El contexto económico, político y social boliviano, así como los posibles escenarios previstos tras las elecciones generales (presidenciales y legislativas) que tendrán lugar en esa nación andina el venidero domingo 18 de octubre, fue el tema en torno al cual disertó el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 188 de su programa Desde Donde Sea.
El experto puntualizó que estas elecciones se realizarán en el marco de un gobierno de facto y existe la posibilidad, según un intelectual boliviano cuyo nombre mantuvo en reserva, que si el Movimiento Al Socialismo (MAS, partido del depuesto presidente Evo Morales) se impone a Carlos Mesa, su principal rival, con una ventaja inferior a los diez puntos a sus rivales, se produzca un nuevo golpe de Estado.
Por esa razón, explicó, el MAS concentra sus esfuerzos en garantizar una diferencia de votos lo suficientemente contundente como para que su candidato presidencial, Luis Arce, gane en la primera vuelta.
Pérez Pirela cuestionó, asimismo, que el gobierno de facto de Jeanine Áñez reconozca los resultados de un proceso electoral en el que quienes fueron víctimas de un golpe de Estado vencerían, amén de poner bajo sospecha que el Gobierno estadounidense, a pocos días de enfrentar su propia contienda, acepte el resultado si el MAS vence, como indican todos los sondeos.
La radiografía de Bolivia antes de las elecciones generales
Haciendo referencia a un artículo publicado en el portal de la multiestatal teleSUR, titulado «¿Cómo llega Bolivia a sus elecciones generales?», el también director de LaIguana.TV detalló que, en términos económicos, los 14 años de desarrollo económico alcanzados durante el Gobierno del MAS fueron destruidos en poco menos de un año por el gobierno de facto a través de acciones como despidos masivos de trabajadores, cierre o reducción de empresas, persecución de disidencias, amén de una pésima gestión de la pandemia.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), ubicado en La Paz, tras el arribo de los golpistas, el desempleo urbano se incrementó en 5,2%, alcanzando el 9,4% y el 80% de la población económicamente activa tiene empleos informales.
El Banco Mundial prevé una recesión de la economía boliviana equivalente al 5,9% de su Producto Interno Bruto (PIB), solo comparable con la que vivió el país en la década de 1980, cuando hubo de hacer frente a una devaluación e hiperinflación sin precedentes, si bien en aquel momento la caída del PIB no alcanzó nunca el 4%.
Este desolador panorama, consolidado en poco menos de un año, hace ver como remoto el tiempo en la que Bolivia, gobernada por Evo Morales, era, junto con el Uruguay del Frente Amplio, la mejor economía de toda la región, reflexionó el analista venezolano.
Empero, el golpe de Estado contra Morales demostró que cuando la izquierda gobierna, una excelente gestión económica, como la que indubitablemente pudo exhibir Bolivia entre 2006 y 2018, no funciona como muro de contención, porque de igual modo las derechas local y continental buscarán cualquier excusa para derrocar a mandatarios populares.
El Fondo Monetario Internacional prevé que al cierre de 2020, el desempleo alcance el 8% y el 62% de la población en edad y condición de trabajar labore en el sector informal.
Sumando a este relato, la firma estadounidense Torino Economics proyecta una contracción de las inversiones en el orden del 6,3%, debido, por una parte, al impacto de la pandemia en sectores estratégicos como gas, petróleo, minerales, comercio y servicios, y por otra, a una caída en la recaudación fiscal.
En marzo, cuando apenas la pandemia iniciaba, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba advertía que el 80% de unas 5.000 empresas registradas estaba en crisis.
Estos datos contrastan con los indicadores que mostró el país entre 2010 y 2018, cuando la economía creció, en promedio, más de 4% cada año, alcanzando incluso un crecimiento récord de 6,7% en 2016, lo que en su día fue catalogado como un milagro económico, que fue cortado de tajo por el gobierno de facto de Áñez.
Desde el punto de vista político, las actuaciones del gobierno golpista acentuaron la conflictividad y garantizaron, de hecho, la destrucción de lo construido durante los años masistas, al punto tal que en junio se decretó el cierre de la cartera de Culturas, aduciendo falta de presupuesto.
Desde el inicio, el gobierno de facto ha ejecutado violaciones masivas a los derechos humanos, frente a las cuales el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) guardan sepulcral silencio.
