El Grupo de Lima, paraorganismo multilateral surgido en 2017 a instancias de Estados Unidos para cercar internacionalmente a Venezuela y afianzar los procesos de desintegración en la región, fue el tema en torno al cual disertó el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 183 de su programa Desde Donde Sea. 

En su exposición, Pérez Pirela caracterizó a este ente a partir de la descripción de su origen, sus integrantes y sus objetivos, enlazándolos con las agresiones que ha sufrido nuestro país a instancias de esa parainstitución. 

La huida hacia adelante de Argentina: Solá y sus contradicciones

El experto venezolano es de la opinión que detrás de la votación sobre el tema de las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, está el llamado Grupo de Lima. Por ello, el voto de Argentina no puede leerse ignorando que deriva de esa postura. 

Tras su proceder en Ginebra, el Gobierno de Alberto Fernández enfrentó una oleada de críticas y cuestionamientos que obligaron a su canciller, Felipe Solá, a ofrecer explicaciones y aclaratorias que, sin embargo, pese a la retórica empleada por el funcionario, no son indicio de deslinde de las acciones de los de Lima, sino de su adhesión. 

A este respecto, el analista comentó que su reacción era una suerte de «huida hacia adelante» del Gobierno de Fernández, arrinconado por los efectos de la crisis económica heredada de Macri y también por los cuestionamientos internos que se sucedieron a su decisión. 

«Se nos acusa de votar con el Grupo de Lima. Durante todo nuestro Gobierno, desistimos de votar las decisiones del Grupo de Lima. Apoyamos el informe Bachelet y es el único que apoyamos y que nos parece serio», dijo Solá y añadió que su Gobierno siempre ha insistido en que la crisis venezolana no se resuelve «con bloqueos ni con sanciones ni amenazas, ni tampoco con evadir las elecciones». «Los problemas de Venezuela se arreglan con elecciones y con acuerdos», precisó, en palabras citadas por el comunicador. 

Para justificar su voto, adujo que se trataba de un asunto de «coherencia» y arguyó que «Argentina seguirá sosteniendo la no injerencia en temas políticos internos de otros países, pero los derechos humanos no son un tema de cada país. Es un tema global, es un problema de conciencia general».

Empero, para el también director de LaIguana.TV el haber votado la resolución que promovieron personajes como Duque, Bolsonaro o Piñera, es prueba de lo opuesto,  la antípoda de lo que proclama, puesto que una actuación coherente habría implicado votar a favor de Venezuela, solidaria con las causas del pueblo argentino; y retribuir la confianza que el peronismo le dio al Gobierno de Alberto Fernández. 

Adicionalmente, de sus declaraciones se desprende que admite que en Venezuela existe una política de Estado que promueve y ampara las violaciones contra los Derechos Humanos, mientras se guarda silencio frente a los desmanes que ocurren en países vecinos como Colombia. 

La agencia EFE reseñó que Solá «minimizó las discrepancias que el incidente suscitó en el gobierno, aduciendo que se trataba de ‘peleas menores’, que no se enfocaban en las prioridades del Ejecutivo: hacer frente a la crisis económica y social de su país».

Miguel Ángel Pérez Pirela señaló que el diplomático llama «peleas menores» a las críticas que recibió de partidos aliados y de embajadoras en países no soslayables, como Rusia, y para defender lo indefendible, dice que su Gobierno está centrado en la crisis económica de su país, heredada de su antecesor.

No obstante, a su parecer, Alberto Fernández yerra si piensa que podrá superar esa crisis, arrodillándose ante Washington.

Sobre la renuncia de Alicia Castro, futura embajadora en Rusia y exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, Solá dijo: «Hay gente que se mira demasiado a sí misma, y que no puede salir de su círculo» e indicó que «esa no es la gente con la que Argentina saldrá adelante». 

«Me imagino que la gente con la que saldrá adelante Argentina es la que agrede a Venezuela y la que le mete el dedo en la llaga cuando más sancionada está», ironizó el experto. 

El Grupo de Lima, enemigo jurado de Venezuela

La agrupación es «una colección de presidentes y expresidentes» derechistas de la región, incursos en actos de corrupción y en violaciones a los derechos humanos que, además, es enemigo jurado de Venezuela desde allí se aúpan y sostienen las sanciones contra el pueblo venezolano.

