En la más reciente emisión del programa de entrevistas Cara a Cara, la abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho explicó cuál es el estatus de Venezuela en comparación con el de otros países en los que se violan los derechos humanos. Esto en el marco de la posible aplicación contra nuestra nación de la denominada Responsabilidad para Proteger (R2P), actualmente promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Si nosotros nos preguntamos quién es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, nosotros nos vamos a encontrar un problema. El problema es que los derechos humanos tienen un núcleo duro que se defiende porque todos los países están obligados a defenderlos”, indicó Bracho.
La abogada señaló que todos los países están obligados a defenderlos, en función de los tratados que ratificaron. “Cuando nosotros vemos quiénes ratifican tratados, los ratifican sobre todo países del sur, porque nosotros somos países jóvenes a los que nos condicionan la ayuda internacional, los préstamos, la inclusión en los espacios de desarrollo, a cambio de estas firmas”, dijo.
“Así, de entrada, el sur siempre va a violar más derechos humanos que el norte, porque el norte firma menos tratados. Entonces tiene menos espacio”, acotó. Precisó que la Responsabilidad para Proteger, al nacer como un proceso de opinión pública, hace que la vista de la ciudadanía se vuelque hacia el país donde supuestamente se violan los derechos humanos.
“En el 2020 se vive la crisis migratoria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Una crisis migratoria que está caracterizada porque la población migrante es recibida en el Mediterráneo y en los Estados Unidos en condiciones genocidas, casi. Vemos todo esto de la esterilización forzada moviéndose, toda esta situación de la pandemia. El mundo en cuestión de derechos humanos está mal”, recalcó.
“En Colombia tenemos una situación bastante paradójica. Colombia tiene abierta una evaluación, un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional desde el 2005, fundamentalmente relacionada con el tema de los falsos positivos y de Uribe. Un fracasado proceso de paz que nos lleva a una práctica permanente de masacres de pueblos enteros, de poblaciones. Pero el mapa no está allí”, puntualizó la jurista.
Para Bracho, la R2P tiene su atención fijada en Venezuela justamente por ser un país petrolero. Por esto las violaciones a los derechos humanos en el vecino país quedan impunes y no son sometidas a este tipo de mecanismos.
La abogada citó, en este sentido, otro ejemplo de violación de derechos humanos. El mismo tiene que ver con la masacre de los estudiantes normalistas de México. “Es un buen ejemplo de un caso que conmovió masivamente a la opinión pública mundial. Pero la situación de México no es vista desde la Responsabilidad para Proteger, es vista desde la responsabilidad del Estado”, comentó.
“La soberanía, el respeto y la legalidad de México son respetadas”, recalcó. En Venezuela, por el contrario, se trata de un asunto relacionado con el ámbito geopolítico y estratégico.
Bracho aseveró que la oposición ha venido construyendo el escenario para la aplicación de este mecanismo, desde el año 2018. Para ello ha cumplido con los siguientes pasos:
1- El denunciar a Venezuela como un país violador de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
2- La matriz de opinión referente a la supuesta crisis migratoria, producida a su vez por la presunta crisis humanitaria que se vive en el país.
“Tomamos la prensa y en Colombia hay problemas, hay masacres. Sin embargo en Venezuela hay crisis humanitaria. La crisis humanitaria es otro concepto. Es un concepto de situación que hay que detener, cueste lo que cueste e incluso si el pueblo no piensa que existe y no quiere cambiarla”, concluyó.
(LaIguana.TV)