Debe recordarse, además, insistió Miguel Ángel Pérez Pirela, que la OEA fue la causa eficiente de las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fuerzas del orden asesinaron a 35 personas e hirieron, detuvieron o desaparecieron a unas 600 más.
Estos graves hechos son muestra, por una parte, de la persecución política que emprendió el gobierno encabezado por Jeanine Áñez en contra de militantes del MAS y simpatizantes de Morales, y por otra, de que las elecciones tendrán lugar con presos políticos, desaparecidos y torturados.
El gobierno de facto presiona a fiscales y a jueces para que procese a opositores políticos, a tal punto que ya se han abierto unas 150 investigaciones por sedición y terrorismo a militantes del MAS.
La crisis económica generada por los desaciertos de Áñez y su grupo, agudizada, además, por la pandemia, hizo que, a pesar de los riesgos, los trabajadores se volcaran a las calles a exigir respuestas y desde julio, la izquierda y los movimientos sociales manifestaron para exigir la realización de las elecciones, que el gobierno de facto postergó en dos oportunidades, usando como excusa la situación sanitaria.
Gracias a la presión popular, continuó relatando Pérez Pirela, el 13 de agosto, tras un acuerdo entre Áñez, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) –dirigido por un partidario de los golpistas–, se aprobó la Ley de Elecciones Definitivas, Impostergables e Inamovibles, a condición que se levantaran 150 puntos de bloqueo dispersos por toda la geografía boliviana. Se trató del «momento de mayor debilidad del gobierno de facto», al punto tal que Áñez solicitó asilo político, creyendo que sería depuesta o forzada a dimitir.
De su lado, el MAS, aunque lidera en todas las encuestas y sondeos, denuncia que el proceso electoral del próximo domingo 18 de octubre estará signado por la ausencia de garantías electorales y advierte que podría producirse otro golpe de Estado.
Las reacciones internacionales al caso boliviano
En agosto, tras definirse la fecha de los comicios, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que «Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos».
Miguel Ángel Pérez Pirela tildó esta declaración de «vergonzosa» e indicó que cada vez que hay un gobierno de izquierda, revolucionario, aún teniendo una intachable gestión, como ocurrió en el caso de la Bolivia de Evo Morales, «siempre se habla polarización», término que se utiliza para ocultar que existe una derecha extremista capaz de asesinar a sus adversarios y usar todo medio disponible para hacer recaer la culpa sobre los gobiernos de corte popular.
Así, prosiguió, las instancias multilaterales insisten en la necesidad de fundar «una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos».
«¿A quién hay que integrar? ¿A quién hay que reconocer? ¿A los golpistas que desprecian a los indígenas? ¿A los que llevan la Biblia al Palacio de Gobierno, mientras sus partidarios matan indígenas en las calles?», cuestionó.
De un tenor similar son las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que aseguró que era necesario que en Bolivia hubiera «un gobierno legítimo» y no uno «de transición» –eufemismo con el que se refieren al gobierno de facto»–, puesto que, en este último caso, no sería posible mantener las políticas que se implementen.
Por su parte, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) advirtió en un comunicado que es preocupante «la renovada presencia de una Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que no puede ser considerado un actor técnico e imparcial en este proceso electoral», «más aún, después de lo sucedido en octubre del 2019 y del papel desempeñado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue un actor fundamental del resquebrajamiento institucional y democrático en Bolivia».
Para Pérez Pirela, es claro que el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales y su gobierno fue una creación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la organización jugó el rol de fungir como causa eficiente.
Pese a estos antecedentes cuestionables, la OEA acudirá a Bolivia para encabezar otra presunta misión de observación electoral.
El dato parece indicar que la derecha boliviana hará todo cuanto pueda para desconocer los resultados de las elecciones. En el mejor caso, admitirá participar en la segunda vuelta, donde se estima que la diferencia entre Luis Arce, el candidato del MAS y el candidato derechista –probablemente Carlos Mesa– sea estrecha y usando esto como excusa, a semejanza de lo que ya hicieran en octubre de 2019, ejecutarán un golpe de Estado.
La CLAJUD también manifestó preocupación porque «la observación electoral de la OEA, compuesta por un grupo de 40 expertos, será liderada por el Sr. Manuel González, ex ministro de Relaciones exteriores de Costa Rica, es decir por el mismo jefe de misión que encabezó la MOE de la OEA en las elecciones de octubre del año pasado» y solicitó que » la comunidad jurídica y política observe el comportamiento de las instituciones responsables por llevar adelante el proceso electoral del país, que ‘se observen a los observadores’, exigiendo transparencia y legalidad para garantizar la participación política libre y soberana del pueblo boliviano».