La organización también ha jugado un papel relevante en la promoción de la falsa especie que el bloqueo en contra de la República Bolivariana de Venezuela no es tal, sino que se trata de sanciones contra funcionarios, con lo que despojan a las sanciones de su sentido real: asfixiar y ahogar al pueblo venezolano a través de acciones concretas que impiden que la población acceda, incluso, a mercancías esenciales, como alimentos, medicinas y combustible. 

El experto estima que «el meollo del ataque contra Venezuela» está fundamentado en el Grupo de Lima, instrumento que los Estados Unidos escogió para ultrajar diplomáticamente a Venezuela, bajo la forma de una «instancia multilateral» nacida el 8 de agosto de 2017 tras la Declaración de Lima, pero que no es más que «un tinglado de expresidentes y presidentes derechistas» sujetos a Washington, que se aliaron para desestabilizar a Venezuela.

Este dato permite concluir que pese al proyecto injerencista contra Venezuela que creó e instrumentalizó el Grupo en apenas tres años, incluso «la moribunda» Organización de Estados Americanos posee más legitimidad y solo a consecuencia de una operación mediática de gran alcance soportada en la repetición incesante de las «declaraciones» y «resoluciones del grupo, logró posicionarse en el imaginario latinoamericano como una institución tradicional y «seria», comprometida con la defensa de los Derechos Humanos. 

La sobreestructura lingüística creada para esos fines construyó una narrativa que se apoya en tecnicismos y lenguaje diplomático que, sin embargo, es cubierta para la vaciedad sustantiva y la palabrería hueca.   

En su conformación, relató el analista, se reunieron representantes de 17 países con el objetivo de» dar seguimiento a la crisis de Venezuela» y ofrecer una solución al respecto.

Los objetivos –declarados y reales– del Grupo de Lima

Desde el inicio, el Grupo de Lima hizo énfasis en que sus acciones estarían orientadas a conseguir la «liberación de presos políticos», que es como los entes identificados con la derecha continental suelen denominan a los políticos que fueron apresados por su participación en graves delitos, incluyendo acciones terroristas y de insurgencia contra el Estado venezolano. 

Pese a que declaran su compromiso con esa causa, los políticos presos que invocaban permanentemente fueron liberados el pasado mes de agosto a través de un indulto concedido por el presidente Nicolás Maduro, sin que mediara gestión alguna del Grupo.

Otro de los objetivos, continuó refiriendo Pérez Pirela, es la realización de «elecciones libres», pero después que las autoridades venezolanas informaron que los comicios parlamentarios se realizarían en diciembre de 2020, como prevé la Carta Magna, publicaron la correspondiente declaración en la que se dejaba constancia de su oposición al acto electoral.

El objetivo real, por tanto, no son las «elecciones libres», como proclaman insistentemente desde 2017, sino que les interesaría un proceso controlado por la OEA, que condujo al derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia, con pretextos falsos.

Justamente por ello insistió en que por encima de si gusta o no el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, imperaba darse cuenta que se está construyendo una parainstitucionalidad en el continente bajo el auspicio de los Estados Unidos, con la que se socava la institucionalidad de los Estados cuyos gobiernos no son satélites de Washington. 

El tercer objetivo por el que, formalmente, surgió el Grupo de Lima es proporcionar ayuda humanitaria a Venezuela, pero si alguna duda quedaba acerca de la falta de sinceridad tras esta declaración pública, basta con recordar qué la ha dado esta parainstitución a Venezuela durante la pandemia. 

La respuesta, indicó, es simple: nada, puesto que las ayudas humanitarias que ha recibido el país han provenido de China, Rusia, Irán, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 

El Grupo intenta, asimismo, justificar su existencia a partir de una presunta ruptura institucional en Venezuela, que se hace invisible e indiscutible si de apoyar el paragobierno de Juan Guaidó y sus intentos de parainstitucionalización del Estado venezolano se trata. 

Entre las intenciones no declaradas del Grupo, destaca su rol el los procesos de desintegración en la región, en el marco de la restauración conservadora adelantada por Estados Unidos y en virtud de la creciente falta de legitimidad de la OEA, el histórico brazo ejecutor de Washington en la materia.   

