Dos exfuncionarias públicas detenidas desde hace casi seis años siguen privadas de libertad pese a haberse emitido una boleta de excarcelación el 17 de diciembre de 2019 y, adicionalmente, haber presentado en los últimos días síntomas sospechosos de COVID-19, denunciaron sus abogados.
Se trata de Gladys Nubia Parada Mendoza y Diannaly Muñoz Blanco, a quienes se les sigue proceso penal ante el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y se encuentran recluidas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con sede en el Helicoide.
La irregularidad de que no se haya cumplido la orden de dejarlas en libertad está dentro de otra mayor, pues Parada y Muñoz se encuentran en detención preventiva desde el 31 de enero de 2015, sin que hasta la presente fecha se les haya celebrado el juicio oral y público, por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio que se le imputó, explicaron sus abogados Antonio Molina y Néstor Quintero.
“Hemos acudido ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los tribunales, la Asamblea Nacional Constituyente y otros entes. Ya no sabemos adónde acudir. Pero ahora todo se agrava porque desde hace días las señoras presentan un cuadro sospechoso de Covid. Están sumamente delicadas de salud”, aseguró Molina, quien alcanzó gran notoriedad por ser uno de los abogados de los Defensores de Puente Llaguno, que logró la condena del excomisario Iván Simonovis y varis jefes policiales.
En un documento que entregaron en junio pasado al despacho del Fiscal General de la República, los juristas señalaron que “incluso para el supuesto, negado por demás, de que el fallo que se dictare en dicho proceso fuese de naturaleza condenatoria, ya tendrían cumplida la eventual pena que allí pudiera imponerse”.
Han transcurrido ya diez meses desde que el Tribunal, atendiendo una solicitud de la Fiscalía, declaró con lugar la petición de revisión de la medida privativa de libertad, concediéndoles en su lugar una medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente la presentación periódica ante la Oficina de Presentaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, una vez cada treinta días, así como la prohibición de salida del país.
Molina y Quintero presentaron pruebas de que las boletas de excarcelación fueron entregadas al Sebin sin que hasta ahora se haya ejecutado la orden de liberar a las dos mujeres.
“Esta situación resulta particularmente grave, pues un órgano del Estado, subordinado al Poder Judicial, independientemente de la connotación política que pueda tener, en modo alguno acate las órdenes que le imparte legítimamente un Tribunal de la República, lo que no sólo pone a dicho órgano policial al margen de la legalidad y de la constitucionalidad, lo cual incluso es constitutivo de delito”, expresa el documento.
(LaIguana.TV)