Por otra parte, esa instancia advirtió que «las recientes declaraciones de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia», tras haber sido inquiridas sobre «las dudas respecto de la transparencia del proceso electoral», todavía «no han esclarecido suficientemente cómo será realizada la verificación instantánea de las actas a partir de la implementación del nuevo sistema del conteo preliminar (denominado Difusión de Resultados Preliminares, Direpre)» y alertó que «la falta de claridad y los cambios de última hora generan dudas importantes respecto a las obligaciones del proceso frente a las garantías del derecho universal al sufragio».
Un golpe de Estado anunciado
Aún cuando los movimientos sociales y el MAS lograron que el gobierno de facto convocara a unos comicios generales donde se elegirán las autoridades que, en teoría, regirán el destino de Bolivia hasta 2025, Miguel Ángel Pérez Pirela no es optimista al respecto.
En el tramo final de la campaña, el MAS enfiló sus esfuerzos en ampliar el margen a favor de su candidato para «aletargar» al golpismo y mantener presencia en la calle.
Ayer, la organización política realizó su cierre de campaña en El Alto, «el corazón de la lucha indígena y de resistencia al golpe de Estado», donde se concentra el poder más fuerte de Evo Morales y del partido. En el evento, se convocó a una vigilia para que los militantes y simpatizantes defiendan sus votos, en virtud de que, según el procedimiento establecido por el TSE, no se enviarán fotografías que permitan comprobar la veracidad de las actas de escrutinio de cada mesa, sino que se enviará un resultado global de la votación en cada centro electoral, como en su día lo hicieran en Venezuela los gobiernos de la IV República, aplicando el célebremente triste «acta mata voto».
Salvador Romero, presidente del TSE designado por el gobierno de facto y amigo personal del candidato derechista Carlos Mesa, tampoco ofreció garantías acerca de la actuación de la policía y las Fuerzas Armadas en el resguardo de las papeletas electorales, un punto que resulta sospechoso, toda vez que estas instancias tuvieron una participación estelar en el golpe de Estado contra Morales el año pasado.
El MAS también está preocupado porque, además de implementar un sistema opaco, el TSE estableció un conteo preliminar del llamado «voto rápido», con base en el cual se anunciarán los resultados preliminares.
El «voto rápido» se concentra en las áreas urbanas, mientras que el grueso de los votos del partido izquierdista proviene principalmente de regiones rurales y tardará en llegar a los centros de totalización.
Esta disparidad fue creada a propósito por la derecha boliviana para darle verosimilitud al anuncio de una posible victoria de la derecha o, en el peor caso para ellos, de la necesidad de realizar una segunda vuelta, tras lo cual el escenario golpista recobraría fuerza, pues las fuerzas derechistas se unirían contra Luis Arce, candidato del MAS y la ventaja que obtendría sería, sin dudas mucho más estrecha.
Con esto, advirtió Arce, se abre el compás para que la derecha boliviana cante fraude y protagonice otro golpe de Estado, con consecuencias todavía más terribles que aquel con el que derrocaron a Evo Morales.
En el cierre de campaña, el MAS reconoció fallos de su anterior gestión y prometió renovar completamente el gabinete, prescindiendo de figuras que habían formado parte del gobierno de Evo Morales.
En su discurso, David Choquehuanca, compañero de fórmula de Luis Arce y canciller de Morales durante once años, apuntó que «el poder no puede concentrarse en manos de unos cuantos, tiene que fluir y circular y no puede concentrarse en pocas manos y en un pequeño grupo, tiene que haber permanente renovación».
Luis Arce, por su parte, comparó la situación política y social actual con la que hubo de enfrentar el MAS cuando llegó al poder en 2006: «un país quebrado» y «sin recursos», pese a lo cual conquistaron «los mejores indicadores» socioeconómicos de la región, un desafío que, asegura, enfrentarán de nuevo y con éxito.
Las elecciones reeditan el escenario de octubre de 2019
Para finalizar, Pérez Pirela citó algunos fragmentos del artículo intitulado: «En Bolivia las elecciones reeditan el escenario de violencia de octubre pasado», escrito por la boliviana Verónica Zapata, perteneciente al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CELAG).