La Declaración de Lima, con la que se instituyó oficialmente el grupo, fue suscrita por 12 países del continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México (el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se retiró), Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, y fue avalado por Estados Unidos, Barbados, Jamaica y la Unión Europea.

En la práctica, explicó Pérez Pirela, este organismo carente de sostén legal para alcanzar los propósitos que la oposición local no ha conseguido, ha funcionado como ejecutor de las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea con las que pretenden aislar internacionalmente a Venezuela. 

Sin embargo, subrayó que la falta de legalidad de las acciones del Grupo de Lima, no ha sido un impedimento para que se articule «una política exterior peligrosa» que atenta contra la autodeterminación de los pueblos. 

El origen de esa ausencia de soporte legal se encuentra en la razón por la cual surgió el Grupo: la imposibilidad de activar la Carta Interamericana en la OEA, pese al empeño de su Secretario, Luis Almagro, al no poder alcanzar la votación necesaria. Dicho de otro modo, el Grupo de Lima es una suerte de para-OEA, que desde sus inicios se comprometió con las pretensiones de torpedear diplomáticamente a Venezuela.

Así, recordó el comunicador, en 2018 rechazó la convocatoria a elecciones presidenciales y la entonces cancillera del Perú invocó la Declaración de Québec (2001), en la que se establece como principio fundamental el no reconocimiento a gobiernos instaurados por vías antidemocráticas, para impedir que el presidente Nicolás Maduro asistiera a la Cumbre Iberoamericana, que ese año se celebró en suelo inca.

Sin desmerecer en modo alguno los efectos de estas incesantes y cada vez más presionantes acciones, el Grupo de Lima no ha logrado aislar ni excluir a Venezuela del concierto internacional y una buena prueba de ello es que Maduro intervino en la Asamblea General de la ONU reconocido como Jefe de Estado, pese al parapeto mediático que intentó montar Juan Guaidó.

El contenido de la Declaración de Lima

Para Miguel Ángel Pérez Pirela, suscribir declaraciones del Grupo de Lima, implica suscribir un conjunto de planteamientos injerencistas contra Venezuela, razón por la cual estimó necesario analizar detalladamente el contenido de la Declaración que dio origen al organismo parainstitucional. 

En esa suerte de acta fundacional se establece que sus miembros no reconocerán a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ni a sus actos por su «carácter ilegítimo» y en su lugar, respaldarán y se solidarizarán con la Asamblea Nacional «democráticamente electa en 2015». 

En primer término, Pérez Pirela cuestionó que esas naciones se arroguen el derecho de reconocer –o no- las decisiones soberanas del pueblo venezolano y recordó que la ANC fue la alternativa que planteó el Ejecutivo para frenar meses de violencia terrorista ejercida por grupos de extrema derecha durante las denominadas guarimbas, a través de una discusión sobre los fundamentos mismos del Estado. 

Seguidamente, cuestionó la falta de sinceridad tras la atribución que se hace a la Asamblea Nacional «democráticamente electa» en 2015 con el mismo Consejo Nacional Electoral que organizó la elección constituyente dos años después, paradójicamente tildada de «ilegítima». «Pareciera que el CNE funciona nada más cuando gana la derecha», añadió. 

En el referido documento se establece la obligación de apoyar y solidarizarse con la exfiscal general Luisa Ortega Díaz y «con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela», al tiempo que se exige la aplicación de las medidas cautelares emitidas por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, la misma instancia que avala golpes de Estado en la región, como el perpetrado contra Evo Morales.

En la misma tónica de hipocresía, explicó el analista, en la declaración se condena la violación a los derechos fundamentales de la ciudadanía y en realidad la lista que ofrecen se corresponden con las acciones que ejecutó la ultraderecha venezolana a la que el Grupo de Lima respalda sin reservas durante las guarimbas. 

Para rematar, plantea la «seria preocupación» de los países firmantes» por la «crisis humanitaria» que atraviesa Venezuela y condena al Gobierno del presidente Nicolás Maduro «por impedir que ingresen alimentos y medicinas», cuando lo que realmente acontece es que la crisis por la que dicen estar indignados, es consecuencia de las sanciones que aúpan y no de un imposible autosaboteo del Gobierno Bolivariano. 

