El parlamentario Juan Guaidó anunció este viernes la instalación de un «Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República«, instancia parainstitucional con la que, aduce, defenderá los activos de Venezuela en el extranjero.

Enrique Sánchez Falcón, pseudoprocurador del Proyecto Guaidó, indicó que el recién creado paraorganismo «es una instancia de extraordinaria importancia», para «la defensa, protección y recuperación de activos de Venezuela en el extranjero«, según se indica en un comunicado difundido por la oficina de prensa de Guaidó.

La respuesta del diputado extremista es una reacción a la aprobación de la Ley Antibloqueo promovida por el Ejecutivo Nacional el pasado 8 de octubre.

El instrumento legal persigue, entre otros objetivos, la reactivación económica del país, gravemente afectado por una combinación entre la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos de Venezuela, y los efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos desde 2016.

Un primer paso en esta dirección es la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva, anunciada por el presidente Nicolás Maduro la tarde de este viernes, que estará subordinado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y tendrá como propósito atraer la inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico y el comercio exterior, al tiempo que se eluden las sanciones.

A través de distintos voceros, el Gobierno Bolivariano ha argumentado que la Ley Antibloqueo es indispensable para atender las demandas más urgentes de la población, seriamente violentadas por las sanciones, incluyendo la revalorización del salario.

«Esta Ley es un instrumento que apoya al presidente con poderes especiales, en varios sentidos. En primer lugar porque enfrenta las medidas coercitivas unilaterales, con un carácter extraordinario, frente a una situación extraordinaria como es este conflicto multiforme. En segundo lugar, está orientada fundamentalmente a recuperar el bienestar colectivo del pueblo de Venezuela«, explicó Hermann Escarrá, experto constitucionalista que dirigió la revisión de la propuesta presentada por Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Adicionalmente, se prevé que esta nueva norma jurídica permita la protección de los activos del Estado venezolano dentro y fuera del territorio nacional.

Solamente a partir de esta consideración puede entenderse el porqué de la respuesta apresurada de Juan Guaidó, que en contubernio con gobiernos hostiles a Venezuela, como los de Estados Unidos, Colombia o Inglaterra, se ha apropiado de recursos públicos por el orden de los 116 mil millones de dólares, según información divulgada por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en febrero, en lo que ha sido «el más gigantesco caso de corrupción» en toda la historia venezolana.

(LaIguana.TV)