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El Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, resultado del diálogo entre el Gobierno y la oposición, plantea la supresión del bloqueo económico, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela.

 

Este documento —firmado por el Gobierno y no por la oposición— fue planteado por ambas partes en reuniones de diálogo que se llevan a cabo desde hace dos años, tanto en Caracas como en República Dominicana.

 

En el punto cuatro del acuerdo, titulado La Situación Económica y Social, se establece que tanto el Gobierno como la oposición están en la disposición de conformar una comisión que analicen y aborden la situación económica del país, producto de una guerra no convencional perpetrada por la derecha y ejes imperiales.

 

Esta comisión – que debería ser conformada en un lapso de siete días después de la firma –, además, «propondrá medidas para promover el acceso de bienes y servicios a la Población, a través de las diversas vías existentes, como supresión de bloqueos financieros, obtención de líneas de financiamiento ante los diversos organismos y entidades internacionales o países dispuestos a cooperar, y en general, cualquier otra vía que pueda contribuir a tal fin», refiere el acuerdo.

 

De igual forma, en el texto ambas partes proponen crear una comisión bilateral, que arrancará 48 horas después de la firma del acuerdo, que se encargue de revisar y suprimir «las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano». Asimismo, la comisión realizará » las oportunas gestiones en la comunidad internacional» para lograr los objetivos planteados. 

 

En el texto, además, las partes se comprometen a la defensa de los derechos de Venezuela sobre la controversia sobre el Esequibo.

 

En cuanto a materia electoral, la delegación del Gobierno Nacional — liderada por Jorge Rodríguez —  y los representantes de la oposición — encabezada por Julio Borges — plantearon fijar los comicios presidenciales para el 22 de abril del presente año, con garantías electorales amplias.

 

De igual forma, las partes acordaron proponer la creación de una delegación de acompañamiento y observación electoral de la ONU, así como una representación de países acompañantes. También acordaron el restablecimiento de los centros electorales que fueron reubicados, tras los hechos violentos ocurridos en 2017.

 

«Las partes se comprometen a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos», refiere el texto.

 

En las conversaciones Gobierno y oposición plantean el reconocimiento de la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional Constituyente, y la creación de una comisión política «para la coexistencia institucional». 

 

En referencia a la Comisión de la Verdad, se acordó la incorporación de tres representantes de la oposición y un representante de una organización no gubernamental (ONG), propuesta por dicho sector. 

 

Asimismo, se acordó la creación de una comisión de seguimiento, integrada por representantes del Gobierno y de la Oposición, así como cancilleres de los países acompañantes de este proceso de diálogo; con el fin de «de impulsar, efectuar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos» entre las partes. 

 

(AVN)