Este sábado 10 de octubre, José Ignacio Hernández, quien renunció en enero de este año al cargo de “Procurador especial” del gobierno ficticio de Juan Guaidó, cuestionó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, presentada por el presidente Nicolás Maduro y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Hernández, quien forma parte de un grupo élite perteneciente al lobby de Ricardo Hausmann, expresó en su usuario de Twitter que el mandatario nacional “no necesita la publicación de la ‘ley antibloqueo’ en Gaceta Oficial para violar la Constitución”.
Este abogado, a quien el Ministerio Público le siguió una investigación por “traición a la patria”, debido a su participación en el robo de Citgo, sostuvo que el jefe de Estado con la Ley Antibloqueo “lo que hace es resumir su política de la cleptocracia de ceder activos y hacer negocios sin control. Caso Bonos 2020 y Rosneft”.
Prontuario de Hernández en trama de corrupción
Hernández se inició como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Conformó el bufete Grau, García Hernández & Mónaco, el cual defendió a Empresas Polar cuando el Gobierno venezolano señaló a la compañía de forjar documentos para gestionar divisas preferenciales y pagar sus importaciones.
El abogado ha sido vinculado a varios hechos y tramas de corrupción. En este sentido, el portal La Tabla reveló bajo datos de un periodista estadounidense que este aliado de Guaidó recibía 350 dólares por hora para proporcionar un testimonio experto que invalidara la demanda que hacía PDVSA a estafadores que robaron a Venezuela en 2004.
“Un dato muy llamativo revelado por un periodista estadounidense sobre ‘cooperación’ del ‘exprocurador’ con brokers que defraudaron a PDVSA, es que un gerente de la VP Comercio y Suministro recibió pagos de Helsinge por 430 mil dólares en solo 4 meses en 2004”, escribió La Tabla.
Según el portal de investigación, Hernández también fue relacionado en esta demanda por su “colaboración” con Rene Hecker Puterman, quien en 4 meses despojó a PDVSA 450.000 dólares.
Este modus operandi se repite en las demandas que Venezuela emitió en tribunales estadounidenses sobre los casos Helsinge, Crystallex y Owens Illinois en los que está enlazado el exfuncionario de Guaidó.
(LaIguana.TV)
Maduro no necesita la publicación de la “ley anti-bloqueó” en Gaceta Oficial para violar la Constitución. Esa “ley”, en realidad, resume la política de la cleptocracia de Maduro de ceder activos y hacer negocios sin control. Caso Bonos 2020 y Rosneft.
— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) October 10, 2020