En el texto se refiere que la encuestadora Ciesmori reporta que Luis Arce posee una preferencia de voto del 42,2% y le otorga al derechista Carlos Mesan el 33,1%. Este dato, de ser cierto, indicaría que Arce necesitaría apenas 0,9% más de los sufragios para imponerse en la primera vuelta, tras el retiro de la candidatura de Jeanine Áñez.
Sin embargo, Zapata apunta que esa empresa tiene un contrato sin licitación por el orden de un millón de dólares con la estatal petrolera boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y «a cambio, devuelve favores inflando la figura de Carlos Mesa».
En 2019, Ciesmori aseveró que Morales contaba con el 33% del respaldo popular, pero en la realidad, el 47% de los electores le favoreció en la primera vuelta y un escenario similar proyectaron en 2014: dijeron que la intención de voto por el presidente era del 56% y fue respaldado por el 63% de los votantes. Incluso, hace 11 años, la diferencia entre lo proyectado y la realidad también fue de 10 puntos porcentuales (54% versus 64%).
Lo antes expuesto le permite concluir a la autora que, en promedio, la encuestadora le restaba al MAS al menos 10 puntos porcentuales y, por otro lado, que el porcentaje real de apoyo al MAS en la actualidad, es bastante mayor al que anuncia la compañía, si bien, matiza, la fortaleza electoral del partido de Morales se concentra en el voto rural, en el voto de los migrantes –marcadamente inclinado al MAS– y en un porcentaje de indecisos.
Así las cosas, los golpistas, conscientes de su derrota en las urnas, llaman a ejercer el «voto útil». El partido ADN –con apenas 0,8% de las preferencias electorales– salió de la contienda y advirtió sobre «un fraude» del MAS y el candidato derechista Luis Fernando Camacho, que acumula, siguiendo siempre a Ciesmori, el 16,8% estaría siendo presionado para que se retire, para que Arce no pueda imponerse en la primera vuelta.
Zapata alerta que los medios, aliados históricos de la derecha boliviana, arremeten nuevamente contra el movimiento popular y crean un clima idéntico al de octubre de 2019, posicionando en el imaginario que el MAS solamente podría triunfar si cometiera un fraude, algo imposible, si se considera que es el gobierno de facto quien controla la estructura del Estado.
Adicionalmente, la autora refiere que «se encienden las alarmas de la militarización del país con el anunciado toque de queda por seis días» y prevé que la violencia se generalizará, para que las elecciones se pospongan, aduciendo que no hay garantías que permitan llevarlas a cabo, en repetición idéntica de la propuesta que hiciera la Unión Europea en el caso de las elecciones parlamentarias de Venezuela y al margen de lo establecido en la legislación.
Para esto, el gobierno dispone de grupos de choque al que convoca a través de las redes sociales. Públicamente admiten que pretenden suspender los comicios y han fijado como objetivos de sus ataques a los candidatos y dirigentes del MAS, así como a cualquier otro miembro del Estado que les contravenga, para lo cual cuentan, además, con el respaldo del Poder Judicial.
Quienes dicen que no hay que hacer elecciones, aún controlando el aparato institucional desde el gobierno de facto y acusan al MAS de fraude, en realidad están diciendo, en opinión de Pérez Pirela, que el MAS arrasará en las en los comicios, pero ellos no lo van a reflejar en las actas y no aceptarán el resultado.
Las previsiones electorales: Aunque gane el MAS, no hay escenarios positivos en el horizonte
Al cierre del artículo de Verónica Zapata se proyectan tres escenarios, ninguno de los cuales es para nada esperanzador: 1) Necesidad de segunda vuelta, 2) Golpe de Estado, 3) postergación de las elecciones producto de la violencia generalizada promovida por el gobierno de facto.
La única manera de conjurar este funesto futuro que se cierne sobre Bolivia sería que el MAS consiguiera tal avalancha de votos, que se hiciera incontestable su victoria en la primera vuelta, pero no es necesariamente lo que ocurrirá pues aún con el proceso electoral en marcha, discurre paralelamente un golpe de Estado maquillado, que además sentaría las bases para una conflictividad política sin precedentes –en el peor caso, una guerra civil– y para una represión generalizada, todo ello con la bendición de la OEA, finalizó el analista.
Libro del día
«Temas sobre el tapete», Tomo 2. Una compilación de programas radiofónicos realizados por el intelectual venezolano Vladimir Acosta, publicada Monte Ávila Editores que, además, dispone de una versión electrónica gratuita.
(LaIguana.TV)
