En conversación con el periodista Clodovaldo Hernández para su espacio Cara a Cara, la abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho explicó que la Responsabilidad para Proteger, herramienta jurídica con la que el Proyecto Guaidó pretende concretar una invasión «humanitaria» a Venezuela, resulta de una ruta construida a partir de «varios consensos» en distintos niveles e instancias de los organismos multilaterales.

Para comprender cuál ha sido el camino a partir del cual intenta invocarse este recurso excepcional, consistente en la ruptura del Derecho «para restituir los derechos» de la población en el marco de una crisis humanitaria, Bracho precisó que es necesario remontarse a 2018, cuando el tono en los organismos internacionales comenzó a subir, producto de la narrativa elaborada en torno a una crisis de refugiados venezolanos que generaba problemas para los países receptores, sustentada con informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y cuyo producto más acabado fue la construcción de la noción Venezuela-Crisis en el imaginario.

«Una crisis humanitaria es el resultado de o una violación sistemática de los Derechos Humanos, de una catástrofe o de una guerra», puntualizó la constitucionalista y ello fue el argumento al que se apeló en 2019 para presentar el «tema Venezuela» en distintos entes del concierto internacional hasta arribar al Consejo de Seguridad, instancia necesaria para aplicar lo contemplado en el capítulo IV de su Carta.

Este esfuerzo, empero, ha fracasado «por la lógica del veto que tiene el sistema de Naciones Unidas, pero ya empieza a construirse la idea de que el sistema de las Naciones Unidas, precisamente por los aliados venezolanos, no es la vía idónea. Entonces, se busca abrir esa puerta que es la Responsabilidad para Proteger, que dice: ‘bueno, si el sistema no me contesta, yo debo usar la soberanía de los países que señalan para intervenir en ese otro país señalado'», explicó.

En 2020, continuó relatando la experta, se han sucedido dos procesos en simultáneo: el de los llamados «informes Bachelet» y el de los informes elaborados por los así denominados «expertos independientes».

En el primer caso, recordó que el Consejo de Derechos Humanos le ordenó a la Alta Comisionada visitar el país e investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas por la oposición extremista, mandato que acogió. Desde entonces, Bachelet ha realizado actualizaciones periódicas a su informe original.

De su lado, los informes de los «expertos independientes» son un complemento de lo anterior y en conjunto, representan «el marco» con el cual se avanza en la implementación de la Responsabilidad para Proteger, como ocurrió en el caso de Libia.

Entonces, el recorrido comenzó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se remitieron informes a la Corte Penal Internacional, que tras admitirlos, emitió una orden de aprehensión contra Muammar al-Gaddafi y paralelamente, se activó la Responsabilidad para Proteger –una «invasión humanitaria»–, que no se tradujo en la mejora de los derechos humanos ni en un proceso de reconstrucción, sino en «la mayor crisis de derechos humanos de la región africana», producto de las prácticas esclavistas que tienen lugar en esa nación en el presente.

«¿Por qué los informes son importantes? Los informes son importantes porque son las vías de legitimación de la actuación, son las vías que se utilizan como medios probatorios oficiales, neutrales, de terceros, que van a decir que la situación es tan grave, que debe romperse el Derecho para restituir los derechos, que era eso que veíamos: salvar de la asfixia estrangulando, como base de esta doctrina», insistió Ana Cristina Bracho.

(LaIguana.TV)