien, como  ya han denunciado tanto dirigentes del Gobierno como del ala no extremista de la oposición, esta «consulta popular» luce como una maniobra orientada a garantizarle a Guaidó la permanencia en su curul más allá del 5 de enero de 2021.

«El acuerdo legislativo también exhorta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y a toda la comunidad internacional, a continuar respaldando la AN que preside Guaidó y que por mandato constitucional debe cesar el 5 de enero de 2021», apunta en ese sentido la agencia española.

Desde inicios del presente año, el diputado extremista, que se autoproclamó presidente interino en enero de 2019, se ha negado a participar en unas elecciones parlamentarias con diversas excusas.

Primero dijo que imperaba renovar las autoridades del CNE porque el ente comicial no era confiable y después de que a finales de marzo la administración Trump indicara que era necesario «establecer un gobierno de transición y unidad nacional» del cual estarían excluidos el presidente Nicolás Maduro y el propio Guaidó.

Ignorando el hecho que su participación no sería requerida, el todavía parlamentario se ciñó al guión de Washington y repite desde entonces que debe instalarse un gobierno «de transición y unidad nacional», figura no prevista en la legislación venezolana y que ahora trata de legitimar promoviendo un boicot a las elecciones del 6 de diciembre y la arriba detallada «consulta popular».

(LaIguana.TV)

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