Además, se insiste en la necesidad de aplicar la Carta Interamericana –excusa leguleya para justificar una la invasión–, garantizaron, por medio de la aplicación de instrumentos ilegales, la exclusión de Venezuela del Mercosur y acordaron no apoyar ninguna candidatura del país en organismos multilaterales. Con esto no atacan a un gobierno, sino al Estado venezolano. 

Tras la incorporación de Iván Duque al grupo, «el lenguaje se endureció» y se comenzaron a utilizar términos como «usurpación» y «dictadura» para referirse al Gobierno del presidente Maduro, indicó el comunicador venezolano.

El Grupo de Lima, además de estar respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con otro aliado parainstitucional para concretar ataques diplomáticos en contra de Venezuela, el Grupo Internacional de Contacto, del que forman parte Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. 

El prontuario de los representantes del Grupo de Lima

El porcentaje promedio de aceptación los presidentes de los países que conforman el Grupo de Lima es 16,46, refirió Pérez Pirela, mas pese a ello, pretenden dar lecciones de legitimidad y democracia a Venezuela, sobre la base de un «paradigma peligroso de relaciones exteriores», que se basa «en el abandono del principio de autodeterminación de los pueblos».

Amén de la evidente impopularidad de esos gobernantes, todavía más resaltante resulta que prácticamente todos enfrentan problemas judiciales en sus países por delitos que van desde actos de corrupción hasta vínculos con el narcotráfico. 

Por ejemplo, mencionó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es investigado por recibir un millón de dólares para su campaña electoral, cortesía de Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo» Guzmán, acaso el más sanguinario narcotraficante de las últimas dos décadas. 

Además, mientras alzaba su dedo para señalar a Venezuela, Hernández contemplaba indiferente cómo varios miles de hondureños se unían a una caravana de migrantes provenientes de Guatemala y El Salvador –que tienen gobiernos teledirigidos desde Washington–, cuyo destino era Estados Unidos. 

Por Argentina suscribió Mauricio Macri, quien no solamente abandonó el poder primero que Maduro, sino que dejó a la Argentina endeudada con el Fondo Monetario Internacional e incumplió su principal oferta de campaña: disminuir la inflación.

El representante de Brasil en los de Lima es Jair Bolsonaro, cuya actuación irresponsable frente a la pandemia, hizo que su país se convirtiera en uno de los epicentros mundiales, dejando a su paso una crisis sanitaria que no pocos han calificado como genocidio. 

Por Colombia, país que desde 2017 es la «voz cantante» del Grupo de Lima, está Iván Duque, quien tiene en curso una investigación por compra de votos con dinero proveniente del narcotráfico. 

Su gobierno ha estado salpicado de escándalos. Su embajador en Uruguay se vio forzado a dimitir después que las autoridades hallaron un laboratorio para producir cocaína en una hacienda de su propiedad y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está en prisión domiciliaria por comprar testigos en un caso que trató de promover en contra del senador Iván Cepeda Castro. 

Duque permite masacres y el asesinato de líderes sociales, no ofrece garantías ni ante la pandemia ni pone freno al creciente control territorial que exhiben grupos paramilitares en zonas rurales del país y además enfrenta protestas sostenidas contra la violencia policial. 

En Perú, que es el país del mundo con mayor número de fallecidos per cápita a causa de la COVID-19, su presidente, Martín Vizcarra, no fue electo por el pueblo, sino que arribó a la primera magistratura con poco apoyo político del Congreso –tras lo cual decidió disolverlo–, en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, quien se vio obligado a renunciar por un escándalo de lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht y por el cual la justicia peruana le dictó una sentencia de 36 meses de prisión preventiva. 

«Esta es la selección, el ‘dream team’ que conforma el Grupo de Lima que llevó a la ONU la resolución contra Venezuela que apoyó el Gobierno de Alberto Fernández», concluyó el experto. 

Libro del día

De José Romero Losaco: «Las caricaturas de Rayma durante el paro sabotaje-petrolero 2002-2003: una mirada antropológica», publicado por El Perro y La Rana.

(LaIguana.TV)

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